La historia del movimiento por los derechos sociales en Argentina: un siglo de luchas

Antes de los derechos: la Argentina de la exclusión

A comienzos del siglo XX, la Argentina del Centenario era, según la postal oficial, el granero del mundo. Detrás de esa vitrina, sin embargo, se extendía un país brutalmente desigual: jornadas laborales de doce o catorce horas, trabajo infantil en frigoríficos y talleres, conventillos hacinados en Buenos Aires y Rosario, y una masa inmigrante sin más derecho que el de vender su fuerza de trabajo. El Estado oligárquico, construido a la medida de los terratenientes exportadores, no reconocía obligaciones sociales: la pobreza era vista como un problema moral o policial, no como una injusticia estructural.

En ese contexto, hablar de derechos sociales era casi una herejía. La Ley de Residencia de 1902 permitía deportar a extranjeros "agitadores", y la Ley de Defensa Social de 1910 profundizó el hostigamiento contra anarquistas, socialistas y sindicalistas. La represión de la Semana Trágica en enero de 1919, y las masacres de la Patagonia Rebelde entre 1920 y 1922, mostraron con claridad el precio que el Estado estaba dispuesto a cobrar cuando los trabajadores se organizaban.

Es desde esa Argentina, y no desde ninguna concesión iluminada de las élites, que empieza a gestarse lo que hoy llamamos derechos sociales. Reconstruir esa genealogía no es un ejercicio de nostalgia: es la única manera de entender que cada conquista que hoy parece obvia costó vidas, cárcel y exilio.

Las primeras conquistas obreras: sindicatos, huelgas y la ley

El movimiento obrero argentino se organizó tempranamente. La FORA (Federación Obrera Regional Argentina), fundada en 1901, y luego la UGT y la USA, articularon huelgas generales, campañas por la jornada de 8 horas y por el descanso dominical. La huelga de inquilinos de 1907, protagonizada en buena medida por mujeres, es un antecedente fundacional: reclamaba contra los alquileres abusivos y anticipaba lo que hoy discutimos bajo el concepto de derecho a la vivienda.

Las primeras leyes laborales llegaron a cuentagotas y siempre a remolque de la presión sindical: la ley de descanso dominical (1905), la que regulaba el trabajo de mujeres y niños (1907), la ley de accidentes de trabajo (1915). No fueron regalos: fueron el reflejo de una correlación de fuerzas que los trabajadores construyeron a pulmón, muchas veces bajo estado de sitio.

En ese ciclo también se gestó una cultura política que combinaba mutualismo, prensa obrera, bibliotecas populares y sociedades de fomento. Esa red densa de organización civil —muy anterior al peronismo— es el sustrato sobre el que después se construirá el edificio de los derechos sociales masivos. Sin ese trabajo previo, la explosión de derechos de mediados de siglo sería incomprensible.

1945-1955: la irrupción del pueblo trabajador

El 17 de octubre de 1945 marca un antes y un después. Cuando los trabajadores cruzan los puentes del Riachuelo para exigir la libertad de Perón, no están simplemente defendiendo a un líder: están afirmando su derecho a ser reconocidos como sujetos políticos plenos. Ese día se inaugura una etapa en la que los derechos sociales dejan de ser una aspiración marginal para convertirse en el eje ordenador del pacto democrático argentino.

Entre 1946 y 1955 se produce la mayor expansión de derechos sociales de la historia argentina. Algunos hitos que conviene recordar:

• Constitución de 1949, con su artículo 37 que consagraba los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación.
• Voto femenino sancionado en 1947, resultado de décadas de lucha feminista y del empuje decisivo de Eva Perón.
• Estatuto del Peón Rural (1944), que llevó derechos laborales al campo por primera vez.
• Creación del sistema de vacaciones pagas, aguinaldo, indemnización por despido y convenios colectivos generalizados.
• Expansión inédita del sistema de salud pública bajo la gestión de Ramón Carrillo.

Lo que ocurrió en esos años no fue un mero paquete de leyes: fue la construcción de una ciudadanía social, en el sentido que después teorizaría T. H. Marshall. El trabajador dejó de ser un factor de producción para transformarse en un sujeto de derecho, con salario, salud, educación, vivienda y vejez garantizadas por el Estado. Ese piso civilizatorio es el que las dictaduras posteriores intentaron demoler, y el que hoy vuelve a estar en disputa.

