Aranceles PAMI y ajuste en salud: el abandono silencioso de los jubilados

Cómo impacta el atraso en los aranceles del PAMI sobre la atención de jubilados en Argentina

El atraso en los aranceles que PAMI paga a sus prestadores —estimado en entre 30% y 50% por debajo de la inflación acumulada 2024— provocó bajas masivas de clínicas, geriátricos y especialistas en todo el país. La consecuencia directa es que los 5,3 millones de afiliados enfrentan demoras de 60 a 90 días para turnos, faltantes en el vademécum y traslados obligados a instituciones más alejadas.

Este fenómeno no es un accidente administrativo: es la expresión concreta, en los cuerpos de los jubilados, de la decisión política de hacer caja con la obra social más grande del país. Un modelo que ya conocemos y que esta vez golpea donde más duele.

El PAMI que recibió Milei y el PAMI que estamos viendo

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI, es la obra social pública más grande de América Latina. Cubre a más de 5,3 millones de personas, de las cuales el 95% son jubilados y pensionados, y sostiene una red capilar de hospitales, clínicas, farmacias, geriátricos y profesionales que atraviesa todo el territorio nacional.

Desde diciembre de 2023, bajo la intervención designada por el Gobierno de Javier Milei, el organismo se convirtió en una variable de ajuste más del plan motosierra. La lógica es simple: en lugar de reconocer aumentos de aranceles acordes a la inflación —que cerró 2024 en 117,8% según el INDEC—, se congelaron pagos, se demoraron transferencias y se recortaron coberturas. El resultado es un sistema que colapsa por asfixia presupuestaria.

Las cámaras del sector —desde la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (CONFECLISA) hasta las asociaciones de geriátricos— vienen advirtiendo hace meses que los valores pagados por prestación están muy por debajo del costo real. Y cuando el prestador no puede sostener la operación, se da de baja. Punto.

El recorte de medicamentos: la foto más dura

En febrero de 2024, mediante la Resolución 2431, el PAMI modificó el régimen de medicamentos gratuitos que había sido una conquista histórica. Hasta entonces, los afiliados accedían a cobertura del 100% para una amplia lista de drogas crónicas, con requisitos administrativos razonables. La nueva norma endureció criterios: límite de ingresos equivalente a 1,5 haberes mínimos (ingreso del grupo familiar), no tener prepaga, no tener más de un inmueble, no tener auto de menos de 10 años.

El impacto fue inmediato. Según relevamientos de organizaciones de jubilados y de medios como Página/12, cientos de miles de afiliados perdieron la cobertura total y pasaron a pagar entre el 50% y el 80% del precio de remedios para hipertensión, diabetes, EPOC o problemas cardíacos. Con una jubilación mínima que a noviembre de 2024 se ubicó en $252.798 más un bono congelado de $70.000, la ecuación es cruel: comer o medicarse.

Como ya denunciamos en nuestra crítica al plan económico de Milei, el superávit fiscal del que se jacta el oficialismo se construye literalmente sobre el bolsillo —y la salud— de los sectores más vulnerables.

Prestadores que se bajan: el efecto dominó

El desfinanciamiento no afecta solo a los afiliados: destruye la red prestacional misma. Los testimonios que recogen las cámaras del sector son coincidentes:

• Geriátricos: valores por día de internación que no cubren ni la comida y el personal. Muchas residencias dejaron de tomar nuevos afiliados PAMI o directamente rescindieron convenios.
• Clínicas y sanatorios: módulos quirúrgicos pagados a precios de 2022, con demoras de hasta 120 días en el cobro.
• Especialistas: cardiólogos, neurólogos, traumatólogos renuncian a la cartilla porque la consulta se paga menos que un café en algunas zonas.
• Transporte sanitario: traslados programados cancelados o derivados a empresas que no cumplen estándares mínimos.
• Farmacias: tensión creciente con el Instituto por demoras de pago y recortes de cobertura.

Cuando un prestador se baja en una ciudad del interior —pensemos en Tartagal, en Esquel, en General Pico— no hay "opción B". El jubilado tiene que viajar 200 kilómetros para una consulta que antes tenía a cinco cuadras. Eso es ajuste territorial, aunque no figure en las planillas de Caputo.

