La reforma del BCRA de Milei: quién paga el ajuste tiene nombre y género

Una reforma que se presenta como técnica pero es profundamente política

Javier Milei expuso ante legisladores las líneas centrales de su proyecto para reformar el Banco Central de la República Argentina, según informó Cadena 3. La propuesta apunta a redefinir el mandato, la autonomía y las funciones del organismo monetario más importante del país. El oficialismo la encuadra como una modernización inevitable, como si reorganizar la arquitectura del banco central fuera un asunto de ingeniería financiera sin consecuencias distributivas. Esa pretensión de neutralidad técnica es, precisamente, el primer engaño que hay que desmontar.

Las reformas institucionales de los bancos centrales nunca son neutrales. Definen quién controla la política monetaria, con qué objetivos y a favor de qué intereses. Cuando se habla de «independencia del BCRA», en el vocabulario del FMI y de los mercados financieros eso significa una sola cosa: atar las manos del Estado para que no pueda financiar gasto social, regular el crédito, sostener el empleo o proteger el poder adquisitivo del salario. No es una metáfora: es el manual de ajuste estructural que la Argentina ya conoce de memoria desde los noventa.

El ajuste tiene cara de mujer —y también de travesti, trans y no binarie

Cuando el Estado resigna soberanía monetaria, cuando se recorta el crédito productivo, cuando se subordina la política económica a metas de inflación fijadas en Washington, los primeros sectores en quedar sin red son aquellos que dependen del gasto público para sobrevivir. Y ahí la perspectiva de género no es un agregado opcional: es una lente indispensable.

En la Argentina, las mujeres representan la mayoría de las trabajadoras del sector público, de las beneficiarias de programas sociales y de las jefas de hogar en situación de pobreza. Según datos del INDEC, la tasa de desocupación femenina supera consistentemente a la masculina, y la brecha salarial de género ronda el 27% en el mercado formal. Cuando se ajusta el gasto, se ajusta sobre ellas primero.

Pero el impacto no se detiene ahí. Las personas trans y travestis —que en la Argentina tienen una expectativa de vida que no llega a los 40 años según relevamientos del Ministerio de las Mujeres— dependen de manera crítica de políticas activas del Estado: el cupo laboral travesti-trans, los programas de inclusión financiera, las líneas de microcrédito de la banca pública. Una reforma del BCRA que priorice la «estabilidad» por sobre el desarrollo con equidad no es inocua para estas poblaciones: es directamente regresiva.

Las migrantes, en particular las latinoamericanas que sostienen economías informales en los grandes centros urbanos, también quedan expuestas. Sin acceso al crédito formal, sin cobertura de la seguridad social plena, son las primeras en sufrir cuando se contrae la liquidez y se encarece el financiamiento popular.

Soberanía monetaria y feminismo popular: una agenda que se toca

Hay una tradición intelectual que en la Argentina todavía se subestima: la de pensar la macroeconomía desde una perspectiva feminista y popular. Economistas como Mercedes D'Alessandro —primera directora de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía— demostraron que el trabajo de cuidados no remunerado, realizado mayoritariamente por mujeres, equivale a más del 15% del PBI. Ese trabajo invisible sostiene la reproducción social del país, y ninguna reforma del BCRA lo contabiliza ni lo protege.

Cuando Milei habla de «liberar» al banco central de sus funciones de financiamiento al Tesoro, está hablando de secarle el oxígeno a las políticas públicas que sostienen ese entramado de cuidados. Las salas cuna, los comedores escolares, los programas de acompañamiento a víctimas de violencia de género: todo eso requiere presupuesto. Y el presupuesto requiere un Estado con capacidad de acción, no uno amputado por una reforma que responde a los acreedores externos antes que a la ciudadanía.

El antecedente que el oficialismo no quiere recordar

La Argentina ya vivió este experimento. La reforma de la Carta Orgánica del BCRA de 1992 —bajo la convertibilidad menemista— y su posterior asfixia durante el blindaje y el megacanje desembocaron en la crisis de 2001. Esa crisis no fue un fenómeno abstracto: tuvo un rostro humano muy concreto. Fue la jubilada que perdió sus ahorros en el corralito. Fue la trabajadora textil que se quedó sin empleo cuando las importaciones baratas destruyeron la industria nacional. Fue la adolescente que dejó la escuela para ayudar a su familia.

La reforma de 2012, impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, restableció la Carta Orgánica con un criterio completamente opuesto: el BCRA debía contribuir al desarrollo económico con equidad social. Esa orientación permitió financiar obra pública, sostener el empleo y expandir el crédito productivo. No fue perfecta, pero fue soberana.

Lo que propone Milei es un retroceso a la lógica de los noventa, con nuevo lenguaje libertario pero con el mismo resultado previsible: concentración de la riqueza, desindustrialización y ajuste sobre los sectores más vulnerables.

Lo que está en juego: el banco central como herramienta de justicia social

Un banco central no es solo una institución técnica que cuida la inflación. Es un instrumento de política económica que puede orientarse hacia la equidad o hacia la concentración. Puede financiar vivienda popular o garantizarles rentabilidad a los fondos de inversión. Puede regular el crédito para que llegue a las pequeñas productoras rurales o dejarlo fluir libremente hacia los sectores de mayor rentabilidad financiera.

La reforma que impulsa el gobierno nacional elige el segundo camino en cada una de esas disyuntivas. Y esa elección no es técnica: es ideológica, es de clase, y —como intentamos mostrar acá— también es de género.

Desde Voces del Estado sostenemos que la discusión sobre el BCRA no puede darse solo en los pasillos del Congreso o en las páginas de economía de los grandes diarios. Tiene que darse en los barrios, en las organizaciones de mujeres, en los espacios de la disidencia sexual, en los sindicatos. Porque las consecuencias de esta reforma van a sentirse en la heladera, en el bolsillo y en el cuerpo de las personas que menos poder tienen para defenderse.