Kirchner presa: cuando el Poder Judicial ajusta con togas

Un fallo que no sorprende, pero que obliga a nombrar lo que es

La Justicia argentina rechazó el pedido de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para flexibilizar las condiciones de su prisión domiciliaria, según informó MinutoYA. La decisión no genera asombro en quienes venimos siguiendo el expediente Vialidad con lupa y con memoria. Lo que sí genera —y es obligación nombrarlo— es indignación razonada. Porque este fallo no existe en el vacío: se inscribe en una cadena de decisiones judiciales que tienen nombre, tienen historia y tienen consecuencias políticas y económicas concretas para la Argentina.

No hablamos de una figura menor del tablero político. Hablamos de la dirigente más votada de la última década, de la arquitecta de políticas de distribución del ingreso que sacaron a millones de personas de la pobreza, de la voz más articulada que tiene hoy el campo nacional-popular frente al ajuste mileísta. Neutralizarla no es un acto jurídico neutro. Es un acto político. Y la economía heterodoxa tiene algo para decir sobre eso.

El lawfare como variable de ajuste estructural

Economistas como Eduardo Basualdo y el propio Axel Kicillof han señalado en distintos trabajos que la disputa distributiva en la Argentina nunca fue solo presupuestaria: también fue institucional. Las fracciones del capital concentrado que perdieron terreno durante los gobiernos kirchneristas —los grandes grupos exportadores, la banca, las privatizadas— no se resignaron al veredicto de las urnas. Buscaron otros tribunales. Y los encontraron.

El lawfare —la judicialización de la política como herramienta de disciplinamiento— cumple una función estructural en el esquema de poder económico argentino. Cuando una líder popular es inhabilitada, encarcelada o sometida a condiciones de detención que la alejan de la vida pública, el campo de juego político se inclina. Las políticas de soberanía económica, de control de capitales, de industrialización por sustitución de importaciones, de paritarias activas: todo eso pierde tracción cuando su principal defensora está bajo arresto domiciliario con movilidad restringida.

No es conspiranoico decirlo. Es análisis estructural. El mismo que aplica CIFRA-CTA cuando desagrega quiénes ganan y quiénes pierden con cada vuelta de tuerca del poder judicial argentino.

La selectividad del sistema: quién paga la prisión preventiva y quién no

Uno de los principios más elementales del garantismo —esa corriente jurídica que Eugenio Zaffaroni enseñó durante décadas— es que la privación de libertad debe ser la excepción, no la regla. Que el proceso penal no puede convertirse en pena anticipada. Que la condena, mientras no esté firme, no habilita a tratar al imputado como culpable.

Pero en la Argentina de hoy, esos principios se aplican con una selectividad que escandala. Empresarios con causas por evasión millonaria circulan libres. Funcionarios del macrismo investigados por el préstamo del FMI más grande de la historia —ese que comprometió el futuro de varias generaciones de argentinos— no duermen en sus casas con tobilleras. Cristina Kirchner, en cambio, tiene restringida su movilidad con una rigurosidad que no se condice ni con su estado de salud ni con los estándares internacionales de derechos humanos para personas mayores condenadas en primera instancia.

La selectividad punitiva no es un accidente. Es parte del mensaje. Y el mensaje es claro: ciertos proyectos políticos tienen costos personales altísimos para quienes los lideran.

Salario real, industria y el debate que nos roban

Aquí entra el lente económico heterodoxo con toda su fuerza: mientras la Argentina debate la situación procesal de su ex presidenta, hay variables que se deterioran en silencio.

El salario real lleva meses golpeado por una inflación que el gobierno actual administra con recesión deliberada. El empleo formal en la industria manufacturera muestra señales de contracción que los propios datos del INDEC no pueden disimular. El consumo interno —ese termómetro del bienestar popular que los estructuralistas latinoamericanos siempre privilegiaron sobre el equilibrio fiscal— cae en rubros básicos.

Y en ese contexto, la principal voz que articula una alternativa redistributiva está confinada. No puede recorrer el país. No puede organizar movilizaciones. No puede sentarse en una mesa de televisión a explicar, con los números en la mano, por qué el ajuste no es la solución sino el problema.

Ese silenciamiento tiene un costo económico. No es medible en un índice, pero es real: se traduce en correlación de fuerzas, en capacidad de resistencia sindical, en la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras argentinas tengan una referencia política que dispute con datos el relato del "no hay plata".

La memoria como herramienta política, no como nostalgia

Perón decía que la única verdad es la realidad. Y la realidad es que en la Argentina hubo gobiernos que bajaron la desocupación, que estatizaron las AFJP para recuperar fondos jubilatorios, que implementaron la Asignación Universal por Hijo, que desendeudaron al país pagando al FMI de contado. Esos gobiernos tuvieron una conducción. Esa conducción hoy está bajo arresto domiciliario con movilidad restringida por decisión judicial.

No pedimos impunidad. Pedimos lo que pide cualquier sistema jurídico serio: proporcionalidad, garantías, no discriminación en la aplicación de la ley. Lo que el fallo rechazado vuelve a negarle a Cristina Kirchner no es un privilegio: es un estándar mínimo de humanidad procesal.

La memoria, en este marco, no es nostalgia. Es política activa. Recordar qué se construyó, quién lo construyó y bajo qué condiciones lo están destruyendo es la única forma de no naturalizar lo que no debería ser normal.

El partido no terminó

Las decisiones judiciales adversas no son el fin de la historia. La historia argentina tiene ejemplos de sobra de que los proyectos populares sobreviven a la persecución, se reorganizan, vuelven. Lo hicieron después del '55, después del '76, después del '01.

Pero cada obstáculo tiene un costo. Cada año de restricción, cada fallo que cierra puertas, cada condición de detención que aleja a una dirigente del debate público es tiempo que el campo popular pierde y que el ajuste gana.

Por eso este fallo no es un dato procesal menor. Es una señal política que hay que leer con claridad, sin ingenuidad y sin resignación. El poder judicial argentino no flota en el éter: está atravesado por las mismas disputas distributivas que atraviesan toda la sociedad. Nombrarlo no es conspiración. Es lucidez.