Soberanía económica y su impacto en las pymes: la batalla del entramado productivo argentino

Qué entendemos por soberanía económica en el siglo XXI

Hablar de soberanía económica en la Argentina de hoy exige salirse del terreno de las declamaciones. No se trata de invocar a Perón en un acto ni de repetir consignas de los años setenta: se trata de identificar, con precisión quirúrgica, cuáles son las palancas que un Estado nacional necesita conservar para orientar el desarrollo. La política monetaria, la política cambiaria, el comercio exterior, la regulación de los servicios públicos, el sistema tributario y las compras del Estado son las seis grandes herramientas que definen si un país tiene margen de maniobra o si es tomador de precios y decisiones ajenas.

En los términos que planteó Axel Kicillof en varios de sus trabajos junto a Eduardo Basualdo, la soberanía económica es la capacidad de un Estado para desacoplar, aunque sea parcialmente, las condiciones internas de acumulación respecto de los ciclos financieros globales. Esa capacidad no cae del cielo: se construye con instituciones, con reservas, con banca pública, con capacidad estadística —hoy amenazada— y con un tejido productivo diversificado que no dependa exclusivamente de la renta primaria.

Las pymes son el nudo donde esta discusión abstracta se vuelve carne. Según datos del Ministerio de Economía y de la ex Secretaría Pyme, las pequeñas y medianas empresas representan aproximadamente el 99% del universo empresarial argentino y explican alrededor del 70% del empleo privado registrado. Cuando se debilita la soberanía económica, no se debilita una idea: se debilitan los talleres de Villa Lynch, las metalúrgicas de Rosario, las textiles de Luján, las cooperativas de software del interior.

Por qué las pymes son el corazón del entramado productivo

A diferencia de las grandes corporaciones exportadoras, que pueden operar con lógica de plataforma global y trasladar utilidades a paraísos fiscales, las pymes tienen una característica estructural: son territoriales. Producen donde viven sus dueños y trabajadores, reinvierten en la comunidad, contratan proveedores locales y sostienen circuitos económicos regionales. Esa densidad social es lo que diferencia una economía nacional de una simple sucursal.

El entramado pyme argentino se construyó, con avances y retrocesos, a lo largo de casi un siglo. Desde la sustitución de importaciones de los años cuarenta hasta la reindustrialización parcial del kirchnerismo, cada ciclo de fortalecimiento del mercado interno se tradujo en creación de pymes; cada ciclo de apertura indiscriminada —el rodrigazo, la tablita de Martínez de Hoz, la convertibilidad, el macrismo— produjo cierres masivos. Es un patrón histórico documentado, no una interpretación militante.

Lo que define a la pyme no es solo su tamaño, sino su fragilidad estructural frente a los shocks. No tiene acceso al mercado internacional de capitales, no puede cubrirse con instrumentos financieros sofisticados, no puede sostener meses de pérdidas esperando que pase la tormenta. Necesita reglas estables, crédito accesible y demanda interna previsible. Esas tres condiciones son, exactamente, lo que garantiza o destruye una política de soberanía económica.

El crédito productivo como frontera de la soberanía

Uno de los indicadores más claros del grado de soberanía económica de un país es la relación entre crédito al sector privado productivo y PBI. En Argentina, según datos del Banco Central, esa relación se ubica históricamente en niveles muy bajos comparados con la región: alrededor de un dígito del PBI, mientras que Brasil, Chile o Uruguay presentan ratios varias veces superiores. Esto no es casualidad: es el resultado de décadas de un sistema financiero orientado a la especulación de corto plazo y no al financiamiento productivo.

Cuando el Banco Central pierde herramientas —cuando se le prohíbe direccionar crédito, fijar tasas diferenciales para sectores estratégicos o exigir a los bancos privados una cartera mínima para pymes— lo que se pierde no es una capacidad técnica: es soberanía. La famosa Línea de Financiamiento para la Producción y la Inclusión Financiera, que obligaba a los bancos a prestar a pymes a tasas por debajo de la inflación, fue durante años uno de los pocos mecanismos efectivos de redistribución del crédito. Su debilitamiento o eliminación equivale a entregar la asignación del ahorro nacional al criterio de rentabilidad financiera pura.

Sin crédito productivo accesible, la pyme argentina queda atrapada en un círculo vicioso: no puede invertir en tecnología, no puede ganar productividad, no puede competir con la importación, se ve forzada a bajar salarios o cerrar. La discusión sobre tasas de interés no es un debate de tecnócratas: es una discusión sobre quién decide qué se produce en el país.

