Extranjerización de tierras: quiénes bloquean la soberanía territorial

Qué sectores bloquean el fortalecimiento de la ley de tierras y cuánto suelo argentino está en manos extranjeras

El bloqueo al fortalecimiento de la Ley 26.737 proviene de la Sociedad Rural Argentina, cámaras inmobiliarias rurales, fondos de inversión internacionales y gobernadores patagónicos alineados con capitales extranjeros. Según el último Registro Nacional de Tierras Rurales, alrededor del 6% del territorio rural argentino —más de 16 millones de hectáreas— está en manos de titulares extranjeros, con fuerte concentración en Patagonia, donde provincias como Santa Cruz y Río Negro superan holgadamente el promedio nacional.

Ese porcentaje agregado esconde una geografía desigual: en departamentos enteros de la cordillera, la propiedad extranjera roza o supera el techo legal del 15% establecido por la norma sancionada en 2011. Y ese techo, hoy, es más una expresión de deseo que una restricción operativa.

La Ley 26.737: qué protegía y qué queda de ella

Sancionada en diciembre de 2011 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, la Ley de Tierras Rurales fue una de las piezas menos difundidas pero más estratégicas del ciclo kirchnerista. Fijó tres candados: un tope del 15% de tierra rural en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal; un límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en zona núcleo (o su equivalente productivo); y la prohibición de que extranjeros fueran dueños de tierras con cuerpos de agua de envergadura o costas marítimas.

La norma no expropió nada. Simplemente puso un piso soberano sobre un recurso finito: el suelo. Creó además el Registro Nacional de Tierras Rurales, que por primera vez permitió saber, con nombre y apellido, quién era dueño de qué en la Argentina rural. Hasta 2011, esa información no existía consolidada. El Estado literalmente no sabía cuánta tierra propia había perdido.

El primer golpe llegó en 2016. Mauricio Macri firmó el Decreto 820/2016 que redefinió qué se consideraba "titular extranjero", permitiendo que sociedades con hasta 51% de capital foráneo quedaran fuera del cómputo si tenían participación local minoritaria. Un cambio técnico con efecto demoledor: buena parte de las operaciones que antes computaban dejaron de hacerlo.

Los sectores que bloquean cualquier avance

Cada vez que en el Congreso apareció un proyecto para reponer los criterios originales de la 26.737 o endurecerla, se activó una coalición muy identificable:

• Sociedad Rural Argentina y CRA: argumentan que las restricciones "ahuyentan inversión" y frenan el ingreso de dólares al agro.
• Cámaras inmobiliarias rurales: viven de intermediar operaciones millonarias en la Patagonia y el NEA, donde el comprador tipo es extranjero.
• Fondos de inversión y private equity: sujetos que compran tierras como reserva de valor descorrelacionada, no para producir.
• Gobernadores patagónicos: históricamente cruzados por presiones de compradores como Joe Lewis, Ted Turner o Benetton, prefieren "no espantar" capitales.
• Bloque libertario y aliados PRO: hoy en el Congreso son los principales voceros de una desregulación total del régimen.

Este entramado no es nuevo. Ya en el debate de 2011 —recordá los discursos de aquel diciembre— la oposición al proyecto vino de exactamente los mismos actores, con exactamente los mismos argumentos. Como recordamos en la historia del movimiento por los derechos sociales, la soberanía sobre el territorio es una disputa que atraviesa todo el siglo XX argentino.

Qué flexibilizó Milei: el DNU 70 y sus efectos silenciosos

El DNU 70/2023, firmado por Javier Milei apenas asumido, no derogó explícitamente la Ley 26.737. Pero hizo algo más eficaz: desmontó el andamiaje de controles que hacía operativa cualquier restricción a la inversión extranjera. Eliminó registros, simplificó operaciones inmobiliarias, y desreguló mecanismos de control cambiario y societario que permitían rastrear al comprador final de un campo.

