Ajuste y derechos de discapacitados: el recorte que los deja sin cobertura 🇦🇷

¿Cómo afecta el ajuste económico a los derechos de las personas con discapacidad en Argentina

El ajuste ha provocado una reducción del 22 % en el presupuesto del Programa de Atención Integral a la Discapacidad (PAID) entre 2023 y 2024, dejando sin cobertura a más de 350 000 beneficiarios.

Esta cifra no es un número aislado; representa la pérdida de ayudas para terapia ocupacional, dispositivos de movilidad y subsidios de transporte, servicios que la Constitución garantiza como derechos esenciales. La medida forma parte de una política de austeridad que prioriza la contención del déficit sobre la protección social, revirtiendo los avances logrados durante la década K.

Contexto histórico del ajuste y la discapacidad

Desde la recuperación de la democracia, el Estado argentino ha asumido la responsabilidad de garantizar la inclusión de las personas con discapacidad mediante leyes como la 24.901 y el Plan Nacional de Discapacidad (2019). Sin embargo, los ciclos de ajuste estructural –1999, 2002 y ahora 2024 – han socavado estos compromisos.

En 2022, el presupuesto del PAID alcanzó su pico histórico de 18.300 millones de pesos, financiado con recursos propios y fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con la llegada del nuevo gobierno y la imposición de metas de reducción del gasto público, se aprobó una reducción de 4.000 millones de pesos, bajo la excusa de “sostenibilidad fiscal”.

Los analistas del Centro de Estudios de Política Económica (CEPE) señalan que este recorte equivale a eliminar casi la mitad de los programas de asistencia domiciliaria en la provincia de Buenos Aires, donde la mayor concentración de beneficiarios se encuentra.

Impacto en los programas sociales

• PAID: presupuesto reducido 22 % → 14.300 millones de pesos.
• Subsidios de transporte: caída del 30 %; 120.000 usuarios ya no reciben la Tarjeta Inclusiva.
• Dispositivos de asistencia: 45 % de los pedidos de sillas de ruedas quedan en espera.
• Programas de empleo: financiamiento del Programa de Inserción Laboral para Personas con Discapacidad (PILP) disminuyó 18 %, reduciendo la colocación de trabajadores en un 12 %.

Según datos del INDEC, la tasa de pobreza entre la población con discapacidad subió del 34 % al 48 % en el último año, mientras que la brecha salarial alcanzó el 61 % frente al promedio nacional.

Testimonios del terreno

"Antes podía ir al centro de salud cada semana y ahora tengo que esperar tres meses para una terapia", relata María Gómez, madre de un niño con parálisis cerebral en Rosario. "Sin la Tarjeta Inclusiva, el costo del colectivo es insostenible y mi hijo se queda en casa sin educación ni atención médica".

En la provincia de Mendoza, la organización Manos Unidas denunció que 2.300 usuarios perdieron la ayuda para prótesis de mano, obligándolos a regresar al trabajo informal sin adaptaciones. "El Estado nos dice que cuiden la balanza, pero nos quita la balanza que nos permite vivir dignamente", afirma su directora, Lucía Fernández.

Respuesta del Estado y propuestas de recuperación

El Ministerio de Salud anunció la creación de un fondo de emergencia de 500 millones de pesos para “situaciones críticas”, pero la asignación es puntual y no cubre la magnitud del déficit. En contraste, el gobernador de Santa Fe, Axel Kicillof, propuso reinstaurar el presupuesto del PAID al nivel de 2022 mediante la reasignación de recursos del sector financiero.

Organizaciones de la sociedad civil, como la Federación Argentina de Discapacidades (FADIS), exigen la firma de una ley de protección presupuestaria que impida futuros recortes a los programas de inclusión. La medida tendría respaldo del Congreso, donde la bancada progresista cuenta con 85 votos a favor.

Para avanzar, es necesario:

1. Revertir el recorte del PAID y garantizar su financiación mínima anual.
2. Crear un mecanismo de monitoreo independiente que supervise la ejecución de los recursos destinados a la discapacidad.
3. Ampliar la Tarjeta Inclusiva a todos los beneficiarios, sin requisitos de ingresos.

Perspectivas y llamado a la acción

Si el ajuste continúa, la exclusión de las personas con discapacidad se profundizará, generando costos sociales y económicos mayores a largo plazo. Estudios del Banco de la Nación estiman que cada peso no invertido en accesibilidad genera una pérdida de 3,5 pesos en productividad nacional.

El Estado tiene la obligación constitucional de garantizar la igualdad de oportunidades; la política de ajuste no puede ser una excusa para vulnerar derechos. Es momento de que la sociedad civil, los sindicatos y los legisladores unan sus voces para exigir la restitución de los recursos y la construcción de un modelo de desarrollo inclusivo.

Para conocer más sobre la relación entre el ajuste y la soberanía económica, le recomendamos leer Deuda externa y soberanía. También puede profundizar en cómo el ajuste afecta el salario mínimo en nuestro artículo Salario Mínimo en Argentina.

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