El verso del "PAMI estaba lleno de ñoquis"

El relato oficial para justificar el vaciamiento es conocido: "estaba lleno de ñoquis", "había corrupción", "gastaban en pauta". Puede haber habido —seguramente hubo— ineficiencias y gastos cuestionables en gestiones previas, como en cualquier organismo estatal grande. Auditar y transparentar es legítimo y necesario.

Pero una cosa es auditar y otra muy distinta es desfinanciar la prestación médica a 5,3 millones de personas mayores para mostrar números fiscales. Según datos del propio Ministerio de Economía, el superávit financiero de 2024 cerró en torno al 0,3% del PBI, y una porción no menor se explicó por licuación de jubilaciones y recorte en obras sociales y programas sociales. No hubo "eficiencia": hubo transferencia de ingresos desde los jubilados hacia los acreedores de la deuda.

Este es el mismo esquema que analizamos en cómo el endeudamiento condiciona a la Argentina: primero se asumen compromisos externos, después se ajusta sobre los que menos pueden para honrarlos.

Jubilados en la calle: la respuesta que el Gobierno no quiere ver

Todos los miércoles, frente al Congreso de la Nación, cientos de jubilados se concentran para reclamar aumentos reales, restitución de medicamentos y defensa del PAMI. La represión reiterada —con gas pimienta, hidrantes y detenciones de personas de 70 u 80 años— se volvió la postal más vergonzosa del gobierno libertario.

No es casualidad que buena parte del rechazo social al modelo se exprese ahí. El jubilado es el eslabón más visible del ajuste: no puede "reconvertirse", no puede "emprender", no puede "capacitarse para la economía del conocimiento". Depende de un sistema público que el Gobierno está desarmando ladrillo por ladrillo.

Las organizaciones de la CGT, las dos CTA, los movimientos sociales y las propias mesas de jubilados vienen articulando reclamos conjuntos. Como señalamos en la CGT contra el endeudamiento, hay una resistencia social que, aunque fragmentada, no cede.

Qué dicen los especialistas: salud pública en estado crítico

Especialistas en gestión sanitaria coinciden en el diagnóstico. Rubén Torres, ex superintendente de Servicios de Salud, viene advirtiendo en diversas columnas y entrevistas que el modelo PAMI es insustituible por el sector privado: ninguna prepaga puede ni quiere absorber a 5,3 millones de adultos mayores con alta demanda de prestaciones.

Desde el campo académico, trabajos del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) y del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV documentaron la caída real del presupuesto del INSSJP y el deterioro de indicadores básicos: tiempos de espera, cobertura efectiva de medicamentos, cantidad de prestaciones realizadas. Los datos están. Lo que falta es voluntad política de reconocerlos.

Como escribió alguna vez Arturo Jauretche, "nada grande se puede hacer con la tristeza". Pero tampoco se puede hacer nada grande destruyendo lo que funcionaba. El PAMI, con todos sus defectos, era —es— una conquista social que distingue a la Argentina del resto de la región. Perderlo sería un retroceso civilizatorio.

Qué hacer: una agenda para reconstruir

Revertir el deterioro exige decisiones concretas, no slogans. Una agenda mínima incluiría:

1. Actualización inmediata de aranceles a prestadores, con cláusula gatillo atada a inflación.
2. Restitución del régimen de medicamentos gratuitos sin los filtros patrimoniales abusivos de la Resolución 2431.
3. Auditoría pública y transparente del gasto, con participación de organizaciones de jubilados y universidades nacionales.
4. Recomposición real de haberes jubilatorios, para que el bolsillo acompañe cualquier mejora prestacional.
5. Freno al desguace del Instituto como "caja" del ajuste fiscal.

Nada de esto es imposible. Es, otra vez, una cuestión de prioridades políticas. Mientras el Gobierno nacional elige pagar al FMI y bajarles retenciones a los exportadores, elige también no pagarle al cardiólogo que atiende a tu abuela. Esa es la ecuación. No hay neutralidad técnica: hay decisiones.

La defensa del PAMI es, en última instancia, la defensa de un modelo de país donde la vejez no sea sinónimo de abandono. Donde el Estado esté presente justo ahí, en el momento en que la vida se vuelve más frágil. Es lo mínimo que una sociedad decente le debe a quienes ya trabajaron toda su vida.

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