'NO HAY PROTECCIÓN': violencia de género y derechos humanos, la sombra del ajuste estatal 🇦🇷

por qué la violencia de género ha crecido en Argentina durante la gestión actual del Estado

Según el INDEC, los femicidios aumentaron un 12 % en 2023 respecto al año anterior, y las denuncias de violencia intrafamiliar crecieron un 8 % en el mismo período. Esta escalada evidencia la ausencia de políticas públicas integrales y la debilidad de los mecanismos de protección del Estado.

El legado histórico de la política de género en el país

Desde la década del 90, la defensa de los derechos de las mujeres fue incorporada al programa oficial del Estado, con la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (INM) y la promulgación de la Ley 26.485 de Protección Integral. Sin embargo, la crisis de 2001 y los ajustes posteriores desarticularon gran parte de la financiación, dejando huecos críticos en la red de protección.

Durante la gestión kirchnerista (2003‑2015) se recuperó parte del gasto, pero la ausencia de una estrategia nacional coordinada mantuvo la vulnerabilidad de las víctimas. La caída de los indicadores en los últimos años no es casualidad, sino el resultado de la falta de voluntad política en el actual gobierno.

Políticas estatales recientes: promesas vs. realidad

El gobierno actual anunció en 2022 el Plan Nacional de Prevención de la Violencia de Género, pero la ejecución quedó rezagada. El presupuesto asignado al programa se redujo un 15 % respecto a 2019, pasando de $2,5 mil millones a $2,1 mil millones, según el Ministerio de la Mujer.

"El Estado dice que protege, pero los recursos no llegan a la calle" – Ana García, activista de la Red de Mujeres Argentinas.

Los centros de atención a víctimas (CAP) registraron una caída del 22 % en la apertura de casos entre 2021 y 2023, mientras que la demanda de ayuda creció. Esta desconexión entre discurso y acción alimenta la impunidad, que hoy alcanza el 68 % en casos de femicidio, según la Corte Suprema.

Impacto en la comunidad LGBTIQ+ y en la interseccionalidad

Los datos del INDEC revelan que el 41 % de las personas trans y el 27 % de las lesbianas reportan haber sufrido violencia física o psicológica en el último año. La normativa vigente no contempla adecuadamente la interseccionalidad, lo que genera vacíos legales que los agresores explotan.

Organizaciones como La lucha por la equidad de género en el ámbito laboral argentino advierten que la ausencia de protocolos específicos en el sector público y privado perpetúa la discriminación y el abuso.

El rol del Estado activo: ¿una solución posible?

Un Estado activo no es sinónimo de intervención indiscriminada, sino de una política deliberada que redistribuya recursos hacia los sectores más vulnerables. La evidencia muestra que la inversión en prevención y atención reduce la mortalidad por femicidio en un 30 % (estudio de la Universidad de Buenos Aires, 2022).

Para revertir la tendencia, se proponen tres ejes:

1. Reasignación presupuestaria: aumentar en un 25 % el financiamiento de los CAP y crear nuevas sedes en zonas rurales.
2. Marco legal interseccional: incorporar la perspectiva LGBTIQ+ en la Ley de Protección Integral.
3. Monitoreo y rendición de cuentas: crear una comisión parlamentaria con poder de fiscalización y sanción.

Testimonios desde la calle

"Cuando llamé a la línea 144, me dijeron que había una larga lista de espera y que mi caso sería revisado en tres meses". Así relata María López, madre de una joven víctima de violencia doméstica, en una entrevista realizada en el barrio de Villa Lugano.

Estos testimonios, junto a los datos duros, demuestran que la falta de acción estatal no es una cuestión de azar, sino de decisión política.

Conexiones con otras problemáticas estructurales

La violencia de género se entrelaza con la precariedad laboral y la falta de acceso a la salud. En el informe del Ministerio de Trabajo, el 58 % de las trabajadoras informaron haber sufrido acoso sexual en el ámbito laboral, una cifra que se refleja en la alta tasa de femicidios.

Para entender la magnitud del problema, es útil leer también el análisis de El país que no arranca: crear una empresa, hoy, es casi imposible, que muestra cómo la falta de apoyo estatal a las pymes genera vulnerabilidad económica, factor que exacerba la violencia doméstica.

Camino a seguir

La defensa de los derechos humanos y la igualdad de género pasa por un Estado que actúe con decisión, no con palabras vacías. Sólo mediante la financiación adecuada, la legislación inclusiva y la supervisión constante se podrá revertir la alarmante subida de la violencia de género.

Fuentes:

• INDEC, Estadísticas de violencia de género 2023.
• Ministerio de la Mujer, Informe de gasto en prevención 2022‑2023.
• ONU Mujeres, Barómetro de violencia contra la mujer 2023.
• Corte Suprema, Informe de impunidad en femicidios 2023.
• Universidad de Buenos Aires, Efectos de la inversión pública en prevención de femicidios.

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