Efectos del ajuste en la educación pública argentina: un país que se desarma

El ajuste no es un accidente: es un proyecto

Cuando hablamos de los efectos del ajuste en la educación pública en Argentina no estamos discutiendo un problema técnico ni un desajuste transitorio. Estamos discutiendo una decisión política. El gobierno de Javier Milei asumió con un programa explícito: reducir el déficit fiscal a cualquier costo, licuar el gasto real del Estado y desregular áreas enteras de la vida social. La educación, como toda política pública que no genera renta financiera inmediata, quedó en el centro del recorte.

En los primeros meses de gestión, el Ministerio de Capital Humano —que absorbió las funciones del Ministerio de Educación degradado a Secretaría— dejó de transferir fondos claves a las provincias, discontinuó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), paralizó obras de infraestructura escolar y redujo drásticamente la compra de libros y materiales. No hubo error de cálculo: hubo prioridades. Y la educación pública no estaba entre ellas.

Este artículo se propone ordenar el diagnóstico. No para lamentarse, sino para entender qué se está perdiendo, quiénes lo pierden y cómo se reconstruye. Porque un país sin educación pública robusta es, sencillamente, un país sin futuro común.

La foto del recorte: qué dicen los números

Según datos procesados por el Observatorio de Argentinos por la Educación y por el CIPPEC, el presupuesto educativo nacional ejecutado durante 2024 mostró una caída real cercana al 40% respecto de 2023, medido en pesos constantes. Es el retroceso más pronunciado en más de dos décadas. La partida destinada a universidades nacionales cayó alrededor del 30% en términos reales durante el primer año de gestión, según relevamientos del propio Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El FONID, creado en 1998 para complementar los salarios docentes provinciales, fue directamente eliminado. Esto significó una pérdida promedio de entre el 8% y el 10% del salario de bolsillo de las y los docentes, según jurisdicción. A eso se suma la no convocatoria a paritaria nacional docente durante 2024, en abierta violación a la Ley de Financiamiento Educativo.

Los comedores escolares, las becas Progresar, el Plan Nacional de Lecturas, Conectar Igualdad —cada uno de estos programas sufrió recortes, suspensiones o directamente su cierre. La lógica es la misma: retirar al Estado. El resultado, también: aumentar la desigualdad educativa.

Salarios docentes: la variable de ajuste histórica

Hay un patrón que se repite en cada ciclo neoliberal argentino: los salarios docentes son la primera variable de ajuste. Ocurrió en los 90 con el traspaso de las escuelas nacionales a las provincias sin transferencia proporcional de recursos —lo que Daniel Filmus llamó "descentralización sin financiamiento"—, ocurrió durante el macrismo con la negativa a convocar paritaria nacional, y ocurre hoy con una brutalidad renovada.

En términos concretos, un maestro de grado con diez años de antigüedad perdió, entre diciembre de 2023 y mediados de 2025, cerca de un tercio de su poder adquisitivo. Trabajar en el aula pasó a ser, en muchas provincias, una actividad que requiere doble o triple cargo para llegar a fin de mes. Eso deteriora la calidad de la enseñanza: docentes agotados, con menos tiempo para planificar, para formarse, para atender la diversidad del aula.

El mensaje simbólico también importa. Cuando un gobierno decide que los docentes cobren menos que un empleado de plataforma digital, está diciendo qué tipo de sociedad quiere construir. No es un dato menor que las mismas voces que reclaman "meritocracia" desprecien salarialmente a quienes forman a las próximas generaciones.

Universidades bajo asedio: la marcha que despertó al país

La marcha federal universitaria del 23 de abril de 2024 fue uno de los momentos políticos más significativos del año. Cientos de miles de personas —las estimaciones más conservadoras hablaron de 500.000 solo en Buenos Aires— salieron a defender el sistema universitario público. Fue una respuesta social masiva a un ajuste que amenazaba con dejar sin luz, sin calefacción y sin sueldos a instituciones como la UBA, la UNLP o la UNC.

