La lucha por la equidad de género en el ámbito laboral argentino

Un piso desparejo: los números de la desigualdad

Hablar de trabajo en Argentina sin hablar de género es hacer trampa con las estadísticas. Los datos del INDEC muestran, de manera consistente en los últimos años, que las mujeres perciben ingresos totales individuales entre un 25% y un 28% más bajos que los varones. Cuando se mira solo el ingreso de la ocupación principal, la brecha se achica, pero no desaparece: sigue orillando el 20%. Y cuando el foco se corre hacia el empleo no registrado, la desigualdad se vuelve estructural.

Esa diferencia no se explica por productividad, ni por credenciales educativas —de hecho, las mujeres argentinas tienen, en promedio, más años de escolaridad formal que los varones—. Se explica por segregación horizontal (qué sectores nos emplean), segregación vertical (hasta dónde nos dejan llegar) y por una organización social del cuidado que descansa, casi íntegramente, sobre espaldas femeninas y feminizadas.

En un país donde la inflación licuó salarios y el poder adquisitivo se derrumbó en los últimos dos años, esa brecha no es un detalle sociológico: es la diferencia entre llegar a fin de mes o endeudarse con una tarjeta al 200% anual.

El techo de cristal y el piso pegajoso

La metáfora del techo de cristal —esa barrera invisible que impide a las mujeres acceder a los puestos jerárquicos— sigue vigente, pero es incompleta. En Argentina, según relevamientos del propio Ministerio de Economía durante la gestión anterior y datos de organismos como ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), la representación femenina en directorios de las 100 empresas más grandes apenas supera el 10%.

Pero antes del techo hay un piso pegajoso. Millones de trabajadoras están atrapadas en empleos precarios, informales, mal pagos y sin proyección: cajeras, trabajadoras de casas particulares, cuidadoras, empleadas de comercio. El régimen especial de trabajadoras de casas particulares (Ley 26.844), sancionado durante el kirchnerismo, fue un avance histórico, pero la informalidad en el sector sigue superando el 70%.

Es útil pensarlo en capas:

• Segregación sectorial: enfermería, docencia, cuidado y limpieza concentran empleo femenino y salarios bajos.
• Precarización: el 36% de las trabajadoras está en la informalidad, sin aportes ni licencias.
• Doble jornada: al salir del trabajo remunerado, empieza el no remunerado.
• Violencia laboral: acoso y hostigamiento como barreras para permanecer o ascender.

Los cuidados: la deuda que nadie quiere pagar

Acá está el corazón del problema. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del INDEC, las mujeres dedican en promedio más del doble de horas que los varones al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Si ese trabajo se valorizara a precios de mercado, representaría alrededor del 16% del PBI argentino —más que el comercio o la industria manufacturera—.

Esa economía invisible es la que sostiene a la economía visible. Sin embargo, el actual gobierno nacional desmanteló áreas clave: se disolvió el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se frenaron los avances del proyecto de Sistema Integral de Cuidados y se recortaron partidas para jardines maternales comunitarios. La motosierra, como suele ocurrir, cae primero sobre las que menos tienen.

Como señalaron en su momento economistas heterodoxas argentinas —Mercedes D'Alessandro, Corina Rodríguez Enríquez, entre otras—, sin infraestructura pública de cuidados no hay autonomía económica posible para las mujeres. Es una discusión que enlaza directamente con la historia del movimiento por los derechos sociales en Argentina: cada conquista costó organización, no bondad de mercado.

El ajuste tiene rostro de mujer

Cada vez que se aplica un plan de ajuste, las primeras variables de ajuste son los servicios públicos, los programas sociales y el empleo estatal. Y en los tres casos, las mujeres son mayoría o principales usuarias. No es casualidad: es diseño.

El deterioro del salario real docente, por ejemplo, golpea a una fuerza laboral compuesta en más del 75% por mujeres. La destrucción de programas como el Potenciar Trabajo afectó a titulares mayoritariamente femeninas y jefas de hogar. Los recortes en salud pública impactan sobre enfermeras y trabajadoras del sector, además de sobrecargar el cuidado familiar cuando el hospital deja de responder. Sobre este entramado ya escribimos al analizar los efectos del ajuste en la educación pública argentina y la desregulación de los servicios públicos.

