La tierra no se vende: Milei entrega el suelo a capitales extranjeros

El mapa del país como mercancía

La noticia circuló casi sin estridencias, como suelen circular las peores: el gobierno de Javier Milei está buscando que los extranjeros puedan adquirir tierras argentinas sin ningún tipo de límite, y varios gobernadores aliados estudian darle el respaldo necesario en el Senado para que eso ocurra. Según La Política Ambiental, la iniciativa avanza con apoyo territorial concreto. No estamos ante un globo de ensayo ni una especulación periodística: hay voluntades políticas organizadas detrás de este proyecto, y eso lo convierte en una amenaza real.

Para entender la gravedad de lo que está en juego, hay que recordar de dónde venimos. La Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales fue sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner precisamente para poner un freno a la extranjerización del suelo argentino. Esa norma estableció que los extranjeros no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales del país, y que ninguna persona física o jurídica foránea puede acumular más de 1.000 hectáreas en zonas núcleo. No fue una medida ideológica caprichosa: fue la respuesta a un proceso real, documentado, de concentración de tierras en manos de fondos de inversión, corporaciones y capitales especulativos que no producen ni arraigan, sino que valorizan y especulan.

Quién pierde cuando la tierra no tiene dueño nacional

Hay una pregunta que el gobierno de Milei no responde —y no responde porque la respuesta lo condena—: ¿quién gana cuando un fondo soberano extranjero o una corporación sin cara compra miles de hectáreas en la Patagonia, en el Chaco húmedo o en la cuenca del Paraná? La respuesta es brutalmente simple: no gana el trabajador rural, no gana el pequeño productor, no gana la comunidad que vive en ese territorio. Gana el capital financiero internacional que busca activos reales en un país que su propio gobierno presenta como en liquidación.

La tierra no es solo un bien económico. Es soberanía, es agua, es biodiversidad, es identidad. Argentina tiene una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta, tiene el acuífero Guaraní, tiene la Patagonia. Esos recursos no son abstracciones: son la base material sobre la que se puede construir un proyecto de país con autonomía. Entregarlos al mejor postor extranjero no es apertura económica: es la renuncia anticipada a cualquier futuro soberano.

Los gobernadores que negocian con el territorio ajeno

Lo más revelador de esta historia no es Milei —su programa siempre fue este— sino los gobernadores que están analizando acompañarlo. Aquí es donde el análisis político se vuelve imprescindible. Hay mandatarios provinciales, algunos con raíces en tradiciones políticas que se proclamaron nacionales y populares, que están dispuestos a habilitar la venta irrestricta de tierra a cambio de coparticipación, de obras, de acuerdos electorales. Eso no es pragmatismo: es la resignación de la política territorial a la lógica del negocio.

El Senado argentino, donde las provincias tienen representación directa, se convierte así en el escenario donde se define si la Argentina sigue siendo dueña de sí misma o si termina de completar el proceso de desindustrialización y extranjerización que empezó en los noventa. No es retórica: cada voto senatorial a favor de esta iniciativa es una firma al pie de un contrato que compromete a las generaciones que vienen.

El peronismo, el kirchnerismo y el conjunto del campo popular tienen acá una batalla que no pueden darse el lujo de perder ni de ignorar. No alcanza con el comunicado ni con la foto. Hace falta movilización, articulación territorial, presión concreta sobre los senadores que están siendo tentados con la zanahoria del oficialismo. La disputa por la tierra es, en última instancia, la disputa por el modelo de país.

El patrón ideológico: desregular para entregar

Esta movida no es aislada. Se inscribe en una cadena de decisiones del gobierno de Milei que tienen una lógica interna muy clara: desregular todo aquello que protege al Estado, al mercado interno y al territorio nacional, para abrir el paso al capital concentrado —local e internacional— sin mediaciones ni restricciones. La desregulación del mercado laboral, el desmantelamiento de organismos de control, la apertura importadora que destruye pymes, el endeudamiento con el FMI: todo responde al mismo manual. La tierra es el capítulo que cierra el círculo.

No es casual que esto ocurra en simultáneo con la presión del Fondo Monetario Internacional para que Argentina elimine restricciones a la inversión extranjera directa. El FMI no tiene ejércitos, pero tiene condicionalidades. Y las condicionalidades, en este gobierno, se convierten en política de Estado casi sin debate público. La soberanía territorial, en ese esquema, es un obstáculo para los negocios, no un valor a defender.

Lo que está en juego: el largo plazo del país

Argentina ya transitó esta película. En los años noventa, bajo el menemismo, se vendieron empresas públicas, se entregaron recursos estratégicos, se desreguló con el argumento de la modernización y la eficiencia. El resultado fue la crisis de 2001, la destrucción del tejido productivo y una deuda externa que todavía pagamos. La memoria de ese proceso no es nostalgia: es la evidencia empírica de adónde conduce la lógica de la entrega.

El kirchnerismo, entre 2003 y 2015, revirtió parte de ese proceso: recuperó YPF, sancionó la ley de tierras, fortaleció el mercado interno, redujo la pobreza a niveles históricos. No fue perfecto, pero fue un proyecto con dirección: la de un Estado que defiende a los suyos. Lo que Milei propone es exactamente lo contrario: un Estado que se retira para que el mercado —es decir, los que ya tienen poder— decida sin interferencias populares.

La discusión sobre las tierras es, en ese sentido, una discusión sobre el alma del proyecto nacional. ¿Para quién es este país? ¿Para los que lo habitan, lo trabajan y lo construyen? ¿O para los que llegan con capital, compran lo que necesitan y se van cuando el negocio se agota?

El campo popular tiene que dar esta pelea

Las organizaciones sociales, los sindicatos agrarios, los movimientos campesinos, los intendentes del interior profundo que saben lo que significa perder tierra ante un fondo de inversión: todos tienen algo que decir y algo que hacer en este momento. La batalla no se gana solo en el Senado, aunque el Senado sea el campo de disputa inmediato. Se gana también en la calle, en los medios, en la conversación política cotidiana.

El peronismo como fuerza política tiene la responsabilidad de articular esa resistencia con claridad y sin tibiezas. No alcanza con oponerse en abstracto: hay que nombrar a los senadores que están siendo tentados, hay que construir el argumento en los territorios, hay que hacer de esta causa una causa popular. Porque la tierra, en definitiva, es lo más concreto que existe. Y defenderla es, hoy, uno de los actos más profundamente nacionales que se pueden realizar.

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