Soberanía económica y Estado activo: la salida post-pandemia

La pandemia como examen sorpresa del Estado

Cuando en marzo de 2020 el mundo se detuvo, la discusión ideológica de las últimas décadas quedó suspendida por la fuerza de los hechos. Los mismos gobiernos que habían pasado años recortando presupuestos sanitarios tuvieron que salir a comprar respiradores, financiar salarios privados y sostener sistemas de salud al borde del colapso. En Argentina, un país que venía de cuatro años de endeudamiento acelerado y ajuste fiscal, la pandemia encontró a un Estado debilitado pero todavía capaz de reaccionar.

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que según datos de ANSES alcanzó a cerca de 9 millones de personas, y el programa ATP para sostener salarios privados, fueron la evidencia empírica de algo que la ortodoxia venía negando: sin Estado activo, la economía se hunde. No hay mercado que resuelva por sí solo una crisis sanitaria global.

La caída del PBI de 9,9% en 2020, según el INDEC, fue durísima. Pero el rebote de 10,4% en 2021 mostró que cuando hay política contracíclica —transferencias, obra pública, sostenimiento del consumo— la economía responde. Ese es el punto de partida ineludible de cualquier discusión sobre soberanía económica post-pandemia.

Qué significa soberanía económica hoy

Hablar de soberanía económica en 2024 no es repetir consignas del siglo XX. Es discutir, con datos, quién decide las variables clave: la política monetaria, el tipo de cambio, la estructura productiva, el destino del ahorro nacional. Cuando esas decisiones se toman en Washington, en un directorio del FMI o en función de los intereses de acreedores externos, la soberanía se vacía de contenido.

Axel Kicillof y Eduardo Basualdo lo vienen explicando hace años: la restricción externa argentina no es un accidente, es estructural. Cada vez que la economía crece, se demandan más dólares para importar insumos, y sin política de administración de esos dólares, el ciclo termina en devaluación, inflación y ajuste. La pandemia no cambió esa lógica: la agudizó.

Recuperar soberanía implica, entonces, tres cosas concretas: administrar el comercio exterior para que los dólares alcancen, regular la cuenta capital para evitar la fuga, y sostener una política industrial que sustituya importaciones donde sea viable. Nada de eso ocurre espontáneamente.

Deuda externa: el corsé que sigue apretando

No hay soberanía económica posible con el nivel de endeudamiento que la Argentina heredó del gobierno de Macri. El préstamo del FMI por más de 44.000 millones de dólares, según datos del Ministerio de Economía, fue el más grande en la historia del organismo y condicionó todo lo que vino después, incluida la salida de la pandemia.

La renegociación de 2022 evitó el default pero mantiene metas fiscales y de acumulación de reservas que operan como límites al crecimiento. Como analizamos en Efectos del FMI en la economía argentina: cinco décadas de condicionalidad, la relación con el organismo nunca fue neutral: siempre implicó recetas de ajuste que profundizaron desigualdades.

El artículo Deuda externa y soberanía: cómo el endeudamiento condiciona a la Argentina desarrolla en detalle este punto. Baste decir aquí que ninguna estrategia de recuperación puede ignorar el peso de los vencimientos: cada dólar que se va a pagar intereses es un dólar que no se invierte en infraestructura, salud o desarrollo productivo.

Política industrial: reconstruir el entramado productivo

La pandemia dejó una lección incómoda para el globalismo: cuando se cortan las cadenas de suministro, los países que no producen quedan expuestos. Argentina lo vivió con los insumos médicos, con los reactivos, con las vacunas. La respuesta no puede ser volver a delegar todo en el mercado mundial.

Una política industrial soberana post-pandemia tiene que trabajar en varios frentes simultáneamente:

• Financiamiento a tasas subsidiadas para pymes que producen bienes estratégicos, con líneas del BNA y del BICE orientadas a inversión productiva.
• Compre argentino efectivo en las contrataciones del Estado, que representa una porción significativa de la demanda agregada.
• Sustitución selectiva de importaciones en sectores donde hay capacidad instalada ociosa o potencial de desarrollo.
• Integración regional vía Mercosur y acuerdos bilaterales que amplíen escala sin subordinar la producción local.