El gobierno respondió con la retórica habitual: acusó a las universidades de ser "cuevas de adoctrinamiento", pidió auditorías selectivas, insinuó vaciamientos administrativos. Pero los datos son públicos y verificables: las universidades nacionales están auditadas por la AGN, la SIGEN y sus propios órganos internos. El problema nunca fue la transparencia. El problema es que el gobierno no quiere financiar educación superior gratuita.

La Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en 2024 y vetada por el Poder Ejecutivo dejó en evidencia el conflicto. No se trataba de un capricho corporativo: se trataba de garantizar el funcionamiento básico de un sistema que forma al 80% de los profesionales del país y produce buena parte de la investigación científica nacional. Podés leer más sobre esta discusión en nuestra sección de Estado Activo.

Infraestructura escolar: escuelas que se caen a pedazos

Una dimensión menos visible pero igualmente crítica es la infraestructura. El programa nacional de obras escolares, que financiaba construcción, ampliación y reparación de edificios en todo el país, quedó virtualmente paralizado. Miles de obras a lo largo del territorio nacional están frenadas o abandonadas.

Esto significa, en la vida real:

• Escuelas rurales sin baños en condiciones ni conectividad.
• Edificios urbanos con problemas de instalación eléctrica, humedad o riesgo estructural.
• Aulas superpobladas porque las ampliaciones no se terminaron.
• Comunidades que perdieron el jardín de infantes que iba a inaugurarse.
• Provincias que no pueden asumir por sí solas el costo de la obra pública educativa.

El argumento oficial —"que lo hagan las provincias"— ignora que el sistema federal argentino se construyó sobre la base de una corresponsabilidad. Nación redistribuye recursos hacia las jurisdicciones más pobres precisamente porque, sin esa redistribución, la desigualdad territorial se vuelve inmanejable. Retirar a la Nación del financiamiento educativo es condenar a las provincias del norte grande a un rezago estructural.

El impacto en las familias: quién paga el ajuste

El ajuste educativo no lo pagan los funcionarios que lo diseñan. Lo pagan, en primer lugar, las familias trabajadoras. Cuando el Estado deja de proveer libros, se los tienen que comprar. Cuando el comedor escolar reduce raciones, la comida sale del bolsillo familiar. Cuando la beca Progresar se atrasa o se recorta, un pibe deja de estudiar para salir a laburar.

Los datos del INDEC sobre pobreza muestran que en el primer semestre de 2024 la pobreza infantil superó el 60%. Es decir: seis de cada diez chicos y chicas viven en hogares que no cubren la canasta básica. En ese contexto, cualquier retirada del Estado de la escuela pública no es una decisión neutra: es una transferencia de costos hacia los hogares más vulnerables.

La educación pública argentina fue históricamente un mecanismo de movilidad social ascendente. Desde la ley 1420 de 1884 hasta la universidad gratuita del peronismo, pasando por la alfabetización masiva del siglo XX, la escuela fue el gran igualador. Desarmarla es desarmar una de las pocas herramientas efectivas de redistribución que quedan. Este punto lo abordamos también desde la perspectiva de los derechos sociales.

Ciencia, técnica y formación docente: el daño de largo plazo

El ajuste no golpea solo lo visible. Golpea también aquello cuyos efectos se ven a diez o veinte años. El CONICET sufrió una reducción de ingresos a la Carrera del Investigador Científico, becas doctorales congeladas o directamente no otorgadas, y una fuga masiva de científicos jóvenes hacia el exterior. La ministra de facto del área llegó a decir que "si quieren investigar, que se vayan a otro país". Se fueron.

Los institutos de formación docente, columna vertebral del sistema educativo, quedaron sin programas de actualización, sin becas para posgrados, sin recursos para investigación pedagógica. Formar buenos docentes requiere décadas de inversión sostenida; desfinanciarlos toma un año. Esa asimetría es la que hace tan peligroso el ajuste actual.

