Crisis de ingresos y salarios bajo el ajuste Milei: los números del derrumbe

Cuánto cayeron los salarios reales y los ingresos de los trabajadores durante el ajuste de Milei

Durante el primer año del gobierno de Javier Milei, los salarios reales del sector privado registrado cayeron alrededor de 6% y los del sector público más de 15%, según el INDEC y CIFRA. Los trabajadores informales perdieron cerca de un 25% de poder adquisitivo y los monotributistas, sin actualización automática de sus categorías, sufrieron un deterioro real de ingresos de entre 20% y 30% frente a una inflación acumulada superior al 200%.

La motosierra empezó por el bolsillo

El 13 de diciembre de 2023, apenas tres días después de asumir, el ministro de Economía Luis Caputo anunció una devaluación del 118% que llevó el dólar oficial de $366 a $800. Esa decisión, presentada como "sinceramiento", fue en los hechos una transferencia brutal de ingresos: los precios se dispararon de inmediato mientras salarios, jubilaciones y planes quedaron congelados en pesos.

El índice de precios al consumidor del INDEC marcó 25,5% en diciembre de 2023 y 20,6% en enero de 2024, los dos peores meses en más de tres décadas. La inflación acumulada del primer año de gestión libertaria superó el 200%, según los datos oficiales del INDEC. En ese contexto, cualquier ingreso nominal que no se moviera al mismo ritmo se derretía en cuestión de semanas.

El relato oficial habla de "éxito" en la desinflación posterior. Pero la baja se logró sobre una base salarial ya destruida: los precios crecen menos hoy porque el consumo popular se desplomó. No es virtud macroeconómica, es anemia inducida.

Salarios formales: pisados por decreto

El Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA) publicó a fines de 2024 un informe que muestra la caída del salario real del sector privado registrado en torno al 6% interanual, mientras que el sector público perdió más del 15% en el mismo período. Las paritarias se homologaron con techos y demoras, y en muchos casos los aumentos llegaron cuando la inflación ya se había comido el ajuste.

El caso más crudo es el de los estatales nacionales: el Ejecutivo ofreció incrementos por debajo de la inflación mes a mes, congeló vacantes y despidió a más de 30.000 trabajadores durante 2024. Sectores como salud, ciencia (CONICET, INTA, INTI) y educación universitaria sufrieron recortes que se tradujeron directamente en bolsillos vacíos.

En el privado, la situación es heterogénea pero también negativa. Gremios con mayor poder de fuego —bancarios, aceiteros, camioneros— lograron sostener el poder adquisitivo, pero la mayoría de los convenios cerró por debajo del IPC. La caída del empleo formal, con más de 100.000 puestos registrados perdidos según datos del Ministerio de Trabajo, agravó la posición negociadora de los sindicatos.

Informales y monotributistas: los invisibles del ajuste

Acá está el corazón del drama que el gobierno prefiere no discutir. Según estimaciones de la Universidad Católica Argentina (UCA) y del Observatorio de la Deuda Social, los trabajadores informales —changarines, empleadas domésticas no registradas, cuentapropistas de subsistencia— perdieron cerca del 25% de su poder adquisitivo real en el primer año de Milei.

No tienen paritaria. No tienen cláusula gatillo. No tienen convenio. Sus ingresos dependen de la demanda del barrio, del pequeño comercio, de la obra en negro. Y todo eso se contrajo brutalmente con la recesión inducida. La pobreza escaló al 52,9% en el primer semestre de 2024, el peor registro en dos décadas, y no es casualidad: son los mismos hogares que dependen del ingreso informal.

Los monotributistas viven una situación estructuralmente perversa. Las categorías del monotributo se actualizan por decreto o ley una o dos veces al año, mientras que sus costos —alquiler, insumos, transporte— corren al ritmo de la inflación diaria. Un monotributista categoría A o B que en diciembre de 2023 facturaba el tope de su categoría, hoy, con esa misma facturación nominal, tiene un poder de compra 20% a 30% menor. Y si actualiza precios, corre el riesgo de saltar de categoría y pagar más impuestos sobre un ingreso real que ya se le achicó.

