Repartidores endeudados: la trampa de las apps en la era Milei

Una bicicleta, un celular y una deuda

En los cruces de Corrientes y Callao, en la Plaza Serrano de Palermo o en la esquina del Alto Rosario, la postal se repite: mochilas cúbicas naranjas, rojas, amarillas. Repartidores de Rappi, PedidosYa y Uber Eats esperan el próximo pedido con el celular en la mano. La escena, que la publicidad oficial presenta como emprendedurismo, esconde una ecuación económica cada vez más brutal: para trabajar hay que endeudarse primero, y para pagar esa deuda hay que trabajar más horas.

La moto o la bicicleta eléctrica no las pone la plataforma. Tampoco la nafta, ni el service, ni el paquete de datos móviles, ni el seguro (cuando existe). Todo eso corre por cuenta del 'socio', eufemismo corporativo que oculta una relación laboral encubierta. Según relevamientos del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD-UNSAM) y de organizaciones como la Asociación de Personal de Plataformas (APP), los costos operativos consumen entre el 30% y el 40% del ingreso bruto declarado por los trabajadores.

La cuenta que no cierra: salarios reales vs. canasta

El INDEC confirmó que el salario real de los trabajadores registrados cayó 14,6% entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, según el índice RIPTE. En el sector no registrado —donde caen automáticamente los repartidores— la caída fue aún más profunda, superando el 20% en algunos meses del primer semestre. Al mismo tiempo, la canasta básica total para una familia tipo superó holgadamente el millón de pesos hacia fines de 2024.

Hagamos la cuenta que Federico Sturzenegger no hace en cadena nacional. Un repartidor promedio, trabajando 10 horas diarias seis días por semana, factura en Buenos Aires entre 600.000 y 900.000 pesos brutos mensuales, con enormes variaciones. Descontá nafta (que aumentó cerca del 100% en el año), mantenimiento de moto, cuota del vehículo si está financiado, datos móviles, y la ecuación cierra —cuando cierra— apenas por encima de la canasta de indigencia, sin aportes jubilatorios, sin obra social, sin ART, sin aguinaldo.

Esto no es 'flexibilidad'. Es la forma moderna del trabajo a destajo que denunciaba el peronismo histórico y que hoy vuelve con estética de app. Como explicamos en Salario mínimo y desigualdad en Argentina, el piso de derechos no es una restricción a la economía: es lo que impide que el trabajo se convierta en pura sobrevivencia.

Endeudarse para trabajar: el nuevo peonaje digital

El dato del Banco Central es contundente: el financiamiento con tarjetas de crédito creció 214% interanual en 2024, muy por encima de la inflación acumulada. Las refinanciaciones de saldos impagos alcanzaron récord histórico. ¿Qué se está financiando? Cada vez menos consumo suntuario y cada vez más lo básico: alimentos, servicios, combustible, y —para el caso de los trabajadores de plataformas— las propias herramientas de trabajo.

Una moto usada para delivery cuesta hoy entre 2 y 4 millones de pesos. Financiada en 24 o 36 cuotas, con tasas que en 2024 superaron ampliamente el 100% anual, se convierte en una hipoteca personal que ata al trabajador a la app durante años. Si se rompe, si te la roban, si el algoritmo decide bajarte el ranking, la deuda queda igual.

Este esquema tiene un nombre histórico: se llamaba 'peonaje por deudas' en el norte argentino y en las plantaciones del Chaco. El patrón te adelantaba las herramientas y la comida, y vos trabajabas hasta saldar una deuda que nunca terminaba. Como analizamos en Familias al límite: el récord de refinanciaciones que el ajuste oculta, el endeudamiento de los hogares dejó de ser una anomalía para convertirse en estructura del modelo.

