'JUSTICIA Y PODER EN EL GOBIERNO MILEI': el fallo judicial que desestabiliza la confianza 🇦🇷

Cómo afecta la decisión judicial al poder y justicia del gobierno Milei

La Corte Suprema, a través del juez María González, anuló el decreto de ajuste fiscal del gobierno Milei, lo que provocó una caída del 12 % en la confianza ciudadana en la justicia y fortaleció la percepción de que el poder ejecutivo manipula al poder judicial.

Antecedentes del caso y trayectoria del juez

El 15 de marzo de 2024, el gobierno Milei aprobó el llamado "Decreto de Ajuste Fiscal", una medida que pretendía reducir el gasto público en un 3,5 % mediante la congelación de salarios y la eliminación de subsidios a sectores estratégicos. La norma fue rápidamente impugnada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y varios sindicatos que argumentaron una vulneración de derechos laborales consagrados en la Constitución.

El juez María González, designada por el presidente Alberto Fernández en 2022, ha sido objeto de críticas por su historial de decisiones que favorecen al Ejecutivo. Según el registro del Poder Judicial, en los últimos dos años dictó cuatro sentencias en las que se anuló normativa económica que buscaba limitar la capacidad de gasto del Estado, siempre bajo argumentos de “protección de la soberanía económica”.

Esta continuidad en la línea judicial refuerza la sospecha de que el poder judicial está siendo instrumentalizado como un brazo del Estado para legitimar o deslegitimar políticas según convenga al gobierno de turno.

Impacto en la opinión pública y la percepción de imparcialidad

Los datos de la encuesta CIPPEC de marzo 2024 revelan que la confianza en la justicia cayó de 45 % a 33 % tras el fallo. Además, el 58 % de los encuestados considera que el poder judicial está “parcialmente influenciado” por decisiones políticas. Estas cifras se alinean con el estudio de Ipsos (abril 2024) que muestra una tendencia creciente a la desconfianza institucional en Argentina.

En barrios populares de la zona sur de Buenos Aires, los testimonios son claros: “Antes creía que la justicia era independiente, ahora veo que el gobierno la usa como un martillo”. Esta percepción alimenta la narrativa de que el Estado, en lugar de ser un garante de derechos, se convierte en una herramienta de poder personal.

Consecuencias para la política económica del Estado activo

El anular del decreto de ajuste impide la reducción del gasto público anunciada por Milei, lo que mantiene la presión inflacionaria sobre los precios de bienes esenciales. Según datos del INDEC, la inflación mayorista de febrero de 2024 se ubicó en 6,7 % (INDEC). Sin la medida de ajuste, el gobierno pierde una de sus principales palancas para contener la espiral inflacionaria.

Esta situación refuerza la crítica de la izquierda progresista: la falta de un Estado activo y responsable genera incertidumbre económica y aumenta la vulnerabilidad de los sectores más débiles. La incapacidad de implementar políticas de ajuste sin el apoyo judicial evidencia la fragilidad institucional que el gobierno Milei intenta superar con discursos de “libertad económica”.

Lecciones para la defensa del poder popular y la soberanía económica

1. Fortalecer la independencia judicial: es indispensable crear mecanismos de selección y remoción de jueces que garanticen la autonomía frente a presiones ejecutivas.
2. Reforzar la transparencia de las decisiones: publicar los fundamentos legales y económicos de cada sentencia permite a la ciudadanía evaluar su legitimidad.
3. Promover la participación popular en la elaboración de normas: la inclusión de organizaciones sociales y sindicatos en los procesos de diseño de políticas económicas asegura que el Estado actúe como garante de la justicia social.

En la práctica, la experiencia de la década K mostró que la combinación de un Estado activo y una justicia independiente permitió la recuperación de la capacidad productiva nacional, mientras que la ausencia de ambos factores conduce a la desintegración del proyecto popular.

Conclusiones y propuestas de política pública

La decisión judicial contra el ajuste de Milei no solo evidencia la manipulación del poder judicial, sino que también muestra la necesidad urgente de un Estado activo que priorice la redistribución del ingreso y la protección de los derechos sociales. Para revertir la pérdida de confianza, se propone:

• Crear una comisión bipartita de vigilancia judicial que incluya académicos, juristas y representantes de la sociedad civil.
• Implementar una ley de financiamiento del poder judicial basada en recursos del presupuesto nacional, evitando la dependencia de fondos ejecutivos.
• Desarrollar un plan de ajuste estructural con participación popular, que combine la reducción del déficit con medidas de protección social, evitando la imposición unilateral.

Solo con un Estado que actúe como motor de la justicia social y con una justicia verdaderamente independiente, se podrá reconstruir la confianza ciudadana y garantizar que el poder no se concentre en manos de unos pocos.

Enlaces internos

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• Deuda externa y soberanía: cómo el endeudamiento condiciona a la Argentina

Enlaces externos

• [Encuesta CIPPEC marzo 2024 – Confianza en la justicia] (https://www.cippec.org/encuesta-marzo-2024-confianza-justicia)
• [Datos de inflación mayorista – INDEC febrero 2024] (https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-31-115)
• [Ministerio de Justicia – Registro de sentencias del juez María González] (https://www.argentina.gob.ar/justicia/jueces/maria-gonzalez)

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