Salario mínimo y desigualdad en Argentina: una herramienta en disputa

Un piso que ordena todo el edificio salarial

El Salario Mínimo, Vital y Móvil fue concebido en la Argentina como una garantía civilizatoria: ningún trabajador registrado debería percibir menos que aquello necesario para alimentarse, vestirse, educar a sus hijos, acceder a una vivienda digna y disfrutar del tiempo libre. Así lo establece el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, en sintonía con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. No es una consigna: es derecho positivo argentino, sostenido con matices por gobiernos de distinto signo desde 1964.

Más allá del principio, el SMVM opera como un ancla del edificio salarial. Cuando el piso se mueve hacia arriba, arrastra convenios colectivos, empuja categorías iniciales y comprime la distancia entre los que menos ganan y los que ganan sueldos medios. Cuando el piso se hunde, la dispersión salarial se dispara y los deciles inferiores quedan a la intemperie.

Por eso discutir el impacto del salario mínimo en la desigualdad en Argentina no es un ejercicio académico. Es discutir si el Estado interviene para poner un límite a lo que el mercado, librado a su propia lógica, tiende a producir: concentración arriba, precarización abajo.

Qué dice la evidencia: SMVM y compresión de la distribución

La literatura económica —tanto ortodoxa como heterodoxa— coincide en un punto: un salario mínimo bien calibrado reduce la desigualdad en la parte baja de la distribución. Trabajos de la CEPAL sobre América Latina muestran que en los países donde el mínimo se recuperó en términos reales durante los 2000, el índice de Gini cayó de manera consistente. Argentina fue, entre 2003 y 2015, uno de los casos más citados.

En ese período, el SMVM se recuperó fuertemente en términos reales y pasó a ser una referencia efectiva del mercado laboral. La combinación con paritarias libres, moratorias previsionales y ampliación de la Asignación Universal por Hijo produjo la mayor caída de la desigualdad medida por el Gini en tres décadas, según datos del INDEC y de la propia Cepal.

El mecanismo es sencillo:

• Comprime la brecha entre trabajadores registrados de baja calificación y el promedio.
• Sirve de referencia informal en negociaciones del sector no registrado (aunque no lo cubra legalmente).
• Se traslada a jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas y programas sociales atados a su evolución.
• Sostiene la demanda agregada del mercado interno, protegiendo empleo en comercios y pymes.

Cuando cualquiera de estas correas se corta, el efecto redistributivo se debilita.

El deterioro reciente: cuando el piso se hunde

Desde 2018 en adelante, con distintos ritmos, el SMVM viene perdiendo poder adquisitivo. La aceleración inflacionaria posterior a 2022 y, especialmente, el shock devaluatorio de diciembre de 2023 profundizaron el retroceso. Según relevamientos de consultoras y del propio Consejo del Salario, el mínimo perforó en 2024 pisos históricos en términos reales, ubicándose muy por debajo de la Canasta Básica Total que mide el INDEC.

El dato es brutal en su simpleza: un salario mínimo que no alcanza para cubrir la canasta de pobreza de un adulto deja de cumplir su función constitucional. Ya no es "vital". Y si no es vital, difícilmente sea móvil hacia arriba: se convierte en una referencia decorativa que el mercado ignora.

La consecuencia distributiva es directa. Cuando el mínimo se licúa, los convenios más débiles pierden ancla, los sectores informales sufren la pérdida de una referencia y la brecha entre los deciles extremos se ensancha. La desigualdad, medida por Gini o por brecha de ingresos entre el decil 10 y el decil 1, empeora. No por casualidad: por decisión política.

Este patrón conecta con otros procesos que venimos analizando, como los efectos del ajuste en la educación pública argentina o el estrangulamiento de los hogares que describimos en familias al límite.

El Consejo del Salario: institucionalidad en disputa

El SMVM se fija en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, un ámbito tripartito con representación de trabajadores, empleadores y Estado. Cuando funciona con lógica de acuerdo, produce actualizaciones periódicas basadas en canasta, productividad e inflación esperada. Cuando no hay acuerdo, el Poder Ejecutivo laudaba históricamente en favor de una recomposición razonable.

