La tierra no se vende: el proyecto que abre la puerta a la entrega territorial

Una alarma que no debería caer en el vacío

El senador Ricardo Valdés encendió una señal de alerta que merece ser escuchada más allá de los pasillos del Congreso. Según informó Parlamentario, el legislador cuestionó con dureza un proyecto vinculado a la regulación de tierras y advirtió que su aprobación implicaría una "entrega total del país". No son palabras livianas, y no deberían leerse como mera retórica opositora. Detrás de esa frase hay una pregunta que la Argentina lleva décadas postergando: ¿hasta dónde puede llegar la desregulación antes de que lo que se entregue ya no pueda recuperarse?

La tierra no es una mercancía cualquiera. Es el sustrato material de la soberanía. Es donde se produce el alimento, donde corren los ríos, donde se asientan las comunidades. Tratarla como un activo financiero más —disponible para quien tenga el capital suficiente, sin importar su origen ni su proyecto— no es modernización: es liquidación.

El contexto no es neutro: desregulación como política de Estado

Este proyecto no surge en el vacío. Emerge en el marco de una administración que hizo de la desregulación su bandera, que desguazó organismos de control, que abrió el mercado cambiario a lógicas especulativas y que subordinó la política económica doméstica a los dictados del Fondo Monetario Internacional. En ese ecosistema ideológico, flexibilizar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros no es una excepción: es la continuidad lógica de un modelo que concibe al Estado como obstáculo y al capital transnacional como solución.

Argentina ya tiene una ley de protección de tierras rurales —la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner— que estableció un techo del 15% de las tierras rurales que pueden estar en manos extranjeras, con un máximo del 30% por provincia y del 15% por nacionalidad. Fue una conquista legislativa que reconoció, tardíamente, que el territorio es un bien estratégico no renovable. Si el proyecto cuestionado por Valdés apunta a horadar esa protección, estamos ante un retroceso de proporciones históricas.

Soberanía territorial y soberanía financiera: dos caras de la misma moneda

No es casual que la discusión sobre tierras ocurra mientras el gobierno profundiza su acuerdo con el FMI. La lógica es la misma: abrir, desregular, garantizar condiciones para el capital externo. Primero fue la soberanía monetaria —con un esquema cambiario que prioriza el pago de deuda por sobre la actividad productiva interna—, ahora asoma la soberanía territorial.

La historia argentina es pródiga en enseñanzas sobre este punto. La concentración de la tierra en pocas manos extranjeras no es una novedad: fue el modelo de la Argentina agroexportadora del siglo XIX, el que Perón intentó revertir con la reforma agraria frustrada, el que el desarrollismo intentó compensar con industrialización. Cada vez que la Argentina apostó a la soberanía sobre sus recursos, creció. Cada vez que los entregó, se empobreció y se endeudó.

Hoy, cuando los países del BRICS discuten soberanía alimentaria, cuando China y Rusia acumulan reservas territoriales estratégicas, cuando la integración latinoamericana que supo construir el MERCOSUR y la CELAC pone en el centro la autonomía regional frente a las potencias financieras, la Argentina debate si venderle su suelo al mejor postor global. La contradicción no podría ser más elocuente.

¿Qué queda cuando no queda tierra?

La pregunta no es abstracta. Hay provincias argentinas —Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Corrientes— donde la extranjerización de la tierra ya es un fenómeno visible y documentado. Hay humedales, acuíferos, corredores de biodiversidad que colindan con propiedades en manos de fondos de inversión o fortunas privadas extranjeras que no responden a ninguna lógica productiva nacional. Hay comunidades campesinas e indígenas que fueron desplazadas para hacer lugar a ese proceso.

Permitir que ese avance se acelere, sin regulación efectiva, sin un Estado que intervenga como garante del interés nacional, no es solo un error de política económica: es una abdicación de soberanía que las generaciones futuras no van a perdonar. La tierra, una vez vendida, raramente vuelve. Y cuando vuelve, lo hace a un costo social altísimo.

El kirchnerismo entendió esto. La Ley de Tierras de 2011 fue parte de un ciclo de recuperación de soberanía que incluyó la renacionalización de YPF, la reestatización del sistema previsional, la regulación de capitales. No fueron medidas perfectas, pero tuvieron una lógica: el Estado como sujeto activo en la defensa del patrimonio colectivo.

Lo que el debate parlamentario debería garantizar

La advertencia de Valdés merece traducirse en una exigencia concreta al Congreso: que cualquier modificación al régimen de tierras sea debatida con transparencia, con audiencias públicas, con participación de las provincias y de las organizaciones campesinas e indígenas, y con un dictamen técnico del INDEC sobre el estado actual de la extranjerización rural.

No alcanza con el alerta de un legislador. Hace falta que la oposición con vocación nacional construya una barrera parlamentaria efectiva. Y hace falta, también, que la sociedad entienda que este debate no es sobre burocracia ni sobre trabas al mercado: es sobre quién va a ser dueño de la Argentina en veinte años.

La soberanía no se defiende solo con discursos. Se defiende con leyes, con Estado presente, con la convicción de que hay cosas que no están en venta. La tierra es una de ellas. Si lo olvidamos, no habrá integración regional, ni proyecto nacional, ni futuro posible sobre el cual construir.

El suelo que pisamos no es un activo financiero. Es la patria.