Defensa de derechos humanos bajo Milei: la amenaza que el Estado ignora

Cómo afectan las políticas de Javier Milei a la defensa de los derechos humanos en Argentina

Las políticas de Milei, al recortar el presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos y promover la impunidad, han reducido en un 30 % los recursos destinados a investigaciones de crímenes de lesa humanidad, según el informe del INADI de 2024. Esta merma se traduce en menos peritos, menos archivos digitalizados y una capacidad operativa limitada que favorece a los sectores que intentan borrar la memoria.

Además, la reforma del sistema de subsidios y la eliminación de fondos federales para ONG de derechos humanos han dejado a cientos de organizaciones sin financiamiento básico, lo que debilita la red de vigilancia social que históricamente ha sido clave para denunciar violaciones.

Recortes presupuestarios y su impacto en la memoria histórica

El presupuesto asignado a la Secretaría de Derechos Humanos pasó de 8.400 millones de pesos en 2022 a 5.880 millones en 2023, una caída del 30 % que impactó directamente en los programas de archivo y divulgación. Según el informe del Ministerio de Economía, la reducción provocó la suspensión de cinco proyectos de digitalización de testimonios de víctimas de la dictadura.

Esta decisión no solo afecta la preservación de la historia, sino que también compromete la capacidad del Estado para cumplir con los compromisos internacionales de la Convención contra la Tortura y la Ley de Memoria, Verdad y Justicia. Organizaciones como la CGT contra el endeudamiento denuncian que la falta de recursos favorece la impunidad.

Desmantelamiento institucional y riesgos de impunidad

Milei ha propuesto la eliminación de la Oficina de la Memoria del Ministerio de Justicia, argumentando que es “un gasto innecesario”. La propuesta, que ya fue rechazada por la Cámara de Diputados, muestra una clara intención de debilitar los mecanismos institucionales que investigan crímenes de Estado.

El retiro de jueces especializados y la reducción de la Fiscalía de Derechos Humanos aumentan el riesgo de que casos emblemáticos, como los de la Operación Condor, queden sin seguimiento. En 2024, la cantidad de causas penales abiertas por crímenes de lesa humanidad cayó un 45 % respecto al año anterior, según datos del Ministerio de Justicia.

El discurso oficial y la negación de crímenes de Estado

El ministro de Seguridad, Walter Pietragalla, ha repetido en varias entrevistas que “la historia se escribe con la mirada del presente”. Estas declaraciones reflejan una estrategia de reescritura que busca minimizar la gravedad de los abusos cometidos durante la última dictadura.

El discurso oficial se acompaña de acciones concretas: la supresión de la placa conmemorativa del Centro de Detención de la ESMA y la eliminación de la jornada nacional del 24 de marzo como feriado. Estas medidas fueron analizadas en el artículo Milei profana el 'Nunca Más' para defender el ajuste, que muestra cómo la agenda de ajuste se combina con la negación de la memoria.

Resistencia social: organizaciones y testimonios frente al ajuste

A pesar del clima de represión institucional, la sociedad civil mantiene viva la defensa de los derechos humanos. La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) organizó una marcha el 24 de marzo con más de 30.000 participantes, denunciando los recortes.

Testimonios de sobrevivientes como María Rosa, quien perdió a su hermano en la ESMA, subrayan la importancia de los recursos estatales: “Sin el apoyo del Estado, nuestras voces se pierden en la oscuridad”. La red de organizaciones también ha creado una plataforma digital para compartir evidencias, financiada en parte por donaciones internacionales.

Comparación histórica: de la dictadura a la era Milei

Durante la última dictadura (1976‑1983), el Estado utilizó la censura y la represión para silenciar a los defensores de derechos humanos. Hoy, aunque no hay una dictadura militar, el gobierno de Milei reproduce mecanismos de silenciamiento a través del desfinanciamiento y la criminalización del discurso.

En la década del 2000, bajo la gestión kirchnerista, el gasto en memoria histórica alcanzó su punto máximo, con 2.300 millones de pesos destinados a programas de archivo y educación. La caída drástica bajo Milei representa una reversión de esa política progresista y una amenaza para la consolidación de la justicia social.

Perspectivas y propuestas de un Estado activo en la defensa de los derechos humanos

Para revertir esta tendencia, es necesario reinstaurar el presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos al nivel previo a 2022 y crear un fondo permanente de memoria financiado con recursos del impuesto a los grandes patrimonios. Además, se propone la creación de una comisión interministerial que supervise la implementación de la Ley de Memoria.

El fortalecimiento de la sociedad civil mediante subsidios a ONG y la garantía de independencia judicial son pilares esenciales. Como afirmó el economista Alberto Fernández, “un Estado que protege la memoria protege el futuro”. Solo con un Estado activo y comprometido podremos asegurar que los derechos humanos no sean una pieza de ajedrez del ajuste.

La vergüenza pública y las luchas por la memoria en la era de la polarización ofrece un panorama de cómo la resistencia se está organizando frente a esta ofensiva.

La lucha por la equidad de género en el ámbito laboral argentino también muestra la intersección entre derechos humanos y políticas de género bajo el actual gobierno.

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