Reformar el BCRA: ajuste disfrazado de modernización

El palacio se mueve; el barrio espera

Mientras en los pasillos de la Casa Rosada y en las oficinas de bloque de La Libertad Avanza se diseña la estrategia legislativa para avanzar sobre el Banco Central de la República Argentina, en el barrio Almirante Brown del Gran Buenos Aires la señora Gladys espera que le aprueben el microcrédito del Banco Nación para comprar la máquina de coser que le permita sostener el taller de costura que da de comer a su familia y a dos empleadas. Esos dos mundos —el de la ingeniería institucional libertaria y el de la economía cotidiana de millones de argentinos— están más conectados de lo que el relato oficial quiere admitir.

Según Infobae, el Presidente prepara una nueva ronda de reuniones con legisladores de su espacio para afinar los detalles de la reforma del BCRA. La noticia se presenta como un movimiento técnico, casi burocrático. Pero detrás de ese eufemismo institucional hay una decisión política de enorme alcance que el periodismo de palacio pocas veces traduce al lenguaje de la vida real.

Qué es el Banco Central cuando se lo mira desde abajo

El Banco Central no es solo el edificio de Reconquista 266. Es la institución que fija las tasas a las que los bancos prestan plata a las PyMEs, que regula el crédito hipotecario para que una familia de Lanús pueda acceder a una vivienda, que controla los movimientos de divisas para que los dólares que genera el campo o la industria no se fuguen antes de que el Estado pueda usarlos para pagar salud o educación.

Desmontarlo —o rediseñarlo bajo el dogma de la desregulación total— no es modernizarlo. Es quitarle al Estado la principal herramienta con la que puede intervenir en la distribución del ingreso a través de la política monetaria y crediticia. Cuando la tasa de interés la fija el mercado sin regulación estatal, quien paga el precio más alto siempre es el eslabón más débil: la PyME sin garantías, el trabajador que necesita un crédito personal, el municipio que quiere financiar una obra de agua potable.

Los números que el relato libertario no muestra

El contexto no es abstracto. Según datos del INDEC, la pobreza en Argentina cerró el primer semestre de 2025 afectando a más del 38% de la población —cifra que en el conurbano bonaerense trepa varios puntos por encima del promedio nacional. Son millones de familias que no acceden al sistema financiero formal y que dependen, precisamente, de que existan políticas públicas de crédito dirigido, tasas subsidiadas y regulación de los movimientos de capital.

Mientras tanto, la fuga de capitales —ese drenaje silencioso que empobrece a la Argentina desde hace décadas— sigue siendo uno de los problemas estructurales que una reforma del BCRA orientada a la liberalización total no resuelve: lo profundiza. Las experiencias de los noventa, con la convertibilidad y la desregulación financiera que culminó en el colapso de 2001, no son anécdota histórica: son el manual de lo que no hay que hacer.

En los comedores comunitarios de La Matanza, en las fábricas recuperadas del cordón industrial de Rosario, en los hospitales públicos del interior profundo que dependen de partidas financiadas con recursos del Estado nacional, la pregunta no es si el BCRA debe ser "más moderno". La pregunta es si va a seguir existiendo un Estado capaz de garantizar que esas instituciones funcionen.

La reforma como señal al FMI, no a los argentinos

Hay que leer este movimiento en su contexto geopolítico y financiero. La reforma del BCRA que impulsa el gobierno de Milei no responde a una demanda de los barrios ni de los trabajadores ni de las economías regionales. Responde a una señal que el gobierno quiere enviar al Fondo Monetario Internacional y a los mercados financieros internacionales: "somos confiables, somos predecibles, somos funcionales a sus intereses".

Esa lógica ya la conocemos. El endeudamiento de Macri con el FMI —el mayor préstamo de la historia del organismo— también fue presentado como una señal de confianza y modernización. El resultado fue una deuda impagable que hoy condiciona cualquier política pública y que recae, en última instancia, sobre los hombros de los que menos tienen: los jubilados que ven licuarse su poder adquisitivo, los trabajadores informales que no tienen red de contención, los pibes que estudian en escuelas que no tienen calefacción.

Reformar el BCRA para hacerlo más funcional a las exigencias del capital financiero internacional es exactamente lo contrario de lo que necesita la Argentina popular. Lo que necesita ese país —el de Gladys y su máquina de coser, el del médico de guardia en el Garrahan, el del operario de la metalúrgica de Quilmes— es un banco central que regule, que intervenga, que distribuya.

Memoria, soberanía y territorio: las tres palabras que el ajuste borra

No es casual que el kirchnerismo haya impulsado, durante sus gobiernos, una política de desendeudamiento y recuperación de la soberanía monetaria. La estatización de las AFJP, la cancelación de la deuda con el FMI en 2006, la Ley de Servicios Financieros que buscaba regular el crédito en favor de las economías populares: todas fueron medidas que tuvieron como denominador común la idea de que el Estado debe conducir la economía en favor de las mayorías, no administrarla en favor de los acreedores.

Esa memoria no es nostalgia. Es brújula. Porque cuando se debate la reforma del BCRA en el Congreso, lo que en realidad se está discutiendo es si la Argentina va a seguir teniendo instrumentos soberanos para financiar su propio desarrollo o si va a entregar esa decisión a los mercados, al FMI y a los fondos de inversión que operan desde Manhattan o Londres sin conocer ni importarles lo que pasa en un comedor de Florencio Varela.

Lo que viene y lo que hay que defender

El gobierno tiene los votos justos para avanzar en muchas reformas, y la presión sobre el BCRA no es nueva: desde el primer día de gestión, la narrativa libertaria apuntó a la institución como símbolo de todo lo que quieren desmantelar. Lo que cambia ahora es la velocidad y la coordinación política.

Frente a eso, la respuesta no puede ser solo técnica ni parlamentaria. Tiene que ser territorial: explicar en cada barrio, en cada sindicato, en cada escuela, qué significa concretamente que el Estado pierda control sobre la política monetaria. Cuántos créditos para PyMEs se van a encarecer. Cuántas familias van a quedar afuera del sistema. Cuántos municipios van a ver restringido su acceso al financiamiento para obras básicas.

La soberanía económica no se defiende solo con discursos en el Congreso. Se defiende desde abajo, con información, con organización y con la claridad de que lo que está en juego no es un debate de economistas: es el futuro de millones de argentinos que necesitan un Estado presente, activo y del lado de ellos.