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Fútbol de élite y barrios sin cancha: el negocio millonario que mira para otro lado

Fútbol de élite y barrios sin cancha: el negocio millonario que mira para otro lado
Fútbol de élite y barrios sin cancha: el negocio millonario que mira para otro lado

El sueño de Coudet y la pesadilla de los pibes sin cancha

Según Clarín, Eduardo Coudet ya trabaja en Buenos Aires después de la pretemporada en Alicante y tiene en carpeta la incorporación de Ángel Correa y Thiago Almada, dos nombres que en el mercado europeo y norteamericano cotizan en cifras que, para la economía de cualquier familia argentina, resultan directamente incomprensibles. Millones de dólares que circulan entre agentes, representantes y dirigencias mientras el tipo de cambio real aplasta el poder adquisitivo de los sectores populares.

No se trata de criticar a River por soñar en grande, ni de poner en cuestión el talento de Correa o Almada. El fútbol de alta competencia tiene su lógica propia y nadie le va a pedir a un club que renuncie a ser competitivo. El problema es otro, y conviene decirlo con claridad: mientras este negocio crece sin techo, el Estado viene siendo sistemáticamente desmantelado en su rol de garantizar el deporte como derecho social, como herramienta de inclusión, como política pública en los territorios donde la pobreza aprieta.

Cuántos pibes hay detrás de cada fichaje millonario

El mercado de pases del fútbol argentino moviliza decenas de millones de dólares por temporada. Los clubes grandes negocian en divisas mientras el grueso de sus hinchas cobra en pesos que se licuan. Pero el dato más elocuente no está en los libros contables de los clubes de Primera División: está en los 1.800 clubes de barrio que existen en el país y que, según relevamientos de la Secretaría de Deportes de la Nación en gestiones anteriores, sostienen la participación deportiva de más de 4 millones de personas, en su mayoría niños, niñas y adolescentes.

Esos clubes no tienen pretemporada en Alicante. No negocian con intermediarios europeos. Funcionan con cuotas sociales que no alcanzan, con rifas, con kermeses, con la militancia silenciosa de los dirigentes barriales que pintan vestuarios los fines de semana y pagan el gas de su bolsillo. Son la infraestructura invisible del deporte popular argentino, y llevan tres años siendo ignorados por una política nacional que encontró en el ajuste su único horizonte ideológico.

El ajuste llegó antes al potrero que al palco

Desde diciembre de 2023, el presupuesto destinado a deporte social y clubes de barrio fue uno de los primeros en sufrir recortes bajo la administración Milei. El programa Clubes en Obra, que había financiado refacciones de infraestructura deportiva en cientos de instituciones barriales durante la gestión anterior, fue vaciado. Los fondos del ENARD —el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo— fueron recortados o redirigidos con criterios que priorizan el rendimiento individual de élite por sobre la masividad del acceso.

El resultado territorial es concreto: canchas sin mantenimiento, vestuarios clausurados por riesgo de derrumbe, piletas municipales cerradas, torneos infantiles suspendidos por falta de subsidio. No son datos abstractos: son los testimonios que llegan desde los barrios del Conurbano, desde las villas de la Ciudad, desde los municipios del interior donde el club social y deportivo era el último espacio de contención comunitaria que le quedaba a muchas familias.

Mientras tanto, la AFA y los grandes clubes del fútbol profesional siguen operando en un régimen de privilegio fiscal que los exime de cargas que cualquier empresa privada debería afrontar. La figura jurídica de asociación civil sin fines de lucro —pensada para proteger al club de barrio— termina siendo el paraguas legal bajo el cual se mueven contratos millonarios, derechos de televisación multimillonarios y operaciones financieras de escala corporativa.

El deporte como derecho: una deuda que el mercado no va a saldar

La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, garantiza los derechos sociales. La Ley 27.202 de Clubes de Barrio y de Campo, sancionada en 2015, reconoce expresamente la función social de estas instituciones y establece la obligación del Estado de promoverlas y protegerlas. Pero las leyes sin presupuesto son letra muerta, y el presupuesto sin voluntad política es un número en una planilla.

