Efectos del FMI en la economía argentina: cinco décadas de condicionalidad

Un vínculo que no empezó ayer

La relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional lleva más de sesenta años y atraviesa gobiernos de signos muy distintos. El primer acuerdo se firmó en 1958, durante la presidencia de Arturo Frondizi, y desde entonces el país acumuló más de veinte programas de distinto tipo: stand-by, facilidades extendidas, cartas de intención, revisiones. Cada uno vino con su propio recetario, pero con una música de fondo sorprendentemente parecida: apertura de la cuenta capital, contención del gasto público, devaluación, tarifas alineadas con costos y flexibilización de mercados.

Ese recetario tiene nombre técnico —condicionalidad— y consecuencias muy concretas. Cuando el organismo exige metas fiscales rígidas en medio de una recesión, lo que ajusta es el bolsillo de las mayorías: jubilaciones, salarios estatales, subsidios al transporte, inversión en obra pública, presupuesto universitario. La historia argentina muestra que esos ajustes rara vez producen el crecimiento prometido y, en cambio, dejan secuelas duraderas sobre el entramado productivo.

Entender los efectos del FMI en la economía argentina exige entonces mirar más allá del último desembolso. Requiere reconstruir una serie histórica donde cada crisis de balanza de pagos terminó, tarde o temprano, con un funcionario del Fondo en un hotel de Puerto Madero y con un ministro firmando compromisos que atarían al país por décadas.

La matriz de la deuda: cómo se llegó al acuerdo de 2018

El salto cuantitativo más brusco en la relación con el organismo llegó en junio de 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri firmó el préstamo más grande en la historia del FMI: unos 57.000 millones de dólares aprobados, de los cuales se desembolsaron alrededor de 44.500 millones. La cifra es tan desproporcionada que el propio Fondo, en su evaluación ex-post publicada en 2021, reconoció que el programa no cumplió con sus objetivos de estabilización y que subestimó los riesgos de fuga de capitales.

¿Adónde fue esa plata? Según trabajos del Banco Central bajo la gestión de Miguel Pesce y estudios del CEPA y del propio equipo de Cecilia Todesca, la enorme mayoría de esos dólares financió la salida de capitales especulativos que habían ingresado durante la etapa de bicicleta financiera. Es decir: el préstamo no se tradujo en fábricas, infraestructura ni reservas duraderas, sino en dolarización de carteras de grandes actores privados.

Esa dinámica está desarrollada con más detalle en nuestra nota sobre deuda externa y soberanía, donde se traza el hilo entre la toma de deuda, la fuga y la posterior necesidad de refinanciar todo con nuevas condicionalidades. El resultado es una pinza: el país queda obligado a generar dólares comerciales para pagar deuda que financió salida de dólares financieros.

Ajuste fiscal y sus víctimas silenciosas

El corazón operativo de casi todos los programas con el FMI es la meta de déficit fiscal primario. En abstracto suena razonable: gastar en función de lo que se recauda. En concreto, esa meta se cumple recortando partidas específicas, y esas partidas tienen nombres: jubilaciones que pierden contra la inflación por cambios en la fórmula de movilidad, transferencias a provincias que se congelan, obra pública que se paraliza, subsidios energéticos que se retiran y trasladan a tarifas.

Los efectos se sienten con claridad en tres áreas particularmente sensibles:

• Educación y ciencia: el recorte real del presupuesto universitario y del sistema científico-tecnológico, tema que abordamos en detalle en efectos del ajuste en la educación pública argentina.
• Servicios públicos: la desregulación tarifaria y el retiro del Estado en sectores estratégicos, analizado en desregulación y servicios públicos.
• Entramado productivo: la asfixia de las pymes, que dependen del mercado interno y del crédito subsidiado, cuestión que trabajamos en soberanía económica y pymes.

Cada una de esas áreas concentra derechos: aprender, moverse, calentar la casa, trabajar en blanco. Cuando el ajuste llega, no llega parejo: golpea primero a quienes menos margen tienen para amortiguarlo.

Devaluación, inflación y salario real

Otro clásico del recetario es la corrección cambiaria. El Fondo suele sostener que el tipo de cambio real debe reflejar los fundamentos de la economía, lo cual en la práctica se traduce en presión para devaluar cada vez que hay tensiones en el mercado de cambios. El problema es que en Argentina, con una estructura productiva desequilibrada y alta indexación, cada devaluación se traslada rápido a precios de alimentos, combustibles y bienes de consumo masivo.

