Feriados recortados y bonos ejecutivos: la desigualdad laboral del ajuste Milei

Cómo afecta el ajuste de Milei a los feriados y derechos laborales de los trabajadores privados

El ajuste de Milei redujo días no laborables con fines turísticos por decreto, flexibilizó licencias vía DNU 70/2023 y la Ley Bases, y habilitó descuentos por huelga y período de prueba extendido a ocho meses. En paralelo, funcionarios de primera línea mantuvieron adicionales por productividad y las grandes empresas recibieron beneficios fiscales del RIGI, configurando una asimetría clara entre quienes ponen el cuerpo en el trabajo privado y quienes se benefician del esquema.

El calendario laboral como variable de ajuste

El DNU 70/2023, firmado a los pocos días de asumir, y luego la Ley Bases (27.742), introdujeron una batería de cambios que no fueron presentados como recorte de derechos, sino como "modernización". El problema es que los efectos concretos sobre el trabajador de a pie son medibles: más meses en período de prueba, más facilidad para despedir sin causa efectiva, y un régimen de licencias que quedó atado a la interpretación patronal.

El gobierno también avanzó sobre los días no laborables con fines turísticos —esos "puentes" que desde 2011 se fijaban por decreto para dinamizar el consumo interno—. La Cámara Argentina de Turismo (CAT) ya venía advirtiendo que la eliminación de esos días afecta directamente a hoteleros, gastronómicos y trabajadores del sector, que dependen del movimiento interno para sostener empleo. Menos feriados largos no es una discusión de calendario: es menos consumo, menos horas trabajadas y menos ingresos para los sectores populares.

En paralelo, se avanzó con descuentos por día de huelga y con la posibilidad de reemplazo de trabajadores en conflicto, algo que la CGT y las dos CTA denunciaron como violatorio del Convenio 87 de la OIT. La reforma del BCRA y otros organismos forma parte del mismo paquete: correr al Estado del rol de árbitro entre capital y trabajo.

Los números que el vocero no muestra

Los datos duros marcan la asimetría. Según el informe de coyuntura de CIFRA-CTA, el salario real del sector privado registrado cayó alrededor de un 6% interanual durante 2024, y el no registrado más del doble. El INDEC confirmó que la pobreza escaló al 52,9% en el primer semestre, con picos históricos en la infancia.

Del otro lado del mostrador, los balances del BCRA muestran que los bancos privados prácticamente triplicaron sus ganancias reales en el primer semestre de 2024, apalancados por el carry trade y las LEFIs. Las energéticas y mineras, beneficiadas por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), obtuvieron estabilidad fiscal por 30 años para inversiones superiores a USD 200 millones —un beneficio que ningún trabajador registrado tiene sobre su propio empleo.

• Salario real privado registrado: -6% i.a. (CIFRA)
• Ganancias reales de bancos: +200% aprox. primer semestre (BCRA)
• Período de prueba: pasó de 3 a 8 meses (Ley 27.742)
• Pobreza: 52,9% primer semestre 2024 (INDEC)
• Consumo masivo: caída de dos dígitos según Scentia

Es decir: la torta se achica para el 90% y crece para el 1% que tiene acceso a los instrumentos financieros y a los beneficios del RIGI. Esto no es un accidente estadístico, es un diseño.

Testimonios: la vida detrás de los porcentajes

En los grupos de delegados de comercio, gastronomía y logística, la denuncia se repite. "Antes con el feriado largo laburábamos doble y cobrábamos el plus; ahora nos sacan el día y encima nos quieren pagar como si fuera un lunes común", cuenta un trabajador de un hotel de la costa atlántica que pidió reserva de identidad por temor a represalias. La historia se replica en gastronómicos de CABA, donde los turnos partidos volvieron a normalizarse tras años de discusión sindical.