Dictadura, terrorismo de Estado y la lucha por los derechos humanos

El golpe cívico-militar de 1976 no fue solo una interrupción institucional: fue un plan sistemático para destruir la trama social y política que había hecho posible la expansión de derechos. La represión ilegal, con sus 30.000 detenidos-desaparecidos, tuvo un objetivo económico explícito, como reconstruyeron trabajos como los de Eduardo Basualdo: disciplinar al mundo del trabajo para imponer la valorización financiera y el endeudamiento externo.

En ese contexto de terror surgen los organismos de derechos humanos que hoy son referencia mundial. Las Madres de Plaza de Mayo empiezan a rondar la pirámide en abril de 1977, cuando reunirse era, literalmente, jugarse la vida. Las Abuelas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el CELS, Familiares, el Serpaj de Pérez Esquivel: construyeron, desde la orfandad y el dolor, una nueva gramática política. La consigna "aparición con vida" y luego "memoria, verdad y justicia" reconfiguró para siempre la idea de qué son los derechos.

Este capítulo es central porque muestra algo que a veces se olvida: los derechos humanos no son un tema "posmoderno" ni ajeno a los derechos sociales. Son parte de la misma trama. Como sostiene Raúl Zaffaroni, no hay derechos civiles sin derechos sociales, ni justicia sin igualdad material. El juicio a las Juntas en 1985, y luego la reapertura de los juicios de lesa humanidad a partir de 2003, son también hitos de la historia del movimiento por los derechos sociales en Argentina.

Los 90: resistencia al neoliberalismo y nuevos sujetos de derecho

La década del noventa fue el laboratorio del ajuste estructural: privatizaciones, flexibilización laboral, desregulación financiera y un desempleo que llegó a superar el 20% según datos del INDEC hacia 2001-2002. El Estado, presentado como "elefantiásico", fue vaciado en sus capacidades de garantizar derechos. La pobreza dejó de ser una anomalía para volverse estructural.

En ese escenario emergieron nuevos sujetos de lucha. Los movimientos de trabajadores desocupados —los piqueteros— reinventaron la acción colectiva desde los cortes de ruta en Cutral Có, Tartagal y La Matanza. La CTA, fundada en 1992, rompió el monopolio sindical y abrió espacio a docentes, estatales y trabajadores informales. Los pueblos originarios, las diversidades sexuales, el movimiento de mujeres, las asambleas ambientales: todos empezaron a disputar la agenda pública.

La crisis de 2001 fue el estallido de ese ciclo. El "que se vayan todos" no fue solo una consigna antipolítica: fue el grito de una sociedad que se negaba a aceptar que la garantía de derechos básicos —comer, trabajar, tener salud— se hubiera vuelto un privilegio. Las asambleas barriales, las fábricas recuperadas, los clubes de trueque, fueron ensayos de una politicidad social que después el Estado supo, al menos parcialmente, retomar.

2003-2015: la recuperación del Estado como garante de derechos

El ciclo kirchnerista puede leerse, más allá de sus tensiones y límites, como un intento sistemático de reconstruir la capacidad estatal para garantizar derechos. La Asignación Universal por Hijo (2009), la Ley de Matrimonio Igualitario (2010), la Ley de Identidad de Género (2012), la reestatización de YPF (2012), la moratoria previsional que incorporó a millones de adultos mayores al sistema jubilatorio, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009): cada una de estas medidas amplió el perímetro de la ciudadanía.

El trabajo de Axel Kicillof y otros economistas heterodoxos aportó un marco teórico para pensar el vínculo entre política macroeconómica y derechos: sin crecimiento con empleo, sin distribución del ingreso, sin control de las variables estratégicas, cualquier declaración de derechos queda en letra muerta. La Argentina redujo significativamente la pobreza y la desigualdad durante buena parte de este período, según registros del INDEC y análisis de organismos como la CEPAL.

