Veteranos de Malvinas y abandono estatal: los testimonios que Milei prefiere no escuchar

Qué denuncian los veteranos de Malvinas sobre el abandono estatal durante el gobierno de Milei

Los veteranos de Malvinas denuncian que la pensión honorífica —hoy equivalente a tres haberes mínimos, alrededor de 970.000 pesos según ANSES— quedó licuada frente a una inflación acumulada superior al 200% desde diciembre de 2023, mientras se recortan coberturas médicas del PAMI, se cierran programas de salud mental específicos y se desfinancia el Ministerio de Defensa. Referentes como Ernesto Escobedo reclaman actualización real de haberes, cobertura integral de patologías vinculadas al conflicto y un registro nacional actualizado que hoy no existe.

'Nos están dejando morir': la voz de Escobedo y los que sobrevivieron dos veces

"Volvimos de las islas y nos abandonaron. Ahora nos abandonan de vuelta", resume la denuncia que atraviesa el testimonio de Ernesto Escobedo y de decenas de referentes de centros de excombatientes de todo el país. La frase no es retórica: según relevamientos del CECIM La Plata, más de 500 veteranos se quitaron la vida desde el regreso del conflicto, una cifra que supera a los 649 caídos en combate.

Escobedo, como tantos otros, insiste en tres reclamos concretos: actualización mensual de la pensión honorífica atada a un índice real, cobertura médica integral que contemple las patologías específicas del posconflicto (estrés postraumático, enfermedades derivadas del frío extremo, secuelas por exposición a municiones) y un registro nacional único que permita saber cuántos veteranos están vivos, dónde viven y en qué condiciones.

El dato duro es que ese registro no existe de forma centralizada. El Ministerio de Defensa maneja una cifra aproximada de 23.000 veteranos vivos, pero los propios centros denuncian que no hay cruce sistemático con ANSES, PAMI ni provincias. Sin datos, no hay política pública. Y sin política pública, hay abandono.

La pensión honorífica: un derecho que la inflación se comió

La pensión honorífica para veteranos de Malvinas, establecida por la Ley 23.848 y ampliada por la 26.407, equivale hoy a tres haberes mínimos jubilatorios. En números de octubre de 2024, eso ronda los 970.000 pesos. Suena a cifra digna hasta que se mira contra la inflación acumulada del gobierno de Milei: más del 200% desde diciembre de 2023, según el INDEC.

El problema estructural es que la pensión se actualiza por la fórmula de movilidad previsional, la misma que Milei modificó por DNU y que dejó a los jubilados perdiendo entre 20 y 30 puntos reales en 2024 según cálculos de CEPA y del Centro de Economía Política Argentina. Los veteranos, que están enganchados a esa misma fórmula, cayeron en la misma trampa.

A esto se suma un detalle que los centros de excombatientes vienen denunciando: muchos veteranos, especialmente los del interior profundo, cobran la pensión pero no pueden acceder a los servicios médicos que la ley les garantiza porque los hospitales derivadores están saturados o directamente no existen en su radio geográfico. La ley es letra; el acceso, ficción.

PAMI, hospitales y salud mental: la puerta que se cierra

Los veteranos tienen derecho a atención médica integral. En la práctica, esa atención depende de una red que combina PAMI, hospitales militares y hospitales públicos provinciales. Bajo la gestión Milei, las tres patas se debilitaron.

• PAMI: recortes en vademécum, demoras en autorización de estudios y prácticas, cierre de convenios con prestadores en el interior. Denuncias sistemáticas de la CGT y organizaciones de jubilados durante todo 2024.
• Hospitales militares: el presupuesto de Defensa cayó cerca de 30% real interanual según la Oficina de Presupuesto del Congreso, lo que impacta directamente en la capacidad operativa del Hospital Militar Central y sus derivaciones.
• Programas específicos de salud mental: el Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra, que dependía de Salud, fue vaciado en su equipo profesional durante la reestructuración ministerial de 2024.

El resultado concreto: veteranos con estrés postraumático diagnosticado hace décadas que hoy no consiguen turno con psiquiatra, o que consiguen el turno pero no la medicación. En un colectivo con la tasa de suicidio que tiene, esto no es un detalle administrativo. Es una política.