En Soberanía económica y su impacto en las pymes profundizamos sobre por qué el entramado pyme —que según el Ministerio de Trabajo genera alrededor del 70% del empleo privado registrado— es el corazón de cualquier estrategia soberana. No hay país serio sin industria nacional.

El Banco Central y la disputa por el crédito

Un Estado activo necesita un Banco Central que sirva al desarrollo, no que sea una oficina de auditoría de acreedores. La discusión sobre el rol del BCRA es central: ¿tiene que dedicarse exclusivamente a controlar la inflación, como pide la ortodoxia, o debe también promover el empleo y el crédito productivo, como establece su carta orgánica desde 2012?

El actual gobierno avanzó en desregulaciones que van en la dirección contraria a la soberanía monetaria. Analizamos ese proceso en Reformar el BCRA: ajuste disfrazado de modernización. La reforma monetaria que propone el mileísmo, con dolarización de fondo, implica lisa y llanamente la renuncia a tener política económica propia.

Recuperar soberanía monetaria no significa emitir sin límite. Significa tener herramientas: encajes diferenciales, líneas de redescuento para producción, regulación de la cuenta capital para frenar la fuga. Todo eso existe en países serios, incluidos varios de la OCDE. Es una discusión técnica que la derecha convirtió en tabú.

Derechos sociales como piso, no como techo

La soberanía económica no se construye contra los derechos sociales, sino con ellos como cimiento. La experiencia de la pandemia mostró que sostener ingresos —vía IFE, ATP, jubilaciones, AUH— no fue un gasto perdido: fue el motor que permitió el rebote de 2021. El consumo interno, en una economía como la argentina, es una variable macroeconómica clave.

El argumento ortodoxo de que "primero hay que crecer y después distribuir" fue desmentido por la evidencia empírica de la CEPAL y del propio Banco Mundial: la desigualdad extrema deprime el crecimiento potencial. Países más equitativos tienen mercados internos más dinámicos y menor conflictividad social.

Por eso el salario mínimo, la negociación colectiva y la protección social no son concesiones a los trabajadores: son instrumentos macroeconómicos. En Salario mínimo y desigualdad en Argentina desarrollamos por qué la puja distributiva es también una disputa por el modelo económico.

Integración regional: la escala que nos falta

Ningún país periférico construye soberanía en soledad. La escala argentina, incluso en su mejor momento, es limitada frente a los bloques económicos globales. La integración latinoamericana —con Brasil como socio ineludible, pero también con Bolivia, Venezuela, México, Chile— es condición necesaria de cualquier proyecto soberano.

La retirada argentina de espacios como la CELAC o el enfriamiento con Brasil, agravados por el alineamiento incondicional con Estados Unidos que analizamos en Quirno en Washington, van en la dirección opuesta. Se puede discutir cómo integrarse, pero no si integrarse.

La historia reciente muestra que los momentos de mayor autonomía argentina coincidieron con momentos de fuerte coordinación regional. UNASUR bloqueando el ALCA en 2005, el Banco del Sur, la coordinación sanitaria en pandemia: son antecedentes que hoy parecen lejanos pero fueron reales.

Un horizonte posible

La recuperación post-pandemia no es un evento cerrado: es un proceso abierto, en disputa. El gobierno actual eligió el camino del ajuste, la desregulación y el alineamiento externo. Los resultados —caída del salario real, aumento de la pobreza, recesión— son los previsibles cuando se aplica esa receta.

Una alternativa soberana existe y tiene bases materiales concretas: una industria con capacidad instalada, un sistema científico —aunque golpeado— todavía en pie, un mercado interno de casi 47 millones de personas, recursos naturales estratégicos. Lo que falta es la decisión política de ponerlos al servicio de un proyecto nacional.

La soberanía económica, en definitiva, no es un slogan: es la capacidad concreta de decidir qué se produce, quién trabaja, cómo se distribuye la riqueza. La pandemia mostró que ese debate no es abstracto. Es, literalmente, una cuestión de vida.