Extranjerización y empleo: lo que Milei no quiere que veás

El periodista Rolando Graña le salió al cruce a Javier Milei por las cifras de empleo que el Presidente difunde como si fueran un triunfo de gestión, y de paso encendió una alarma que va mucho más allá del debate estadístico: la extranjerización del país avanza a un ritmo que no se veía desde los años noventa. Según Radio del Plata, el periodista cuestionó tanto la metodología como el relato oficial sobre el mercado laboral. Pero el verdadero problema no es solo cómo se cuentan los empleos: es quién se queda con la riqueza que generan.

Los números del empleo que el Gobierno elige mostrar

El oficialismo tiene una práctica consolidada: toma el indicador más favorable de cada trimestre y lo convierte en titular de campaña. El empleo registrado, el desempleo medido en determinados aglomerados urbanos, la informalidad cuando conviene ignorarla. Lo que no dice es que la calidad del empleo importa tanto como la cantidad, y que un trabajo precarizado, sin convenio colectivo, sin aportes jubilatorios y con salario real destruido por la inflación acumulada no es exactamente el horizonte de justicia social que merece la clase trabajadora argentina.

El INDEC publica con rigor sus series históricas, y quien las lee con atención encuentra que la recuperación que pregona el Gobierno es parcial, desigual y concentrada en sectores que no necesariamente traccionan el mercado interno. Mientras tanto, el consumo popular sigue deprimido, las pymes cierran o achican planteles, y el poder adquisitivo del salario promedio todavía no recuperó lo que perdió desde diciembre de 2023.

Extranjerización: el negocio que se lleva lo que producimos

Graña tocó un nervio cuando habló de extranjerización. No es una palabra nueva en la historia argentina: la conocemos desde la generación del ochenta, cuando el modelo agroexportador entregó la tierra y la renta a capitales británicos. La conocimos de nuevo en los noventa, cuando se privatizaron YPF, Aerolíneas, el correo, el gas, el agua y cuanto activo estratégico existía, con el argumento de que el mercado lo haría todo mejor. Sabemos cómo terminó: en el colapso de 2001, con el Estado desfinanciado, la deuda impagable y millones de argentinos en la pobreza.

Hoy el proceso tiene nuevas formas pero la misma lógica. La desregulación acelerada del Gobierno de Milei abre la puerta a la compra de tierras, empresas y recursos naturales por parte de fondos de inversión extranjeros sin las salvaguardas que el Estado debería garantizar. El RIGI —Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones— es el ejemplo más claro: condiciones impositivas y cambiarias que ningún empresario nacional obtiene, con libertad para girar utilidades al exterior sin restricciones y sin compromisos de reinversión en el país. No es inversión productiva; es extracción con beneficios fiscales.

Deuda, FMI y la tutela que no cesa

No se puede hablar de extranjerización sin nombrar al Fondo Monetario Internacional. El acuerdo que el Gobierno de Milei firmó con el FMI por 20.000 millones de dólares no es una herramienta de desarrollo: es una cadena de condicionalidades que hipoteca la política económica soberana por años. Cada punto del programa —ajuste fiscal, liberalización cambiaria, reducción del rol del Estado— responde a una receta que el Fondo ya aplicó en la Argentina de los noventa y en la de Macri, con resultados conocidos.

La deuda externa no es solo un número contable. Es el mecanismo histórico por el cual el capital financiero global disciplina a los países periféricos, les impone prioridades y los obliga a transferir recursos desde los sectores populares hacia los acreedores. Lo advirtió Perón, lo analizó Eduardo Basualdo con rigor académico, lo padecieron generaciones enteras de argentinos. Que en 2025 estemos repitiendo el ciclo no es fatalismo: es una elección política que tiene responsables concretos.

La integración regional como alternativa real

Frente a este cuadro, la integración latinoamericana no es un slogan: es una política de Estado con consecuencias materiales. El Mercosur, la CELAC y la incorporación de Argentina a los BRICS son herramientas que amplían el margen de maniobra soberano, diversifican los socios comerciales y reducen la dependencia de un solo centro de poder financiero. No porque los bloques regionales sean perfectos —no lo son— sino porque la multipolaridad le da a los países en desarrollo una capacidad de negociación que el alineamiento automático con Washington nunca ofreció.

El Gobierno de Milei, en cambio, eligió exactamente el camino contrario: desdeñar el Mercosur, ausentarse de foros regionales, abrazar sin condiciones la agenda de la derecha norteamericana y presentar esa subordinación como si fuera soberanía. Es un oxímoron político que tiene costos concretos: menos capacidad de negociar precios para nuestras exportaciones, menos acceso a financiamiento alternativo, menos margen para proteger el mercado interno.

Lo que está en juego no es solo el empleo

El cruce entre Graña y el relato oficialista sobre el empleo importa, pero es la punta del iceberg. Lo que está realmente en disputa es el modelo de país: si la Argentina va a ser un territorio de extracción al servicio del capital financiero global, o si va a recuperar la capacidad de planificar su desarrollo con el Estado como actor central, protegiendo el trabajo, el salario, los recursos naturales y la soberanía sobre las decisiones estratégicas.

No es una discusión abstracta. Cada empresa que se vende a un fondo extranjero, cada contrato de explotación de litio o petróleo que no garantiza valor agregado local, cada punto de ajuste que el FMI exige a cambio de dólares prestados a tasa de mercado, es una decisión que tiene ganadores y perdedores muy concretos. Los ganadores están en los directorios de los fondos de inversión. Los perdedores trabajan, cuando pueden, en la economía informal o en empleos que las estadísticas oficiales cuentan como logros.

La soberanía económica no se defiende con discursos: se defiende con políticas. Y hoy, esas políticas están ausentes.

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