La retórica libertaria que ridiculiza la "agenda de género" no es neutral: es una operación política para desarmar herramientas concretas de redistribución. Cuando se cierra un jardín maternal, no se ahorra plata: se traslada el costo a la casa de una trabajadora que tendrá que dejar su empleo o pagar una cuidadora informal.

Paritarias con perspectiva de género: una herramienta concreta

Uno de los avances más interesantes de la última década fue la incorporación paulatina de cláusulas de género en las paritarias sindicales. Licencias parentales ampliadas, salas maternales en empresas, protocolos contra la violencia laboral, cupos en comisiones directivas: son conquistas gremiales que ampliaron derechos sin necesidad de esperar una ley.

La Ley de Cupo Sindical Femenino (25.674) obligó desde 2002 a incorporar mujeres en las mesas de negociación colectiva. La aplicación fue desigual, pero abrió una puerta. Sindicatos como ATE, CTERA, la Bancaria y UOCRA (con sus limitaciones) fueron incorporando la agenda, en muchos casos empujados por comisiones internas de trabajadoras organizadas.

Algunas medidas concretas que funcionaron:

1. Licencias por paternidad extendidas en convenios como el bancario, para descargar el peso exclusivo sobre las madres.
2. Protocolos contra la violencia de género en el ámbito laboral, ratificando el Convenio 190 de la OIT.
3. Cláusulas antidiscriminación salarial con auditorías paritarias.
4. Licencias por violencia de género con estabilidad laboral garantizada.

Son herramientas modestas, pero acumulables. Y contrastan con el modelo actual, que apunta a atomizar la negociación colectiva y devolverle al empleador individual el poder de fijar condiciones.

El rol del Estado: no hay equidad sin política pública

El mercado, librado a su lógica, no produce equidad de género: la reproduce y la profundiza. Lo demuestra la evidencia comparada, lo demostró la experiencia argentina reciente y lo confirman los organismos multilaterales menos sospechados de progresismo. La ampliación de derechos requiere Estado, presupuesto y decisión política.

Entre 2003 y 2015, y luego entre 2019 y 2023, se dieron pasos importantes: Asignación Universal por Hijo (con titularidad preferentemente materna), reconocimiento de aportes por tareas de cuidado para la jubilación (Decreto 475/2021), moratoria previsional que benefició mayoritariamente a mujeres, Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para el sector público, Ley de Paridad. Ninguna de estas políticas cayó del cielo: fueron producto de disputa política y movilización.

Hoy, con el desguace del entramado institucional de género, la agenda queda en manos de la sociedad civil, los sindicatos y los gobiernos provinciales. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sostiene programas de acompañamiento y línea 144. Pero sin coordinación nacional y sin presupuesto federal, la protección se vuelve un código postal. Es la misma lógica que atraviesa la discusión sobre soberanía económica y pymes: sin Estado que iguale, gana el más fuerte.

Qué se juega: no es un tema de minorías

Cerrar la brecha de género en el mercado laboral no es una demanda sectorial: es una condición de posibilidad para el desarrollo. Diversos estudios del BID y de CEPAL estiman que la incorporación plena de las mujeres al trabajo remunerado en condiciones de igualdad podría sumar varios puntos al PBI regional. Pero incluso dejando de lado el argumento economicista, se trata de una cuestión de justicia elemental.

La lucha por la equidad de género en el ámbito laboral se libra en muchos frentes al mismo tiempo: en la negociación colectiva, en la ley, en la organización comunitaria, en la casa. Requiere paciencia estratégica y confrontación con quienes sostienen que la desigualdad es natural o eficiente.

En tiempos en que se banaliza la crueldad y se ridiculiza la palabra "derechos", recordar que cada avance costó décadas de organización es también una forma de resistencia. Y de proyecto.