Tipo de cambio, apertura y competencia desleal

La segunda gran variable soberana es el tipo de cambio. Un tipo de cambio real competitivo y estable es la condición sine qua non para que una pyme industrial pueda existir en un país periférico. Cuando se atrasa el dólar como ancla antiinflacionaria —como ocurrió durante la tablita, la convertibilidad y, con matices, en varios episodios recientes— se subsidia implícitamente la importación y se castiga la producción nacional.

El fenómeno es matemático, no ideológico. Si el costo argentino en dólares se dispara porque el peso está sobrevaluado, cualquier producto importado —desde tornillos chinos hasta indumentaria del sudeste asiático— entra al mercado a precios contra los cuales ninguna pyme puede competir. No porque sea ineficiente, sino porque compite contra escalas continentales, subsidios encubiertos y regímenes laborales incomparables.

A esto se suma la cuestión de las salvaguardias comerciales. Los grandes bloques económicos —Estados Unidos, la Unión Europea, China— usan de manera intensiva antidumping, cuotas, licencias no automáticas y barreras técnicas. Es una hipocresía sistemática exigirle a Argentina un librecambismo que ningún país central practica. Como analizamos en Efectos del ajuste en la educación pública argentina, el desarme del Estado no es unidimensional: cuando cae la capacidad regulatoria en un área, cae en todas.

Compras públicas: el mercado interno que se olvida

El Estado argentino, sumando Nación, provincias y municipios, compra bienes y servicios por un monto equivalente a alrededor del 15% del PBI. Esa masa de recursos es una herramienta soberana de política industrial de primer orden, comparable en potencia a cualquier plan de crédito o régimen fiscal. Sin embargo, sistemáticamente se subutiliza.

La ley Compre Argentino, con sus distintas versiones desde 2001, buscó orientar esas compras hacia proveedores nacionales, con preferencias específicas para pymes. Cuando se aplica con seriedad, funciona: hay experiencias documentadas en el sector ferroviario, en equipamiento hospitalario, en software y en obra pública. Cuando se convierte en letra muerta —o peor, cuando se la desregula en nombre de la eficiencia— se transfiere renta pública a proveedores extranjeros y se destruye tejido industrial local.

Algunos ejes concretos donde las compras públicas pueden apalancar a las pymes:

• Salud: producción nacional de medicamentos genéricos, insumos hospitalarios, equipamiento médico.
• Energía: fabricación local de aerogeneradores, paneles solares, transformadores y cables.
• Transporte: material rodante ferroviario, colectivos, autopartes.
• Tecnología: software, ciberseguridad, hardware para el Estado.
• Construcción: viviendas, escuelas y hospitales con proveedores regionales.

Cada uno de estos rubros implica cadenas de valor con cientos de pymes involucradas. La decisión de comprar nacional no es proteccionismo irracional: es política industrial elemental que practican todos los países serios del mundo, desde Alemania hasta Corea del Sur.

Régimen tributario y la trampa de la informalidad

El sistema tributario argentino tiene un problema estructural que golpea de manera desproporcionada a las pymes: es regresivo y complejo. La combinación de IVA alto, ingresos brutos en cascada, cargas sociales elevadas para el empleador formal y una maraña de retenciones y percepciones convierte a la formalidad en un lujo. Las grandes empresas absorben esa complejidad con departamentos legales y contables; la pyme, no.

El resultado es conocido: alrededor de un tercio de la economía argentina opera en la informalidad, según estimaciones convergentes del INDEC, la OIT y la CEPAL. Esa informalidad no es opción cultural: es respuesta racional a un régimen que castiga al que quiere cumplir. Y es, además, un factor de erosión de la soberanía económica, porque implica que una porción enorme de la actividad no financia al Estado ni entra en las estadísticas que orientan la política.

Una política soberana de fortalecimiento pyme requiere simplificación tributaria progresiva —no eliminación de impuestos, sino racionalización—, escalas diferenciadas por tamaño real y no por facturación nominal (que la inflación distorsiona), y un combate serio contra la evasión de los grandes contribuyentes que hoy tributan proporcionalmente menos que un kiosco de barrio.

Endeudamiento externo y el corset del FMI

Ninguna discusión sobre soberanía económica puede eludir el problema del endeudamiento externo. Cuando un país firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que condiciona el gasto público, el tipo de cambio, las tasas de interés y hasta la política tarifaria, lo que entrega no es solo dinero futuro: entrega la capacidad misma de hacer política económica.

Los programas del FMI históricamente incluyen exigencias que son incompatibles con el sostenimiento del entramado pyme: ajuste fiscal (que contrae la demanda), tasas altas (que encarecen el crédito), apertura importadora (que barre con la producción local), flexibilización laboral (que reduce el consumo interno). No es una interpretación militante: es lo que documentan los propios staff reports del organismo. La deuda contraída en 2018 —la más grande de la historia del FMI— fue, en los hechos, un mecanismo de disciplinamiento futuro.