Desde una perspectiva que ponga al territorio en el centro, el debate sobre el fútbol argentino no puede reducirse a si Coudet va a poder armar el equipo ideal o si River llegará lejos en la Copa Argentina. El debate real es si una nena de diez años en La Matanza, en Resistencia, en el Gran Rosario, tiene o no tiene acceso a una cancha segura, a un profe de educación física, a un club que la contenga. Ese es el fútbol que no aparece en la portada de los diarios deportivos.

La integración latinoamericana que tanto reivindicamos tiene también una dimensión cultural y deportiva: Thiago Almada viene de la MLS, Ángel Correa del Atlético de Madrid, y sus trayectorias son posibles porque en algún potrero de Argentina alguien apostó por ellos cuando eran pibes sin recursos. Ese potrero hoy está en riesgo. Esa apuesta ya no la garantiza nadie.

Lo que el mercado no financia, lo tiene que garantizar el Estado

No hay contradicción entre celebrar el talento de los jugadores argentinos en el mundo y exigir políticas públicas que democraticen el acceso al deporte. La contradicción real está en un modelo económico que deja que el fútbol de élite flote sobre una base territorial que se hunde.

Un Estado activo en materia deportiva no significa estatizar los clubes ni intervenir en los pases. Significa financiar la infraestructura de los clubes de barrio, sostener los programas de deporte escolar, garantizar que el ENARD no sea solo la caja de los medallistas olímpicos sino el fondo de desarrollo del deporte popular. Significa que la Secretaría de Deportes tenga rango ministerial, presupuesto real y presencia territorial.

Mientras Coudet dibuja esquemas tácticos con figuras de talla mundial, en los barrios populares de este país hay miles de técnicos y técnicas que dibujan sus propios esquemas sobre pizarras prestadas, en vestuarios que se llueven, con pelotas remendadas. Esos son los verdaderos arquitectos del fútbol argentino. Y merecen, como mínimo, que el Estado los mire.

Fuentes citadas

  1. Clarín — El River que sueña Coudet — Nota original sobre la planificación deportiva de River Plate y las negociaciones por Ángel Correa y Thiago Almada.
  2. Secretaría de Deportes de la Nación Argentina — Organismo oficial responsable de las políticas de deporte social, clubes de barrio y programas de inclusión deportiva a nivel nacional.
  3. INDEC — Instituto Nacional de Estadística y Censos — Fuente de referencia para datos de pobreza, distribución del ingreso y condiciones socioeconómicas de los sectores populares en Argentina.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el programa Clubes en Obra y por qué es relevante?
Fue un programa de financiamiento estatal para la refacción y mejora de infraestructura en clubes de barrio de todo el país, implementado durante gestiones anteriores. Fue uno de los programas recortados bajo la administración Milei, afectando a cientos de instituciones barriales que dependían de esos fondos para mantener sus instalaciones operativas.
¿Cuántos clubes de barrio hay en Argentina y cuánta gente nuclean?
Según relevamientos de la Secretaría de Deportes de la Nación realizados en gestiones anteriores, existen aproximadamente 1.800 clubes de barrio en el país que nuclean a más de 4 millones de personas, mayoritariamente niños, niñas y adolescentes de sectores populares.
¿Qué dice la ley sobre el rol del Estado en los clubes de barrio?
La Ley 27.202 de Clubes de Barrio y de Campo, sancionada en 2015, reconoce la función social de estas instituciones y establece la obligación del Estado nacional de promoverlas, protegerlas y financiarlas. Su aplicación efectiva depende de la asignación presupuestaria de cada gestión.
¿Por qué se critica el régimen fiscal de los grandes clubes de fútbol?
Los clubes de fútbol profesional operan jurídicamente como asociaciones civiles sin fines de lucro, lo que les otorga exenciones impositivas pensadas originalmente para proteger al club de barrio. Sin embargo, bajo esa figura se mueven contratos millonarios, derechos de televisación y operaciones financieras de escala corporativa, lo que genera un debate legítimo sobre la equidad del sistema.
¿Qué debería hacer el Estado para democratizar el acceso al deporte?
Desde una perspectiva de derechos sociales, el Estado debería financiar la infraestructura de clubes barriales, sostener programas de deporte escolar, garantizar que el ENARD tenga un rol de desarrollo masivo y no solo de élite, y otorgar a la Secretaría de Deportes rango ministerial con presupuesto y presencia territorial real.