El INET, responsable de la educación técnica, también vio recortadas sus transferencias hacia las escuelas técnicas provinciales. Y sin embargo, si Argentina aspira a industrializarse, a agregar valor, a competir en sectores como energía, biotecnología o software, necesita más y mejores escuelas técnicas, no menos. La contradicción entre el discurso oficial ("queremos ser potencia") y las medidas concretas ("desfinanciemos la formación técnica") es evidente.

El componente ideológico: por qué odian la escuela pública

Sería un error leer el ajuste solo en clave fiscal. Hay también una dimensión ideológica. El actual gobierno y sus intelectuales orgánicos tienen una hostilidad manifiesta hacia la educación pública. La consideran un espacio de "adoctrinamiento", una "burocracia parasitaria", un "gasto que podría reemplazarse con vouchers".

Detrás de esas etiquetas hay una visión del mundo: la que niega que exista lo público como valor. La que reduce todo a la lógica del mercado. La que cree que la educación es un servicio que cada familia debe comprar según su capacidad de pago. Es la vieja utopía neoliberal, la misma que en Chile produjo una de las mayores rebeliones estudiantiles del siglo XXI cuando esa generación comprendió que su sistema educativo era una gran estafa endeudante.

Defender la educación pública argentina implica, entonces, defender una idea de país: la del país que se piensa como comunidad, no como mercado. La del país en el que un pibe de Formosa puede llegar a ser científico, docente, ingeniero o médico sin que su familia tenga que hipotecarse. Podés seguir esta línea de análisis en nuestra sección sobre soberanía económica.

Qué hacer: agenda mínima para reconstruir

El diagnóstico no alcanza. Hay que discutir salidas. Una agenda mínima para revertir los efectos del ajuste en la educación pública en Argentina debería incluir, al menos, los siguientes puntos:

• Restituir el FONID y actualizarlo por inflación, garantizando piso salarial docente en todo el país.
• Convocar paritaria nacional docente, como manda la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo.
• Reactivar el plan nacional de infraestructura escolar, priorizando las provincias con mayor déficit edilicio.
• Recuperar el 6% del PBI para educación establecido por ley y sistemáticamente incumplido.
• Reforzar programas de becas para sostener la escolaridad secundaria y el ingreso a la universidad.
• Reindustrializar la formación técnica con inversión en equipamiento y vinculación con sectores productivos.
• Repatriar científicos con un programa serio como fue en su momento el RAICES.

Ninguno de estos puntos es utópico. Todos fueron políticas concretas de gestiones anteriores. La pregunta no es si se puede, sino si hay voluntad política. Y la voluntad política, en democracia, se construye. Se construye discutiendo, movilizando, votando y organizando.

El futuro se juega ahora

Cada mes de ajuste sostenido deja marcas que van a durar décadas. Un pibe que abandona la secundaria en 2024 difícilmente vuelva. Un docente que se cambia de rubro rara vez regresa al aula. Un científico que emigra, se queda afuera. Una obra escolar paralizada se degrada y termina costando el doble reconstruirla.

Por eso la discusión sobre educación pública no puede esperar. No es un tema "cultural" ni "sectorial": es un tema económico, social y estratégico de primer orden. Ningún país serio se desarrolló recortando educación. Ninguno. Ni Corea del Sur, ni Alemania, ni Finlandia, ni China. Todos hicieron exactamente lo contrario: invirtieron de manera sostenida y masiva durante décadas.

Argentina tiene una tradición educativa que fue orgullo latinoamericano. Sarmiento, la ley 1420, la reforma universitaria del 18, la universidad gratuita del 49, la alfabetización de los 70, la Ley de Educación Nacional de 2006. Esa tradición está siendo desarmada a martillazos. Recuperarla exige, primero, no naturalizar el desastre. Y segundo, organizarse para revertirlo. La educación pública no se defiende sola: la defienden las comunidades educativas, los sindicatos, las universidades, los movimientos sociales y, sobre todo, la sociedad que entiende que sin ella no hay futuro con justicia social.