Recuperar soberanía significa, en este plano, renegociar plazos y condicionalidades, diversificar fuentes de financiamiento —bancos regionales, BRICS, mercados asiáticos—, reducir la dependencia del dólar en el comercio exterior mediante swaps de monedas y, sobre todo, generar divisas genuinas a través de exportaciones con valor agregado. La historia del movimiento por los derechos sociales en Argentina muestra que cada avance popular estuvo condicionado por la disponibilidad de divisas y la autonomía respecto de los acreedores externos.

Integración regional y la escala continental

Una crítica frecuente al planteo soberanista es que, en un mundo de bloques económicos, ningún país puede desarrollarse aisladamente. La crítica es correcta, pero la conclusión que se saca suele estar equivocada. Que el mercado nacional argentino sea insuficiente para sostener ciertas escalas industriales no implica que la solución sea la apertura unilateral al mundo: implica la integración regional selectiva.

El Mercosur, con todas sus limitaciones, ofrece un mercado de más de 260 millones de habitantes. La UNASUR —hoy virtualmente desmantelada— apuntaba a una integración más ambiciosa en infraestructura, energía y defensa. La CELAC, los BRICS ampliados, los acuerdos bilaterales con China y con países africanos ofrecen ventanas que la política exterior argentina puede aprovechar o dejar pasar. Cada acuerdo comercial tiene ganadores y perdedores internos: la clave es negociar con una hoja de ruta clara sobre qué sectores se quieren proteger y desarrollar.

Para las pymes, la integración regional bien negociada es una oportunidad enorme. Muchas empresas medianas argentinas tienen capacidad de exportar a Brasil, Chile o Bolivia pero no a Alemania. Muchos productos regionales —vinos, alimentos procesados, software, servicios profesionales— tienen ventajas competitivas reales en América Latina que se diluyen frente a competidores globales. Una política soberana no es autárquica: es selectiva.

El horizonte: reconstruir capacidades estatales

El balance de los últimos años es preocupante. La destrucción de capacidades estatales —desde el vaciamiento del INDEC en distintos momentos hasta el desguace de organismos de promoción, pasando por la fuga de cuadros técnicos hacia el sector privado o el exterior— deja al Estado argentino cada vez menos capaz de ejecutar cualquier política industrial seria. Sin Estado con capacidades, la palabra soberanía queda vacía.

Reconstruir esas capacidades es una tarea de mediano plazo que excede a cualquier gobierno. Implica recuperar carrera administrativa, formar cuadros técnicos, invertir en sistemas de información, coordinar entre ministerios y jurisdicciones. Implica también un debate público sobre para qué queremos el Estado, discusión que la derecha viene ganando por knock-out en el terreno cultural aun cuando pierde en el terreno de los resultados económicos concretos.

Las pymes tienen un rol activo que jugar en esta reconstrucción. Sus cámaras —APYME, CAME, la Confederación General Empresaria— pueden articular con el Estado, con los sindicatos, con las universidades. No como lobby corporativo, sino como actor de un proyecto nacional. La experiencia europea de posguerra, la coreana, la china, muestran que el desarrollo capitalista con inclusión requiere alianzas de clase mediadas por el Estado. En Argentina, esa alianza está por reconstruirse, y las pymes son un actor imprescindible.

Cierre: la disputa por lo material y por el sentido común

La discusión sobre soberanía económica y pymes no es técnica, aunque se la vista de tecnicismos. Es una discusión sobre qué país queremos: si una economía de servicios y renta primaria orientada a exportar commodities y a importar todo lo demás, con una minoría que se enriquece financiando al Estado y una mayoría precarizada; o una economía diversificada, con industria, con trabajo registrado, con movilidad social ascendente, aun con las dificultades y contradicciones que eso implica.

Las pymes son, en este planteo, mucho más que actores económicos: son la base social de un proyecto de país con densidad productiva. Defenderlas no es hacer caridad empresaria: es defender la posibilidad misma de que exista un mercado interno robusto, empleo de calidad y clase media en sentido amplio. Es, en última instancia, defender la posibilidad de la democracia sustantiva, esa que no se agota en votar cada dos años sino que se juega todos los días en las condiciones materiales de vida.

Recuperar soberanía económica es la tarea histórica de esta etapa. No es nostalgia, no es autarquía, no es cerrarse al mundo. Es, apenas, sentido común aplicado: que las decisiones que afectan la vida de millones de argentinos las tome, con todos sus errores, un Estado democrático argentino, y no un consejo directivo en Washington ni un algoritmo en Wall Street.