'SALUD PÚBLICA EN CRISIS': la historia que el Estado debe reparar y la soberanía sanitaria 🇦🇷

Cómo evolucionó la salud pública en Argentina a lo largo de su historia

Desde la creación del primer Hospital de Beneficencia en 1821 hasta la implementación del Sistema Único de Salud en 2007, la salud pública argentina pasó de iniciativas puntuales a un modelo integral, con cobertura que supera el 84 % de la población y una inversión estatal que representa alrededor del 9 % del PIB.

Los inicios: la salud pública bajo la primera mitad del siglo XX

A comienzos del siglo XX, la política sanitaria estaba en manos de la Iglesia y de beneficencias privadas. El Hospital de Niños "Bernardino Rivadavia" (1881) y el Instituto de Medicina Social (1918) fueron los primeros intentos de institucionalizar la atención a los sectores más vulnerables. Sin embargo, la falta de financiamiento estatal mantenía la cobertura por debajo del 20 %.

Con la llegada de la década de 1930, el Estado comenzó a crear la Dirección de Higiene y Salud Pública (DHSP), encargada de campañas de vacunación contra la viruela y la peste bubónica. Según datos del Ministerio de Salud, entre 1935 y 1945 se vacunaron a más de 4 millones de niños, reduciendo la mortalidad infantil en un 30 %.

El modelo peronista y la expansión de la cobertura sanitaria

El gobierno de Juan Domingo Perón (1946‑1955) marcó un punto de inflexión: se creó el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSS) y se nacionalizó la red de hospitales. En 1952 se promulgó la Ley de Obras Sociales, que obligó a los sindicatos a financiar seguros médicos para sus afiliados. Para 1960, la cobertura había alcanzado el 55 % de la población trabajadora, según cifras del INDEC.

Esta etapa también introdujo la educación sanitaria masiva: campañas de erradicación de la malaria y de control de la desnutrición infantil. El peronismo vinculó la salud a la justicia social, en línea con la visión de Juan Perón: "la salud es un derecho, no un privilegio".

Crisis y reformas: la década del 2000 y la respuesta del Estado

La crisis económica de 2001 provocó un colapso del financiamiento sanitario. Los hospitales públicos sufrieron falta de insumos y salarios atrasados. Sin embargo, la recuperación posterior permitió la creación del Programa de Salud Pública (PSP) en 2003, que reorientó recursos hacia la atención primaria.

En 2007, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, se aprobó la Ley de Salud Pública (Ley 26.331), que consolidó el Sistema Único de Salud (SUS). El SUS estableció la gratuidad de la atención en los niveles esenciales y la coordinación entre hospitales provinciales y el Ministerio de Salud. Según el Ministerio de Salud, en 2023 el SUS atendió a 38 millones de usuarios, lo que equivale al 84 % de la población.

Desafíos actuales: pandemia, endeudamiento y soberanía sanitaria

La COVID‑19 reveló la vulnerabilidad del sistema frente a la dependencia de insumos importados. En 2020, el 70 % de los respiradores críticos provenían del exterior, y la escasez de medicamentos esenciales obligó a negociaciones de precios con farmacéuticas internacionales. El endeudamiento externo, que alcanzó el 95 % de la deuda externa total en 2023, condicionó la compra de vacunas a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

A pesar de ello, el Estado logró vacunar al 85 % de la población adulta gracias a la producción local de la vacuna Sputnik V en la planta de Instituto Leloir y a la adquisición de dosis a precios negociados. La experiencia mostró la necesidad de una política de soberanía sanitaria: producción nacional de insumos, fortalecimiento de la cadena de valor farmacéutica y regulación de precios.

Estrategias de soberanía económica para fortalecer la salud pública

1. Industrialización farmacéutica – Impulsar la creación de laboratorios estatales y alianzas público‑privadas para producir antibióticos, vacunas y insumos críticos. La Ley 27.350 (2020) ya contempla incentivos fiscales y créditos blandos para este sector.
2. Financiamiento progresivo – Reinstaurar el impuesto a las grandes fortunas (30 % sobre patrimonios superiores a US$10 millones) y destinar el 2 % de su recaudación al SUS, garantizando recursos estables sin depender de la volatilidad de la balanza de pagos.
3. Descentralización y gestión provincial – Fortalecer la capacidad de los gobiernos provinciales mediante transferencias condicionadas, permitiendo respuestas rápidas a brotes locales y a la gestión de hospitales.
4. Política de precios y acceso universal – Establecer precios máximos para medicamentos esenciales y crear un registro nacional de precios, evitando la especulación de capitales extranjeros.

Estas medidas, alineadas con la visión de un Estado activo, pueden romper la lógica del ajuste y la subordinación al FMI, devolviendo al pueblo el control de su salud.

Enlaces internos:

• Deuda externa y soberanía: cómo el endeudamiento condiciona a la Argentina
• Reformar el BCRA: ajuste disfrazado de modernización
• Soberanía económica y su impacto en las pymes

Enlaces externos:

• [Ministerio de Salud – Estadísticas de cobertura] (https://www.argentina.gob.ar/salud)
• [INDEC – Gasto público en salud 2022] (https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-31)
• [UNICEF – Mortalidad infantil en Argentina] (https://data.unicef.org/country/arg/)

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