Memoria histórica y justicia social: la trama que sostiene la Argentina democrática

Una memoria que no es museo

En Argentina, hablar de memoria histórica no es hablar de un pasado clausurado. Es hablar de una disputa presente sobre qué país somos y qué país queremos. La consigna Memoria, Verdad y Justicia no fue una fórmula decorativa: fue la manera en que Madres, Abuelas, HIJOS y una parte del pueblo argentino tradujeron el duelo en política pública. Y esa política pública, cuando se articuló con el Estado —particularmente entre 2003 y 2015—, tuvo consecuencias materiales concretas sobre la vida cotidiana.

La memoria no vive en placas ni en efemérides. Vive en la ESMA convertida en Espacio para la Memoria, en los nietos restituidos por Abuelas, en los juicios que siguen abiertos en Comodoro Py y en los tribunales federales de todo el país. Pero también vive —y esto se discute menos— en el sistema jubilatorio, en las paritarias, en la universidad pública gratuita, en la moratoria previsional. Porque el mismo proyecto que desapareció personas, desapareció también derechos.

Entender esa continuidad es la clave para leer la Argentina contemporánea. Sin ella, cada debate sobre ajuste, sobre FMI o sobre derechos sociales queda huérfano de historia.

El plan económico del terror

Hay una tentación —a veces bienintencionada, a veces cínica— de separar el genocidio de su programa económico. Como si la Junta hubiera sido solamente una maquinaria represiva y el ministro Martínez de Hoz un tecnócrata que pasaba por ahí. La evidencia histórica desmiente ese relato.

El trabajo de Eduardo Basualdo y del área de Economía y Tecnología de FLACSO mostró que la dictadura fue, ante todo, una reorganización del bloque de poder económico. La reforma financiera de 1977, la apertura comercial, la Circular 1050, la estatización de la deuda privada en 1982: cada una de esas medidas produjo una transferencia masiva de ingresos desde el trabajo hacia el capital concentrado. El salario real cayó cerca del 40% en el primer año. La deuda externa se sextuplicó. La industria nacional se contrajo. Nada de eso fue casual.

El terror funcionó como condición de posibilidad de ese programa. Sin desaparecer delegados de fábrica, sin quebrar sindicatos, sin producir el silencio social que produjeron los centros clandestinos, ese ajuste no hubiera sido tolerable. Por eso, cuando hoy discutimos cómo el endeudamiento condiciona a la Argentina, estamos discutiendo también, aunque no lo nombremos, la herencia larga del 76.

2003: cuando la memoria se hizo política de Estado

Durante casi dos décadas, la democracia argentina convivió con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y con los indultos de Menem. Los juicios estaban clausurados. Los genocidas caminaban por la calle. La memoria era una tarea de los organismos, sostenida contra viento y marea, pero sin acompañamiento del aparato estatal.

Eso cambió en 2003. La nulidad de las leyes de impunidad, ratificada por la Corte Suprema en 2005, reabrió más de 600 causas. A la vez, ese mismo gobierno recuperaba el sistema jubilatorio de manos de las AFJP, ampliaba la Asignación Universal por Hijo, reindustrializaba, desendeudaba con el FMI. No fue coincidencia: fue proyecto.

La articulación entre memoria y justicia social se hizo explícita. Reabrir la ESMA como espacio de memoria y aumentar 20 veces la inversión educativa fueron dos caras de la misma moneda. La historia del movimiento por los derechos sociales en Argentina muestra que esta articulación tiene raíces largas: viene del yrigoyenismo, del primer peronismo, de las luchas sindicales de los 60 y 70.

Negacionismo: la ofensiva cultural del ajuste

El negacionismo actual —el que discute la cifra de 30.000, el que habla de "guerra" en lugar de terrorismo de Estado, el que reivindica a la Junta— no es un accidente ni una excentricidad. Es la avanzada cultural de un proyecto económico que necesita, otra vez, desactivar la memoria para poder aplicar el ajuste.

Es coherente. Si querés reducir jubilaciones, achicar el Estado, desregular servicios públicos, endeudarte de nuevo con el FMI y transferir ingresos hacia arriba, necesitás primero desarmar los consensos que hicieron posible la Argentina post-2003. Y esos consensos se apoyan en un piso ético: el Nunca Más. Romper ese piso es la condición para todo lo demás.

