Privatización del agua AYSA: el riesgo de vender nuestro recurso esencial 🇦🇷

por qué la privatización del agua de AYSA amenaza la soberanía hídrica y el acceso universal

La privatización de AYSA compromete la soberanía hídrica porque transferiría la gestión del suministro a empresas privadas, lo que históricamente ha generado aumentos de tarifas de entre 30% y 50% y reducciones en la cobertura de servicios esenciales. Además, la lógica del lucro tiende a priorizar la rentabilidad sobre el derecho universal al agua, vulnerando directamente la Constitución Nacional que reconoce el acceso al agua como un derecho humano.

Este riesgo se vuelve aún más grave cuando se considera la dependencia creciente de capitales externos para financiar la infraestructura, lo que implica que decisiones técnicas pasen a estar condicionadas por intereses ajenos a la ciudadanía.

Historia del control estatal del agua en Argentina

Desde la nacionalización de los servicios de agua en la década de 1970, el Estado argentino ha garantizado la universalidad del acceso, especialmente en áreas marginales del Gran Buenos Aires. La creación de AYSA en 1993 bajo la lógica del Estado activo buscó consolidar la gestión pública y evitar la fragmentación que había caracterizado a los años anteriores.

Durante la crisis de 2001, la mantención del control estatal permitió que, pese a la caída del PIB, el suministro no se interrumpiera de forma masiva, a diferencia de lo ocurrido en países donde la gestión se privatizó antes de la crisis.

Para profundizar en la trayectoria del Estado en la gestión hídrica, leemos El país que no arranca: crear una empresa, hoy, es casi imposible.

Lecciones internacionales: casos de privatización del agua

• Chile (1981‑2005): La concesión a empresas privadas elevó la tarifa promedio un 45 % y redujo la cobertura en zonas rurales en un 20 % (Universidad de Chile).
• Bolivia (2000‑2006): La privatización de Cochabamba desencadenó la famosa “Guerra del Agua”, con protestas masivas que obligaron al gobierno a revertir la concesión.
• Sudáfrica (1998‑2008): La gestión privada generó déficits de inversión en mantenimiento, provocando fugas que representaron el 30 % del agua distribuida.

Estos ejemplos demuestran que la lógica del mercado rara vez se alinea con la garantía del derecho al agua y que la pérdida de control estatal suele traducirse en aumentos tarifarios y disminución de la cobertura.

Impacto económico y social de la posible privatización de AYSA

La tarifa actual de AYSA, según datos del BCRA, ronda los 2.800 pesos mensuales por consumo promedio. Un estudio de la Universidad de Buenos Aires proyecta que una privatización podría elevar esa cifra entre 30 % y 50 % en los primeros cinco años, afectando directamente a más de 3 millones de usuarios.

El aumento de la tarifa tendría un efecto regresivo: los hogares de ingresos bajos, que ya destinan un 8 % de sus ingresos al consumo de agua, verían su presupuesto comprimido, lo que podría traducirse en cortes de otros gastos esenciales como alimentación o salud.

Además, la pérdida de control estatal debilitaría la capacidad del gobierno para implementar políticas de tarifas sociales y subsidios, herramientas que históricamente han mitigado la desigualdad en el acceso al agua.

Propuestas del Estado para fortalecer la gestión pública del agua

1. Ampliar la inversión pública: Incrementar el gasto en infraestructura hídrica al 4 % del PBI, alineado con la media latinoamericana, para modernizar la red y reducir pérdidas técnicas.
2. Crear una tarifa social universal: Extender el modelo de subsidio que ya aplica en barrios vulnerables a todo el conurbano, garantizando que ninguna familia pague más del 5 % de sus ingresos en agua.
3. Fortalecer la regulación: Dotar a la Autoridad Regulatoria del Agua (ARA) de mayores competencias para fiscalizar la calidad del servicio y sancionar incumplimientos.

Estas medidas, apoyadas por la experiencia de la década K, demuestran que el Estado puede combinar eficiencia operativa con justicia social sin ceder el control a intereses privados.

Cómo organizar la defensa popular del recurso hídrico

Los movimientos sociales y sindicatos han jugado un rol clave en la defensa del agua. La CGT, junto a organizaciones vecinales, pueden articular una campaña nacional de información, utilizando datos de fuentes como el INDEC y el Ministerio de Obras Públicas para evidenciar los riesgos de la privatización.

Se recomienda crear mesas de trabajo en cada municipio, donde se discutan propuestas de tarifas sociales y se planifique la presión política contra cualquier intento de concesión. Más información sobre la lucha sindical contra el endeudamiento se encuentra en Deuda externa y soberanía: cómo el endeudamiento condiciona a la Argentina.

Fuentes

• Ministerio de Obras Públicas – AYSA datos 2023
• INDEC – Encuesta de Hogares 2022
• Universidad de Chile – Estudio de tarifas de agua privatizada

Relacionado: Milei y el ataque a la educación pública — otra mirada sobre el mismo tema.