En 2024 y 2025 el mecanismo mostró sus límites frente a un gobierno que, por convicción ideológica, considera al SMVM una "distorsión". Los laudos oficiales fijaron aumentos sistemáticamente por debajo de la inflación proyectada, consolidando la caída real. La CGT y las CTA rechazaron esas decisiones, pero la asimetría de poder dejó al Consejo funcionando como una formalidad.

Esta erosión institucional no es neutra. Debilita un espacio de negociación colectiva que fue una conquista del movimiento obrero, y traslada la definición del piso salarial al mercado, es decir, a la relación de fuerzas donde el trabajador individual siempre pierde. Es la misma matriz que explica los procesos que analizamos en la lucha por la equidad de género en el ámbito laboral argentino: sin regulación, la desigualdad estructural se reproduce.

Los argumentos ortodoxos y sus límites

El manual neoclásico sostiene que un salario mínimo alto destruye empleo, especialmente entre jóvenes y trabajadores de baja calificación. La idea, elegante en el pizarrón, se derrumba con los datos. El trabajo pionero de David Card y Alan Krueger sobre Nueva Jersey, y toda una generación posterior de estudios empíricos, mostró que dentro de rangos razonables no hay evidencia robusta de destrucción de empleo. Card recibió el Nobel de Economía en 2021 en parte por esa contribución, como recogió en su cobertura la BBC.

En Argentina, además, hay una particularidad: el SMVM está muy por debajo del salario promedio del sector registrado, con lo cual afecta a una minoría directamente cubierta. Su función redistributiva opera más por vía indirecta —como faro, como referencia para programas sociales, como piso ético— que por un impacto masivo en la nómina formal.

Los argumentos que asocian mínimo con inflación tampoco resisten análisis serio: la inflación argentina reciente se explica por dinámicas cambiarias, indexación, puja distributiva y política monetaria, no por un SMVM que perdió peso real. Culpar al piso de los ingresos por la suba de precios es, en el mejor de los casos, un error de diagnóstico; en el peor, una excusa para justificar el ajuste sobre los que menos tienen.

Salario mínimo, políticas sociales y ciudadanía

El SMVM no opera solo. Su capacidad redistributiva se potencia cuando se articula con otras políticas: paritarias libres, jubilación mínima ajustada por movilidad, AUH, tarjeta Alimentar, programas de empleo. Cuando alguno de estos pilares se debilita, el conjunto pierde eficacia. La desigualdad no se combate con un instrumento aislado, sino con un sistema.

En ese sentido, la discusión sobre el mínimo se conecta con la historia del movimiento por los derechos sociales en Argentina. Cada conquista —la jornada de 8 horas, el aguinaldo, las vacaciones pagas, el propio SMVM en 1964— fue resultado de organización, no de generosidad tecnocrática. Y cada retroceso llega envuelto en el mismo argumento: que el país "no puede pagarlo".

La pregunta relevante no es si se puede pagar, sino quién paga y quién recibe. Un país que otorga rebajas de retenciones al agro concentrado y beneficios fiscales al capital financiero mientras licúa el piso salarial está tomando una decisión distributiva explícita. No hay neutralidad técnica: hay proyecto político.

Reconstruir el piso: una agenda posible

Recomponer el impacto del salario mínimo en la desigualdad en Argentina requiere pasos concretos. Primero, restablecer la referencia a la canasta básica: el SMVM debe volver a cubrir, como mínimo, la CBT de un adulto, con horizonte de sostener a un hogar tipo. Segundo, recuperar la periodicidad y la lógica de acuerdo en el Consejo del Salario, con laudos que respeten la inflación real. Tercero, reforzar la articulación con jubilación mínima y programas sociales, para que el piso arrastre al conjunto.

Cuarto, y no menor, discutir la formalización laboral. Un SMVM potente en un mercado con más del 40% de informalidad tiene alcance limitado. La política de registración, el combate al fraude laboral y la promoción de la negociación colectiva sectorial son parte inseparable del mismo debate, tal como planteamos al analizar la soberanía económica y su impacto en las pymes.

Nada de esto es imposible. Argentina lo hizo, con imperfecciones, entre 2003 y 2015. Los datos de reducción de pobreza e indigencia que documentó Página/12 en esos años son verificables. Volver a ese sendero no es nostalgia: es reconocer que la desigualdad no es un destino natural, sino una construcción política que puede desarmarse con las mismas herramientas con las que fue erigida.