Malvinas como política exterior vs. Malvinas como agenda social

Hay una contradicción que el gobierno de Milei no puede ocultar: mientras el Presidente relativiza la soberanía sobre las islas y coquetea con la idea de "respetar la autodeterminación de los kelpers" —tema que ya analizamos en Malvinas y Milei: la soberanía en retirada frente a Londres—, los veteranos que pusieron el cuerpo por esa soberanía se caen del mapa presupuestario.

No es casualidad. La lógica libertaria trata a los veteranos como una carga fiscal, no como sujetos de derecho. La misma lógica que aplica al ajuste sobre la educación pública, a los jubilados vetados, a los repartidores sin derechos. El Estado que se retira no discrimina víctimas: las produce en serie.

Es útil recordar que el reconocimiento a los veteranos fue una conquista tardía, arrancada al Estado por la militancia de los propios excombatientes durante los noventa y consolidada recién en los gobiernos kirchneristas. Es parte de esa trama de memoria y justicia social que el gobierno actual pretende desarmar pieza por pieza.

Pobreza entre veteranos: los datos que faltan (y por qué faltan)

Una pregunta obvia: ¿cuántos veteranos de Malvinas viven bajo la línea de pobreza? La respuesta incómoda es que no hay un dato oficial actualizado. El INDEC no desagrega la categoría; el Ministerio de Defensa no publica relevamientos socioeconómicos; ANSES cruza datos por pensión pero no por condiciones de vida.

Lo que sí hay son estimaciones de las propias organizaciones. El CECIM y la Federación de Veteranos de Guerra estiman que entre el 25% y el 35% de los veteranos vivos está en situación de vulnerabilidad económica, con casos extremos en las provincias del NEA y NOA donde la pensión es el único ingreso y no alcanza para cubrir alquiler, medicación y alimentos.

Con una pobreza general que trepó al 52,9% en el primer semestre de 2024 según el INDEC, es razonable proyectar que la pobreza entre veteranos también creció. Pero sin dato oficial, no hay reclamo mensurable. Y sin reclamo mensurable, no hay presión política. Es la mecánica del silencio estadístico: lo que no se mide, no existe.

Qué reclaman los centros de excombatientes hoy

Más allá de los testimonios individuales, los reclamos organizados son concretos y verificables. Los principales centros del país —CECIM La Plata, Federación de Veteranos, Centro de Ex Combatientes de Corrientes, entre otros— coinciden en una agenda mínima:

1. Actualización real de la pensión honorífica por índice de precios, no por la fórmula licuadora vigente.
2. Cobertura médica integral y descentralizada, con prestadores garantizados en cada provincia y programa nacional de salud mental reactivado.
3. Registro único nacional de veteranos vivos, con datos socioeconómicos, de salud y de acceso a derechos.
4. Reconocimiento formal a veteranos del continente (los que sirvieron en el teatro de operaciones sur pero no pisaron las islas), un reclamo histórico aún sin resolución uniforme.
5. Programas de vivienda para veteranos en situación de calle o hacinamiento, especialmente en el conurbano bonaerense y el NOA.

Ninguno de estos puntos es imposible. Ninguno es económicamente inviable. Todos requieren algo que el gobierno actual decidió no tener: voluntad política de reconocer al otro como sujeto de derecho.

La deuda que no se refinancia

Hay deudas que se renegocian con el FMI y hay deudas que se llevan al cementerio. La deuda con los veteranos de Malvinas pertenece a la segunda categoría: cada suicidio, cada muerte por enfermedad no tratada, cada veterano que termina viviendo de changas mientras el Estado le dice que "no hay plata", es una cuenta que ningún ministro va a firmar pero que la historia va anotando.

Escobedo y los suyos no piden privilegios. Piden que el Estado cumpla lo que la ley ya establece. Que la pensión no se licúe, que el turno médico exista, que el registro se arme, que la memoria no sea solo un acto protocolar cada 2 de abril. Es el piso, no el techo. Y hasta ese piso, hoy, está en disputa.