En logística y reparto, la situación es peor. Los repartidores de apps quedaron en un limbo donde ni siquiera existe el concepto de feriado: cobran por viaje y punto. El DNU 70/2023 profundizó esa lógica al habilitar la figura del "colaborador" y al debilitar las presunciones laborales del artículo 23 de la LCT.

En el sector textil, delegadas de fábricas del conurbano relatan que los empleadores empezaron a exigir que los días de estudio, los permisos por trámites y hasta las licencias por enfermedad de hijos se descuenten o se "compensen" con horas extra no pagas. La flexibilización, en la práctica, se traduce en un régimen donde el trabajador negocia desde una posición cada vez más débil.

Funcionarios y empresarios: el otro calendario

Mientras tanto, el Ejecutivo mantuvo o incrementó adicionales para funcionarios de primera y segunda línea. Los aumentos por decreto a la cúpula de Presidencia y a los directores de organismos como la AFIP (ahora ARCA) fueron denunciados por medios de investigación económica y por la propia oposición en el Congreso. El caso de los scones y la interna palaciega mostró que el problema no es la austeridad simbólica: es la asimetría estructural.

Del lado empresarial, además del RIGI, se sumaron beneficios como el blanqueo de capitales sin tope efectivo hasta los USD 100.000, la eliminación del Impuesto PAIS para importadores concentrados y la baja de retenciones a sectores puntuales del agro. En términos de calendario, los directorios de grandes empresas siguen operando con esquemas de home office, licencias extendidas y bonos por objetivos que no están al alcance de un cajero de supermercado.

La asimetría es doble: no solo hay menos derechos abajo, hay más beneficios arriba. Y no es novedad histórica —lo describieron con claridad Basualdo y Kicillof en sus trabajos sobre los ciclos de valorización financiera—: cada vez que Argentina entra en un esquema de apertura, endeudamiento y desregulación, el resultado distributivo es el mismo.

Comparativa con gobiernos anteriores: qué se pierde

Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el calendario laboral se amplió con feriados nacionales vinculados a la memoria (24 de marzo como Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, feriado inamovible desde 2006) y con días no laborables con fines turísticos que sostenían el consumo interno. La lógica era clara: el Estado como articulador del mercado interno, no como mero espectador.

En el macrismo (2015-2019) ya hubo intentos de recortar días no laborables por decreto, con el argumento del "costo argentino", pero la resistencia sindical y el Congreso limitaron el alcance. La diferencia con el actual gobierno es que hoy la mayoría legislativa lograda con la Ley Bases y el uso intensivo del DNU permitieron avanzar donde antes había frenos institucionales.

Comparado con la última década, el trabajador privado argentino tiene hoy: período de prueba más largo, indemnizaciones licuadas por inflación, menos feriados largos, licencias más restringidas y sindicatos con capacidad de acción limitada por los descuentos por huelga. Es un retroceso de por lo menos dos décadas en materia de derechos, ejecutado en menos de un año.

Qué está en disputa

La discusión por los feriados y las licencias parece menor frente a la pobreza del 52,9% o la caída del salario. Pero es exactamente el tipo de derecho cotidiano que define si un trabajador puede descansar, ver a sus hijos, viajar una vez al año o simplemente cobrar el plus que le corresponde. La erosión del acceso a servicios y derechos opera en múltiples frentes y el calendario laboral es uno de los menos visibles.

La CGT convocó en 2024 a dos paros generales y múltiples movilizaciones. Los datos del Ministerio de Trabajo —hoy Secretaría, degradada por el propio Milei— muestran que la conflictividad laboral creció, pero la capacidad de negociación colectiva se debilitó por las nuevas reglas.

Recuperar un piso de derechos laborales no es nostalgia: es la condición para que exista mercado interno, consumo y, en definitiva, un país donde vivir del trabajo sea posible. Ese es el debate que el gobierno intenta correr con anuncios en cadena nacional y peleas mediáticas. Los números, mientras tanto, hablan solos.