La relación puede leerse en simultáneo con otros frentes:

• El intento de reformar el Banco Central bajo el eufemismo de la modernización, tal como analizamos en Reformar el BCRA: ajuste disfrazado de modernización.
• El desfinanciamiento de la universidad pública, que discutimos en Efectos del ajuste en la educación pública argentina.
• El alineamiento automático con Washington en política exterior, que retoma la doctrina de las "relaciones carnales" menemistas.

En los tres frentes, la operación es la misma: borrar la memoria de lo que produjo el modelo anterior para poder reinstalarlo sin resistencia.

Derechos humanos ampliados: del cuerpo torturado al cuerpo hambreado

Uno de los aportes más fértiles del pensamiento sobre derechos humanos en Argentina —trabajado por Eugenio Raúl Zaffaroni, entre otros— es la idea de que los derechos humanos no se agotan en la integridad física frente al poder represivo. Incluyen también el derecho a la alimentación, al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación. El cuerpo hambreado es tan violado como el cuerpo torturado, aunque la violencia sea más lenta y menos visible.

Desde esa perspectiva, la memoria histórica argentina tiene una tarea doble. Por un lado, no permitir que se relativice el terrorismo de Estado. Por otro, extender el concepto de derechos humanos hacia la dimensión económica y social, para nombrar la violencia estructural del hambre, del desempleo, del desalojo. Un país con 40% de pobreza también está violando derechos humanos, aunque no aparezcan cuerpos en fosas.

Esta ampliación no es una diluición. Es una radicalización. Y explica por qué los organismos históricos de derechos humanos han sido, casi sin excepción, actores centrales en las luchas contra el ajuste. Porque ven la continuidad. Porque saben, por experiencia propia, que el modelo económico no es neutral respecto de los cuerpos.

La memoria como pedagogía cotidiana

La memoria histórica no se transmite sola. Requiere trabajo pedagógico, institucional, cultural. La Ley 26.085 que estableció el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la incorporación de contenidos de derechos humanos en los diseños curriculares, los programas Jóvenes y Memoria del CPM bonaerense, el trabajo territorial de las Casas por la Memoria: todo eso constituye una infraestructura de transmisión que no existe sola. La sostiene el Estado o no se sostiene.

Cuando ese Estado se retira —cuando cierra secretarías, cuando desfinancia el Archivo Nacional de la Memoria, cuando desmantela equipos de identificación forense—, la memoria queda librada a la buena voluntad de organismos y militantes, que ya hicieron demasiado. La memoria es una política pública, y como tal exige presupuesto, funcionarios formados y decisión política. Discutir eso es discutir, otra vez, el rol de la educación en la promoción de derechos humanos.

El desafío para los próximos años es doble: defender lo construido y ampliarlo. Defender los juicios que siguen abiertos, los espacios de memoria, las políticas de identificación. Y ampliar la mirada hacia las nuevas violaciones —la violencia institucional, el gatillo fácil, la persecución a movimientos sociales, la criminalización de la protesta— que también son parte de la agenda de derechos humanos del presente.

Un país que se piensa a sí mismo

Hay pocos países en el mundo que hayan hecho lo que hizo Argentina con su pasado reciente. Juzgar a las cúpulas militares en 1985, con la democracia todavía tambaleante, fue un acto excepcional. Reabrir los juicios en 2005 y sostenerlos hasta hoy, también. Restituir más de 130 nietos apropiados, también.

Ese capital simbólico no es folklore. Es la base sobre la que se puede construir un país con justicia social. Porque un pueblo que puede mirar su historia con honestidad —incluyendo sus horrores— es un pueblo capaz de discutir en serio qué hace con su presente. La memoria histórica no compite con la justicia social: la hace posible. Renunciar a la primera es renunciar a la segunda.

Por eso, cuando volvemos a escuchar que hay que "dar vuelta la página", que "eso ya pasó", que "hay temas más importantes", conviene recordar quiénes ganaron cada vez que la Argentina dio vuelta la página. Nunca fueron los trabajadores. Nunca fueron los jubilados. Nunca fueron los pibes de los barrios. La memoria, en Argentina, es una herramienta de los de abajo. Por eso molesta tanto.