Este ciclo también mostró los límites de un modelo que no logró romper con la restricción externa ni con la estructura desigual de la propiedad. Pero dejó una lección política inescapable: los derechos sociales no se sostienen sin un Estado activo, sin política industrial y sin soberanía sobre los recursos estratégicos. Como analizamos en otras notas del sitio, el ajuste desarma la educación pública y con ella una de las principales herramientas de igualación social que construyó el país.

Ni una menos, aborto legal y la agenda feminista como derecho social

El 3 de junio de 2015 marca otro hito. La marcha Ni Una Menos convocó a cientos de miles de personas contra los femicidios y transformó, en poco tiempo, la manera en que la sociedad argentina discute las violencias de género. Fue —y es— un movimiento profundamente heredero de las luchas feministas históricas, desde las socialistas de principios de siglo hasta los Encuentros Nacionales de Mujeres que se realizan desde 1986.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada en diciembre de 2020, fue el resultado de más de quince años de trabajo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Los pañuelos verdes, que se convirtieron en símbolo mundial, expresan algo más profundo: la idea de que los derechos reproductivos son parte constitutiva de los derechos sociales. Sin autonomía sobre el propio cuerpo, no hay ciudadanía plena posible.

Este ciclo feminista amplió también la agenda del cuidado. Discutir quién cuida, con qué recursos y bajo qué condiciones se volvió central. La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la Ley Micaela de capacitación obligatoria, y las políticas de reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado son parte de una agenda que reconfigura por completo lo que entendemos por derechos sociales en el siglo XXI.

El presente en disputa: ajuste, motosierra y resistencia

El gobierno de Javier Milei, iniciado en diciembre de 2023, propone un experimento de restauración conservadora que pone en cuestión el núcleo mismo del pacto social argentino. El DNU 70/2023 y la Ley Bases apuntan a desregular relaciones laborales, restringir el derecho a la protesta, achicar el Estado en áreas críticas como salud, educación y ciencia, y desmantelar organismos vinculados a derechos humanos y géneros. Según registros de organismos como el CELS y datos publicados por medios como Página/12 y Ámbito, el impacto en indicadores sociales durante 2024 fue severo, con caída del salario real y aumento de la pobreza.

Frente a este cuadro, el movimiento por los derechos sociales vuelve a estar en las calles. Marchas universitarias masivas, paros generales de la CGT y las CTA, movilizaciones de jubilados cada miércoles frente al Congreso, resistencia de organismos de derechos humanos: la trama social que se construyó a lo largo de un siglo no se desarma tan fácilmente como pretenden desde el poder.

Esta es la disputa central del presente. No se trata solo de recuperar tal o cual programa: se trata de defender la idea misma de que existen derechos que no pueden quedar librados al mercado. Como recordaba Perón, la comunidad organizada es aquella en la que cada uno encuentra las condiciones materiales y espirituales para realizarse plenamente. Ese horizonte, hoy en riesgo, es el que da sentido a un siglo de luchas.

Lecciones de un siglo: por qué la memoria importa

Repasar la historia del movimiento por los derechos sociales en Argentina permite extraer algunas lecciones que valen la pena subrayar. Primero: ningún derecho fue regalado. Cada uno —la jornada de 8 horas, el voto femenino, las vacaciones pagas, la AUH, el matrimonio igualitario, el aborto legal— fue el resultado de organización colectiva sostenida en el tiempo. Quien diga lo contrario, miente o desconoce.

Segundo: los derechos son reversibles. La historia argentina muestra ciclos de ampliación y ciclos de retroceso brutal. Las dictaduras, el menemismo, y hoy el mileísmo, son momentos en los que se intenta desandar conquistas que costaron generaciones. No hay linealidad ni progreso automático: hay disputa política permanente.

Tercero: los derechos sociales, civiles, políticos, humanos y económicos son indivisibles. No hay libertad sin igualdad, ni democracia sin justicia social, ni derechos humanos sin Estado presente. Esa es, quizás, la principal enseñanza de un siglo de luchas: la que hoy tenemos que volver a defender, en las calles, en las urnas y en la memoria activa de un pueblo que sabe, porque lo aprendió a los golpes, que los derechos se conquistan y se defienden colectivamente o no existen.