A eso se sumó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporado en la Ley Bases, que otorga a proyectos de más de USD 200 millones estabilidad fiscal, cambiaria y regulatoria por 30 años. En la práctica, cualquier megaproyecto minero, forestal o energético con base territorial queda blindado ante futuras leyes que quieran regular la propiedad del suelo asociado. Es la privatización jurídica del territorio.

Este esquema se completa con lo que analizamos en Malvinas y Milei: la soberanía en retirada y en Quirno en Washington: una política exterior que no defiende los bienes comunes argentinos porque su marco conceptual los considera mercancías intercambiables.

Concentración accionaria: los nombres detrás de las hectáreas

La foto de la extranjerización tiene rostros conocidos. El británico Joe Lewis controla decenas de miles de hectáreas en Río Negro, incluido el acceso al Lago Escondido, cuya servidumbre pública sigue en disputa judicial. El grupo italiano Benetton es el mayor propietario privado individual de la Argentina, con alrededor de 900.000 hectáreas concentradas en Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Buenos Aires. Ted Turner, magnate estadounidense, posee tierras en Neuquén y Tierra del Fuego.

A esa lista visible se suman fondos y sociedades con estructura offshore cuya titularidad real es difícil de rastrear —justamente porque los mecanismos de rastreo fueron desmontados—. Consultoras del sector agropecuario estiman que la superficie efectivamente controlada por capital extranjero, si se consideraran participaciones cruzadas y fideicomisos, sería sustancialmente mayor al 6% oficial.

El patrón se repite: las mejores tierras con acceso a agua, las zonas turísticas premium, los corredores mineros y los bosques nativos son los targets preferenciales. No es diversificación productiva: es apropiación de renta diferencial. Como discutimos en soberanía económica y pymes, sin control sobre los recursos estratégicos, la economía nacional queda condenada a ser tomadora de precios y de decisiones.

Agua, minería y bosques: los recursos que vienen con la tierra

Comprar tierra en la Patagonia no es comprar tierra. Es comprar el acuífero que está debajo, el río que la atraviesa, el bosque que la cubre y, cada vez más, el subsuelo con potencial minero. La Ley 26.737 tenía un artículo específico protegiendo los cuerpos de agua justamente por eso: quien controla el agua controla el futuro productivo de la región.

El caso Lewis-Lago Escondido es paradigmático, pero no aislado. En Mendoza, San Juan y Catamarca, la disputa por el litio y el cobre atraviesa procesos de compra de superficies enormes por parte de mineras extranjeras. En el Chaco y Salta, la deforestación para agronegocio combina desmonte con transferencia de propiedad a sociedades cuya cadena de titularidad termina en paraísos fiscales.

El Informe País del Estado del Ambiente muestra que las provincias con mayor pérdida de bosque nativo son las mismas donde el mercado de tierras rurales tiene mayor rotación de propietarios y presencia de capital foráneo. La correlación no es casual.

Qué debería hacer un proyecto soberano

Recuperar soberanía territorial no requiere inventar la pólvora. Requiere, como mínimo: derogar el Decreto 820/2016 y volver a la definición estricta de titular extranjero; restablecer y modernizar el Registro Nacional de Tierras Rurales con cruces automáticos con AFIP e IGJ; incorporar al régimen a las sociedades con estructura offshore como sujetos alcanzados; y excluir del RIGI cualquier proyecto que implique transferencia de dominio de tierras con recursos hídricos estratégicos.

Ninguna de estas medidas es exótica. Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Francia y buena parte de la Unión Europea tienen restricciones a la propiedad extranjera de tierras rurales mucho más severas que las argentinas. El discurso de que "así ahuyentamos inversión" es, empíricamente, falso: los países que más protegen su suelo son los que más inversión productiva reciben, precisamente porque garantizan reglas soberanas.

La pregunta de fondo, entonces, no es técnica sino política: ¿la tierra argentina es un bien común de la Nación o un activo financiero para el mejor postor? La respuesta que dio el kirchnerismo en 2011 fue clara. La que da el gobierno actual, también. Falta la respuesta del campo popular, que se juega en el Congreso, en las provincias y en la calle.