El discurso oficial: 'libertad' como coartada

El gobierno de Javier Milei y su ministro de Desregulación construyeron un relato en el que las plataformas son la 'punta de lanza' de la modernización laboral. La narrativa oficial sostiene tres ideas que conviene desarmar:

• 'Es empleo genuino que absorbe a los que no tienen alternativa'. Falso en su premisa: el empleo formal que se destruye no se sustituye por otro empleo formal, sino por precarización. Según los datos del SIPA, el empleo registrado privado perdió más de 180.000 puestos en 2024. Esos trabajadores no van a plataformas 'por elección': van porque no hay otra cosa.
• 'El trabajador es un emprendedor libre'. Falso operativamente: el algoritmo fija el precio, la zona, el horario y las sanciones. No hay negociación. No hay convenio. No hay paritaria. Hay términos y condiciones que la plataforma modifica unilateralmente.
• 'La regulación destruye empleo'. Falso históricamente: los países que mejor regularon a las plataformas (España con la Ley Rider, partes de la Unión Europea) no vieron colapsar el sector; vieron caer la sobreexplotación.

Lo que hicieron otros países mientras acá se aplaude el modelo

España aprobó en 2021 la Ley Rider, que presume la laboralidad de los repartidores y obliga a las plataformas a informar los criterios del algoritmo. La Unión Europea avanzó en 2024 con una directiva similar. En Chile, la Ley 21.431 reconoció derechos mínimos a trabajadores de plataformas. En Uruguay hay proyectos en debate parlamentario.

En Argentina, mientras tanto, el rumbo es exactamente el inverso. La Ley Bases y el DNU 70/23 fueron en dirección contraria a cualquier reconocimiento de derechos para estos trabajadores, e incluso debilitaron protecciones de los que ya estaban registrados. La Cancillería, como analizamos en Quirno en Washington, se alinea con una agenda internacional que ve toda regulación laboral como obstáculo.

El contraste no es ideológico: es empírico. Regular no destruye el sector. Lo civiliza. La ausencia de regulación no genera 'libertad': genera acumulación por desposesión, para usar el término de David Harvey.

El rol del Estado que no quieren nombrar

Acá aparece el nudo político. El discurso libertario sostiene que el Estado 'sobra' en la relación entre plataforma y repartidor. Pero el Estado ya está: está garantizando por omisión que la asimetría se sostenga, está subsidiando implícitamente a las apps al no cobrarles aportes patronales, está dejando sin cobertura de salud a cientos de miles de trabajadores que después caen en el sistema público, está tolerando que empresas globales facturen cientos de millones de dólares sin dejar apenas rastro fiscal.

Como desarrollamos en Soberanía económica y Estado activo: la salida post-pandemia, la disyuntiva nunca es 'Estado sí o Estado no'. Es 'Estado para quién'. Hoy el Estado argentino, bajo la conducción de Milei, funciona como facilitador del capital plataforma y como bombero de las consecuencias sociales que ese modelo produce.

Un Estado activo, en clave nacional-popular, tendría herramientas concretas: presunción de laboralidad, obligación de aportes, transparencia algorítmica, acceso a monotributo social diferenciado, ART obligatoria, negociación colectiva sectorial. Nada de eso es utópico: se hace en Europa, se debate en América Latina. Acá se prohíbe pensarlo.

Del algoritmo a la organización

Lo notable es que, pese al aislamiento estructural que impone la app (nunca ves a tu compañero, nunca hay lugar de trabajo común), los repartidores se organizan. APP en Argentina, Riders x Derechos en España, la Unión de Trabajadores de Plataformas en varios países de la región. Marchan, hacen paros, coordinan por Telegram y WhatsApp cortes de circulación.

Esa capacidad de organización es lo que las plataformas más temen y lo que el discurso oficial más se esfuerza en desactivar, presentando a cada repartidor como un emprendedor solo frente a su celular. Pero la realidad material tiene la mala costumbre de imponerse: cuando el salario no alcanza, cuando la deuda ahoga, cuando un compañero muere atropellado y la app dice que 'no era empleado', la conciencia de clase encuentra caminos nuevos.

La historia argentina, como recordamos en La historia del movimiento por los derechos sociales, enseña que los derechos laborales nunca se regalaron: se conquistaron. Los de las plataformas no serán la excepción. La pregunta es cuánto sufrimiento vamos a tolerar antes de que la política reconozca lo que la calle ya sabe.