Familias al límite: el récord de refinanciaciones que el ajuste oculta

El dato que el gobierno prefiere no leer

En los últimos días circuló, casi de manera discreta, una estadística que merece ocupar la tapa de todos los diarios. Según Clarín, citando información oficial del Banco Central, el 3,2% de todo el saldo prestado por el sistema bancario a los hogares argentinos entró en refinanciación entre los últimos meses. Eso equivale al doble del porcentaje registrado en octubre, y representa el pico más alto en toda la serie histórica del BCRA. Dicho en criollo: nunca antes tantas familias habían tenido que ir a un banco a pedir más tiempo y menos tasa para pagar lo que deben.

El gobierno de Javier Milei va a intentar presentar esto como un problema de gestión individual, de familias que «gastaron más de lo que tenían». Esa lectura es ideológica, interesada y, fundamentalmente, falsa. Las deudas no se acumularon en el vacío: se acumularon en un contexto de caída real del salario, de tarifazos que multiplicaron el gasto en servicios básicos y de una inflación que, aunque hoy baje en los titulares, ya hizo el daño en los bolsillos de los primeros meses de gestión.

Desde el barrio, el número tiene cara

Hablemos de territorio, que es donde viven las estadísticas. El 3,2% del saldo crediticio total no es una abstracción contable. Detrás de ese porcentaje hay una familia de Florencio Varela que refinanció la tarjeta porque el sueldo no alcanzó para pagar el gas y la cuota del crédito al mismo tiempo. Hay un trabajador de Rosario que pidió más plazo para el préstamo personal que sacó cuando lo suspendieron y necesitó cubrir el alquiler. Hay una jubilada de San Justo que lleva tres meses pagando el mínimo de la tarjeta porque la canasta básica le consume el 80% del haber.

Las entidades públicas —Banco Nación, Banco Provincia— salieron a lanzar campañas de renegociación de saldos de tarjetas y créditos al consumo. Eso es positivo en la medida en que abre una válvula de alivio inmediato. Pero también es un reconocimiento tácito de que el nivel de ahogo financiero de las familias ya no puede ignorarse. Cuando el Estado tiene que salir a ofrecer refinanciación masiva, está admitiendo que su política económica generó un problema sistémico, no una serie de casos individuales de mal manejo del dinero.

La trampa del crédito en tiempos de ajuste

Hay una paradoja perversa en el modelo económico que implementó la gestión Milei. Por un lado, se alentó el consumo a través del crédito como señal de «reactivación»: más cuotas, más tarjetas, más préstamos personales. Por el otro, se mantuvieron tasas reales positivas que encarecieron esa deuda de manera sostenida, mientras el salario real tardaba en recuperarse y los servicios públicos aumentaban por encima de la inflación.

El resultado es el que los economistas heterodoxos venían advirtiendo: una burbuja de endeudamiento familiar que ahora empieza a mostrar sus primeras grietas. No es casualidad que el pico de refinanciaciones coincida con el período posterior a los mayores ajustes tarifarios. La gente se endeudó para sobrevivir —no para darse lujos— y ahora no puede pagar esa deuda.

Este es el ciclo clásico del ajuste fondomonetarista: se destruye el ingreso real, se empuja a la gente al crédito para sostener el consumo básico, y luego se la culpa de haberse endeudado. Lo vimos en el menemismo, lo vimos en la Alianza, lo vimos en el macrismo. El manual no cambia.

Lo que el Estado activo puede y debe hacer

Frente a este cuadro, la respuesta no puede ser solo la refinanciación bancaria puntual. Eso es poner un parche sobre una herida que requiere cirugía. Lo que hace falta es una política integral de alivio del endeudamiento familiar que incluya topes reales a las tasas de interés para créditos al consumo, una moratoria amplia para deudas de tarjeta por debajo de determinados montos, y un programa de asistencia directa a los sectores más vulnerables que fueron a buscar crédito porque el Estado les había quitado el colchón que antes amortiguaba los golpes.

Ese colchón tenía nombre: salario mínimo con actualización real, jubilaciones que seguían la inflación, tarifas subsidiadas para los sectores populares, programas sociales que llegaban antes de que la gente tocara fondo. Todo eso fue desmantelado en nombre del «equilibrio fiscal». El equilibrio fiscal se logró. El desequilibrio social también.

La banca pública tiene un rol estratégico que no puede reducirse a la refinanciación reactiva. El Banco Nación y el Banco Provincia deberían estar desplegando líneas de crédito a tasas subsidiadas para que las familias puedan reestructurar sus pasivos sin seguir engordando la ganancia de las entidades privadas. Eso es Estado activo. Eso es soberanía sobre el sistema financiero.

El derecho a no ser aplastado por una deuda

En Argentina, la discusión sobre derechos sociales suele concentrarse —con razón— en salud, educación y vivienda. Pero el derecho a no ser destruido financieramente por una deuda contraída para comer o pagar el gas es también un derecho social. Es el derecho a que el sistema financiero no funcione como una máquina de extracción de los sectores populares.

Cuando el 3,2% del crédito familiar entra en crisis simultáneamente, cuando ese número dobla en apenas dos meses y marca un récord histórico, estamos frente a una emergencia social que el discurso oficial del «orden macro» no puede tapar. Los barrios lo saben. Los comedores lo saben. Los trabajadores de las cooperativas de crédito y las mutuales lo saben.

El desafío político para las fuerzas nacionales y populares es traducir ese malestar difuso —«no llego, debo, refinancié»— en demanda organizada por una política de desendeudamiento popular. Así como en 2003 se habló del desendeudamiento externo como política de soberanía, hoy hay que hablar del desendeudamiento interno como política de derechos. Porque cuando una familia no puede dormir por la deuda de la tarjeta, la soberanía también está en juego.