El trabajo de economistas como Axel Kicillof y Eduardo Basualdo sobre la dinámica de la puja distributiva muestra que la devaluación no es un instrumento neutro: es un mecanismo de redistribución del ingreso desde los sectores asalariados hacia los sectores exportadores y financieros. Datos del INDEC sobre distribución del ingreso muestran cómo, en cada uno de estos episodios, la participación de los trabajadores en el producto tendió a caer.

Y el círculo se cierra así: se devalúa para cumplir con el Fondo, sube la inflación, cae el salario real, cae el consumo, cae la recaudación y el déficit vuelve a aparecer. Entonces se pide un nuevo ajuste. Este loop está documentado en la historia argentina reciente y explica por qué los programas terminan, invariablemente, con más deuda de la que empezaron.

El costado político: soberanía condicionada

Hay una dimensión de los programas con el FMI que suele quedar en segundo plano y que, sin embargo, es central: la pérdida de márgenes de decisión soberana. Cuando un país firma una carta de intención, se compromete a revisiones trimestrales donde funcionarios del organismo evalúan políticas internas: régimen jubilatorio, subsidios, esquema tarifario, política monetaria, incluso reformas laborales.

Esto no es una interpretación militante: está en la letra de los propios acuerdos, disponibles en el sitio oficial del Fondo Monetario Internacional. El staff report de cada revisión detalla qué medidas se esperan y qué desvíos se consideran incumplimientos. En los hechos, esto significa que decisiones que deberían debatirse en el Congreso pasan a discutirse en videollamadas con Washington.

Ese desplazamiento del centro de decisión tiene consecuencias sobre la calidad democrática. Como analizamos en Quirno en Washington, el alineamiento con la agenda del Fondo suele venir acompañado de un alineamiento geopolítico más amplio, que resigna capacidad de negociación en otros frentes: comercio, integración regional, política científica.

¿Qué dicen los datos duros?

Más allá del debate político, hay evidencia empírica acumulada que conviene tener a mano. Un estudio del propio Independent Evaluation Office del FMI sobre programas en países emergentes reconoció que los objetivos de crecimiento se cumplieron en menos de la mitad de los casos, y que los efectos sobre pobreza y desigualdad tendieron a ser negativos en el corto plazo.

En el caso argentino específico, series del INDEC permiten reconstruir la evolución de indicadores clave durante los últimos programas. Entre 2018 y 2019, con el acuerdo Macri-Lagarde vigente, la pobreza subió de aproximadamente 25,7% a 35,5%, el PBI cayó, la inflación se aceleró y el desempleo aumentó. Difícil sostener, con esos números sobre la mesa, que el programa haya tenido efectos positivos.

A esto se suma la dimensión intergeneracional. Como muestran datos del Banco Central sobre stock de deuda externa pública, los pagos de capital e intereses al FMI comprometen recursos por más de una década, condicionando el margen fiscal de gobiernos futuros. Es decir: el ajuste no termina cuando se firma el acuerdo, se extiende por años.

Salidas posibles: no es un destino

Frente a este diagnóstico, la pregunta obligada es qué alternativas existen. Ninguna es simple ni indolora, pero varias están sobre la mesa del debate público y académico.

Una línea de trabajo apunta a la renegociación en términos más razonables: períodos de gracia, tasas de interés más bajas, revisión de sobrecargos —un tema que hasta la propia directora del Fondo, Kristalina Georgieva, reconoció que debía discutirse—. Otra línea, más estructural, propone recuperar herramientas de regulación de la cuenta capital para evitar que se repita el ciclo de ingreso masivo de dólares especulativos seguido de fuga.

Una tercera dimensión, imprescindible, es fortalecer el mercado interno y la producción con valor agregado. Sin capacidad exportadora diversificada y sin sustitución selectiva de importaciones, cada crisis externa vuelve a poner al país frente al mismo dilema. Esto conecta con lo que trabajamos en historia de la integración latinoamericana: sin coordinación regional, la negociación con organismos multilaterales es siempre asimétrica.

El punto de fondo es que los efectos del FMI en la economía argentina no son un designio inevitable. Son el resultado de decisiones políticas concretas, tomadas por gobiernos concretos, con ganadores y perdedores identificables. Discutirlos con datos, con historia y sin resignación es el primer paso para imaginar otra cosa.