Denuncia de Santoro por ajuste educativo: las cifras del vaciamiento

Qué denunció Leandro Santoro sobre el ajuste educativo del gobierno de Milei

Leandro Santoro, diputado nacional de Unión por la Patria, denunció que el gobierno de Javier Milei ejecuta el mayor recorte real en educación de las últimas décadas, con caídas superiores al 30% en el presupuesto universitario y pérdida sostenida del salario docente frente a la inflación. Según datos del CEPA y del Observatorio de Políticas Educativas, el ajuste combina subejecución presupuestaria, parálisis de obras y desfinanciamiento de programas socioeducativos clave.

La denuncia no es un gesto aislado: forma parte de una batería de presentaciones legislativas y pedidos de informes que el bloque opositor viene haciendo desde el inicio de la gestión libertaria. Santoro sostuvo en declaraciones radiales y en el recinto que el ajuste educativo no es un efecto colateral del plan económico, sino una política deliberada de reducción del Estado en áreas sensibles.

El dato que incomoda: cuánto se recortó en términos reales

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el gasto en educación cayó más de un 30% en términos reales durante 2024 respecto del año anterior. La cifra, lejos de ser un número abstracto, se traduce en salarios docentes licuados, becas Progresar atrasadas, comedores escolares con partidas insuficientes y universidades que debieron recortar servicios básicos como limpieza y seguridad.

El Observatorio de Políticas Educativas de la UMET también documentó la caída: entre diciembre de 2023 y mediados de 2024, el presupuesto ejecutado para universidades nacionales se desplomó frente a una inflación acumulada que, según el INDEC, superó el 200% interanual en varios tramos.

Santoro subrayó un punto incómodo para el oficialismo: mientras el Gobierno celebra el superávit fiscal, buena parte de ese ahorro se logra no pagando lo que corresponde. 'El superávit que festejan está hecho con jubilaciones licuadas y aulas sin tiza', sintetizó en una entrevista reciente.

FONID: el fondo que Milei eliminó por decreto

Uno de los golpes más fuertes al sistema educativo fue la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un complemento salarial creado en 1998 que llegaba a más de un millón de docentes de todo el país. El Gobierno nacional dejó de girarlo en marzo de 2024, lo que significó una caída inmediata de entre 30.000 y 40.000 pesos en los recibos de sueldo, dependiendo de la jurisdicción.

La CTERA estimó que el salario docente perdió más de un 25% de poder adquisitivo frente al IPC durante 2024. La denuncia de Santoro apunta no sólo al monto, sino al mecanismo: el FONID se eliminó por decreto, sin debate parlamentario, trasladando el costo a las provincias y, en última instancia, a los propios docentes.

El impacto es federal y desigual. Las provincias con menos recursos propios —Formosa, Chaco, Jujuy, Santiago del Estero— son las que más sufren la discontinuidad del fondo, profundizando la fractura entre jurisdicciones ricas y pobres. Es exactamente lo contrario a lo que un Estado con vocación igualadora debería hacer.

La universidad pública, en el centro de la pelea

El conflicto universitario fue, probablemente, el episodio más visible del ajuste educativo. La Marcha Federal Universitaria del 23 de abril de 2024 convocó a cerca de un millón de personas en todo el país, en una de las movilizaciones más masivas desde el regreso de la democracia. No fue una marcha de 'la casta': fueron estudiantes, docentes, no docentes, familias enteras.

Santoro, que participó de la movilización, remarcó algo clave: la defensa de la universidad pública trasciende grietas. 'Hay egresados de la UBA que votaron a Milei y hoy marchan contra el ajuste', señaló. El Gobierno respondió con una recomposición parcial que, según el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), seguía quedando muy por debajo de la inflación acumulada.

El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por amplia mayoría en el Congreso, fue leído por el arco opositor como una declaración de principios: el ajuste sobre la educación superior no es negociable para el oficialismo. En línea con lo que analizamos en '¿QUÉ OPORTUNIDAD DE RIQUEZA?': el ajuste que empeora la desigualdad, el modelo libertario profundiza brechas en lugar de cerrarlas.

Infraestructura escolar frenada: el ajuste que se ve en las aulas

Menos visible que el conflicto universitario pero igual de grave es la parálisis de las obras de infraestructura escolar. Según información del propio Ministerio de Capital Humano, obras en 14 provincias quedaron frenadas o avanzan a cuentagotas durante 2024, afectando construcción de nuevas escuelas, refacciones y provisión de equipamiento.

Esto se combina con el desfinanciamiento del Plan Nacional de Lectura, la discontinuidad de entrega de netbooks del programa Conectar Igualdad y recortes en los programas socioeducativos que atienden a chicos en situación de vulnerabilidad. Son políticas que no se ven en una conferencia de prensa pero que se sienten en cada aula del conurbano, de Salta o de Chubut.

La denuncia de Santoro incluye un reclamo concreto: la restitución de las partidas de infraestructura, la reactivación de las obras paralizadas y la convocatoria a paritarias nacionales docentes. En paralelo, otros bloques impulsaron pedidos de informes al Ejecutivo que, hasta el momento, siguen sin respuesta.

El contexto político: la educación como campo de batalla ideológico

El ajuste educativo no se explica sólo por motivos fiscales. Milei y su equipo han sido explícitos en su hostilidad hacia la educación pública: la vicepresidenta Victoria Villarruel, el ministro Sturzenegger y la propia ministra Pettovello han sostenido en distintas ocasiones que el Estado debería achicar su rol en el sector, promoviendo vouchers y privatización.

Santoro lo enmarca en una ofensiva más amplia: 'Están desmantelando el Estado como organizador de la igualdad. La educación pública es, junto con la salud y la ciencia, uno de los pilares de la movilidad social argentina. Si lo rompen, rompen el país.' La frase conecta con lo que venimos sosteniendo en la cobertura sobre la lucha por la equidad y la defensa de los derechos sociales.

La historia argentina muestra que cada vez que se recortó educación —el menemismo con la transferencia sin fondos a las provincias, el macrismo con el ajuste a la ciencia— los efectos tardaron años en recomponerse. Lo que se destruye en un año de motosierra lleva una década reconstruirlo.

Qué viene: proyectos, pedidos de informes y movilización

El bloque de Unión por la Patria, junto con otros espacios opositores, impulsa proyectos para restituir el FONID, actualizar el presupuesto universitario y declarar la emergencia educativa. La aritmética parlamentaria es compleja, pero la presión social —con sindicatos docentes, centros de estudiantes y comunidades educativas movilizadas— sostiene el reclamo.

Santoro insiste en algo que vale la pena remarcar: la denuncia no es sólo técnica, es política. Se trata de disputar sentido común frente a un relato oficial que presenta cualquier gasto en educación como 'curro' o 'adoctrinamiento'. Como analizamos en la crisis de credibilidad de Milei, hasta sectores que acompañaron al Gobierno empiezan a cuestionar los costos sociales del plan.

La pregunta de fondo es qué país queremos. Uno con universidades públicas gratuitas, escuelas con infraestructura digna y docentes con salarios que les permitan vivir de su trabajo, o uno que convierte la educación en mercancía. La denuncia de Santoro, con datos duros y sin consignas vacías, pone esa discusión sobre la mesa.

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