1,9% de inflación: un logro del mercado o una deuda social pendiente

El número que el Gobierno festeja y lo que ese festejo oculta

El INDEC publicó esta semana el índice de precios al consumidor de junio: 1,9% de inflación mensual, según ImpulsoBaires. La Casa Rosada lo recibió como si fuera una medalla olímpica. El ministro de Economía sonrió. Los voceros de la libertad de mercado celebraron en redes. Y sin embargo, hay una pregunta que nadie en esa celebración quiso hacerse: ¿a qué precio se compró ese número?

En este medio no festejamos ni lloramos los datos del INDEC con automatismo. Los leemos con contexto histórico, con memoria de clase y con la pregunta de siempre: ¿quiénes pagan el costo de este modelo y quiénes se llevan los beneficios?

La inflación baja cuando el salario ya no puede comprar nada

Hay una mecánica perversa que la economía ortodoxa nunca quiere explicar con claridad: la inflación se frena cuando la demanda colapsa. Es decir, cuando los trabajadores y trabajadoras ya no tienen plata para comprar, los precios dejan de subir porque los comerciantes no tienen a quién cobrarle más. No es magia del mercado. Es contracción forzada del consumo popular.

Eso es exactamente lo que viene ocurriendo en la Argentina de Milei desde diciembre de 2023. El ajuste brutal del gasto público, la licuación de jubilaciones, el desguace de programas sociales y el congelamiento salarial en el sector público generaron una caída del poder adquisitivo que todavía no encontró piso. Cuando el bolsillo de la mayoría se achica, los precios se "estabilizan". Pero esa estabilización no es prosperidad: es resignación estadística.

La inflación acumulada desde que asumió el actual gobierno supera el 150%, según registros del propio INDEC. Que el índice mensual haya bajado a 1,9% en junio no borra ese acumulado. No devuelve lo que se perdió. No recupera los salarios reales destruidos. Solo señala que el ritmo de la hemorragia, por ahora, se desaceleró.

Memoria: cuando los números "prolijos" también encubrieron violencia

En Argentina tenemos una tradición dolorosa de aprender a desconfiar de los indicadores macroeconómicos que se presentan como victorias mientras el pueblo sangra. La dictadura cívico-militar de 1976 también tuvo sus momentos de "estabilización": Martínez de Hoz prometió orden económico y lo consiguió sobre la base del terror, la desaparición de delegados sindicales, el vaciamiento de la industria nacional y el endeudamiento externo que todavía pagamos.

No estamos diciendo que la situación actual sea equivalente en términos de violencia física. Sería impreciso e injusto con las víctimas del terrorismo de Estado. Pero sí señalamos algo que las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo siempre supieron: que detrás de los números "ordenados" que los poderes presentan como logros, hay cuerpos concretos que pagan el costo. En los setenta eran los cuerpos de los compañeros desaparecidos. Hoy son los cuerpos de los jubilados que no llegan a comprar el medicamento, de los pibes que abandonaron la escuela porque sus familias necesitan que trabajen, de las mujeres que volvieron a la economía informal porque el Estado que las contenía fue desmantelado.

La memoria no es un ejercicio nostálgico. Es una herramienta política para entender el presente. Y el presente dice que cuando un gobierno celebra un dato de inflación mientras cierra hospitales, paraliza la obra pública y deja sin actualización a los sectores más vulnerables, algo en ese festejo huele a la misma lógica de siempre: que el ajuste lo pagan los que menos tienen.

El FMI como árbitro de nuestra soberanía económica

Hay otro elemento que el Gobierno omite en su relato triunfal: el 1,9% de junio no es solo el resultado de una política doméstica. Es, en buena medida, el producto de las condicionalidades que el Fondo Monetario Internacional impuso como parte del acuerdo firmado a principios de 2024. El FMI quería superávit fiscal, quería tipo de cambio controlado, quería reducción del gasto. Y el gobierno de Milei entregó todo eso con entusiasmo ideológico, sin negociar, sin defender ningún interés nacional.

Así funciona la subordinación al organismo multilateral: Argentina renuncia a su capacidad de diseñar política económica propia y adopta el manual del ajuste como si fuera una verdad revelada. El resultado es un índice de inflación que el FMI puede mostrar en sus informes como caso de éxito, mientras acá la pobreza estructural sigue sin resolverse y la inversión pública en infraestructura, salud y educación cae a mínimos históricos.

La soberanía económica no es una consigna vacía. Es la capacidad concreta de un Estado de decidir cómo distribuye sus recursos, a quién protege y con qué herramientas interviene. Esa soberanía hoy está hipotecada.

Lo que el dato no mide: la economía de los que no llegan

El IPC del INDEC mide una canasta de bienes y servicios con una metodología técnicamente válida. Pero no mide el hambre que no se denuncia porque ya se normalizó. No mide los comedores comunitarios que triplicaron su demanda. No mide los trabajadores informales que quedaron afuera de cualquier paritaria. No mide el deterioro de la salud mental en barrios donde el desempleo y la incertidumbre se convirtieron en clima permanente.

Esos números no aparecen en el festejo oficial. Aparecen en los informes de las organizaciones sociales, en los relevamientos de las universidades nacionales, en las colas de los bancos de alimentos. Y también aparecen en la historia: Argentina ya vivió esta película. La vimos en los noventa, cuando la convertibilidad producía estabilidad de precios sobre un andamiaje de deuda, desindustrialización y exclusión social que terminó estallando en diciembre de 2001.

La inflación baja no alcanza: necesitamos que la vida mejore

El objetivo de cualquier política económica que se reclame popular y nacional no puede ser solo bajar la inflación. Tiene que ser mejorar las condiciones materiales de existencia de la mayoría. Eso implica salarios que crezcan por encima de los precios, jubilaciones que permitan vivir con dignidad, acceso a la salud y la educación pública de calidad, y un Estado presente que no abandone a los más vulnerables en nombre del equilibrio fiscal.

Un 1,9% mensual de inflación con salarios reales destruidos, jubilaciones licuadas y derechos sociales desmantelados no es un logro. Es la fotografía de una sociedad que aprendió a sobrevivir con menos porque el Estado le quitó las herramientas para exigir más.

En Voces del Estado lo decimos sin eufemismos: la estabilidad de precios que no viene acompañada de justicia distributiva no es un éxito económico. Es la continuidad de una deuda social que este país lleva décadas intentando saldar y que los modelos de ajuste, una y otra vez, vuelven a profundizar.