Esta lógica golpea con especial dureza a los repartidores de apps, monotributistas cautivos que trabajan 12 horas para no perder terreno frente a la inflación de alimentos y combustibles.

El truco estadístico: baja la inflación, pero ¿de qué salario hablamos?

El gobierno festeja que la inflación mensual se ubicó en torno al 2-3% en los últimos meses de 2024. Pero conviene mirar el punto de partida: si tu salario perdió 25% en diciembre-enero y después recupera 1% mensual, seguís muy por debajo del nivel de noviembre de 2023.

La comparación honesta es de poder adquisitivo, no de tasa de variación. Y ahí, según el índice de salarios del INDEC, en octubre de 2024 el salario real promedio seguía entre 5 y 10 puntos por debajo del nivel de noviembre de 2023, dependiendo del sector. El salario mínimo, vital y móvil mostró una caída aún peor: perdió más del 30% de su capacidad de compra en el primer año libertario, según cálculos de CIFRA sobre datos oficiales.

Es decir: aún si aceptáramos que la desinflación es real y sostenible —cosa que está en debate—, el piso desde el que se recupera es un piso de miseria. Los ingresos populares están licuados y el gobierno no muestra ninguna política activa para revertirlo. Al contrario: la reforma del BCRA y las medidas de desregulación apuntan a consolidar ese nuevo equilibrio distributivo regresivo.

Jubilados: la variable de ajuste más cruel

Mención aparte merecen los jubilados y pensionados, aunque no sean el foco de esta nota. La suspensión de la fórmula de movilidad y el reemplazo por un ajuste mensual por IPC —pero calculado sobre una base ya licuada por la megadevaluación— produjo la pérdida de ingresos jubilatorios más grande desde 2001.

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la jubilación mínima perdió más del 20% de poder adquisitivo real frente a noviembre de 2023, incluso computando el bono de $70.000 que el propio gobierno mantiene congelado desde marzo de 2024. Ese bono, que en su momento representaba cerca del 30% del haber mínimo, hoy pesa menos del 15%: se licuó dentro del mismo esquema que licuó todo lo demás.

La represión a los jubilados que se movilizan los miércoles frente al Congreso es la contracara política de esta decisión económica. El Estado que se corre de garantizar ingresos aparece con toda su fuerza para reprimir a quienes lo reclaman.

Consumo popular en caída libre

Los datos de consumo confirman lo que las estadísticas de ingreso anticipan. Las ventas en supermercados cayeron más de 10% interanual real durante buena parte de 2024, según el propio INDEC. Los autoservicios mayoristas —donde compran comerciantes y familias que estiran el presupuesto— cayeron aún más.

El consumo de carne vacuna per cápita se ubicó en mínimos históricos: alrededor de 47 kilos por año, contra los más de 55 kilos de una década atrás. La leche, los medicamentos y los servicios esenciales muestran patrones similares. No es "cambio cultural": es imposibilidad material.

Este derrumbe del consumo interno tiene efectos que van más allá del bolsillo individual. Golpea a comerciantes, a pymes que sostienen el entramado productivo y al empleo formal. Es un círculo vicioso: menos ingresos → menos consumo → menos actividad → menos empleo → menos ingresos.

Qué hacer: la agenda de un Estado que vuelva a garantizar ingresos

Salir de este pozo no requiere magia sino decisión política. Un Estado activo tiene herramientas concretas: recomponer el salario mínimo a un nivel que cubra la canasta básica, reabrir paritarias libres sin techos, indexar automáticamente el monotributo y las asignaciones familiares al IPC, restablecer una fórmula de movilidad jubilatoria que contemple salarios y recaudación, y sostener programas de transferencia de ingresos para el sector informal mientras se avanza en su registración.

Nada de esto es utópico. Todo se hizo, con más o menos éxito, entre 2003 y 2015, y sostuvo una recuperación del poder adquisitivo que llegó a ubicarse entre los más altos de América Latina. La discusión no es técnica: es sobre quién paga los costos de la estabilización. Hoy los paga —brutalmente— la mayoría trabajadora.

Mientras tanto, los datos hablan solos. Y hablan de una crisis de ingresos que ningún relato de "éxito antiinflacionario" alcanza a tapar.

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