Suspensión de la ley de imputabilidad: qué está en juego para los pibes

Qué significa la suspensión de la ley de imputabilidad y a quiénes afecta en Argentina

La suspensión del tratamiento parlamentario de la nueva ley de Responsabilidad Penal Juvenil, impulsada por el oficialismo en 2024, buscó destrabar un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Afecta directamente a adolescentes en conflicto con la ley penal, en su mayoría provenientes de hogares bajo la línea de pobreza (54,8% según UCA 2024). El régimen vigente sigue siendo el Decreto-Ley 22.278 de la última dictadura, nunca reemplazado por una norma democrática integral.

Un régimen heredado de la dictadura que nadie se animó a reemplazar

Argentina es, en materia de justicia penal juvenil, un país que todavía vive bajo una norma de la dictadura. El Decreto-Ley 22.278, firmado en agosto de 1980 por Jorge Rafael Videla, es la columna vertebral del sistema. Fija en 16 años la edad mínima para ser punible por delitos graves y en 18 para delitos leves, y le da al juez una discrecionalidad amplísima, propia del paradigma tutelar previo a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Desde 1994, cuando la Convención adquirió rango constitucional, el Estado argentino está obligado a adecuar su legislación a un modelo de responsabilidad penal juvenil con garantías: proceso acusatorio, defensa técnica, medidas socioeducativas, privación de libertad como último recurso. Cuarenta y cinco años después del decreto de Videla, ese sistema integral todavía no existe. No lo construyó el menemismo, no lo construyó la Alianza, lo intentó sin éxito el kirchnerismo, lo cajoneó el macrismo y hoy el gobierno de Milei lo usa como caballito de batalla para empujar un proyecto regresivo.

Qué pasó en 2024: la jugada legislativa

En agosto de 2024, el oficialismo presentó un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, acompañado por sectores del PRO y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El debate avanzó en comisiones de la Cámara de Diputados, pero se frenó cuando se hizo evidente que el proyecto no tenía consenso técnico ni dictamen unificado. La estrategia oficial fue, entonces, suspender el tratamiento integral de la ley de Responsabilidad Penal Juvenil que la oposición venía trabajando, para evitar que un marco garantista desplazara la discusión punitivista.

La suspensión no es neutral: congela el status quo del Decreto-Ley 22.278 mientras el Ejecutivo instala en los medios la idea de que "los menores matan y no les pasa nada". UNICEF Argentina salió a aclarar que los adolescentes menores de 16 años involucrados en homicidios dolosos representan menos del 3% del total, un dato que la propia agencia relevó junto a la Secretaría Nacional de Niñez.

La pregunta política es por qué, con esos números, el Gobierno elige esta pelea. La respuesta la dio hace años el jurista Eugenio Raúl Zaffaroni: el populismo penal es la herramienta más barata para gobernar sin resolver nada. Mientras se discute si meter presos a los pibes de 13, no se discute por qué el 58,4% de los chicos en Argentina está bajo la línea de pobreza.

Los números que el Gobierno no muestra

Si hay un dato que descoloca al discurso oficial es la composición social de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Según relevamientos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y de la Procuración Penitenciaria de la Nación, la enorme mayoría proviene de hogares con jefas de hogar monoparentales, trayectorias escolares interrumpidas y asentamientos informales.

• Pobreza infantil (menores de 14): 58,4% (UNICEF Argentina, 2024).
• Indigencia infantil: alrededor del 19,4% a mediados de 2024.
• Adolescentes privados de libertad por causas penales: aproximadamente 1.100 en todo el país (SENAF, último relevamiento disponible).
• Participación de menores de 16 en homicidios dolosos: menos del 3% del total.

El contraste es brutal. Como señalamos en nuestra cobertura sobre la crítica al plan económico de Milei, el ajuste sobre partidas sociales, comedores y programas de niñez golpea exactamente al mismo universo al que después se quiere encarcelar más temprano. Es la lógica del Estado que se retira como garante de derechos y vuelve solo con la cara represiva.

El marco internacional: Argentina firmó algo distinto

La Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada al bloque de constitucionalidad en 1994, establece una edad mínima de responsabilidad penal pero no fija una edad concreta: delega esa definición en cada Estado con el criterio de que sea "la más alta posible". El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomienda explícitamente no bajar de 14 años y, en su Observación General N° 24 de 2019, sugiere avanzar hacia los 15 o 16 como piso.

Es decir: bajar la edad de imputabilidad a 13 años, como propone el oficialismo, pone a Argentina en contradicción directa con un tratado de rango constitucional. Lo advirtió en su momento el entonces juez de la Corte Zaffaroni y lo reiteran hoy organismos como el CELS y Amnistía Internacional. No es una opinión militante: es derecho vigente.

El punto que suele escamotearse en los paneles de televisión es que la Convención no prohíbe sancionar a los adolescentes, prohíbe hacerlo con el mismo régimen que a los adultos. Un sistema de responsabilidad penal juvenil moderno sanciona, pero con medidas proporcionales, con prioridad socioeducativa y con privación de libertad acotada en tiempo y modalidad. Eso es lo que Argentina debería estar debatiendo, no si meter nenes de 13 en comisarías.

Memoria, pibes y el discurso del enemigo interno

Hay una continuidad incómoda entre el Decreto-Ley 22.278 y los discursos actuales. El decreto nació en una lógica de "peligrosidad" y "situación irregular" propia del paradigma tutelar, donde el pibe pobre era un objeto de intervención estatal, no un sujeto de derechos. Esa matriz, que la democracia nunca terminó de desarmar, encuentra en el gobierno de Milei un revival perfecto.

Como analizamos en Milei profana el 'Nunca Más' para defender el ajuste, la administración libertaria tiene una relación problemática con la memoria democrática. Mantener vigente un decreto de Videla mientras se habla de "libertad" es apenas una de las contradicciones. La otra, más profunda, es que el discurso del adolescente peligroso funciona como el enemigo interno que justifica el ajuste: si el problema es la "inseguridad" causada por los pibes, no es el 58% de pobreza infantil ni el cierre de programas sociales.

La criminóloga Alcira Daroqui lo definió hace años: cada vez que el Estado se corre de su rol redistributivo, aparece el reclamo de más mano dura sobre los sectores a los que acaba de abandonar. Es un ciclo que ya vimos y que, sin un marco legal garantista, se va a repetir.

Qué debería incluir una ley democrática

Una ley de Responsabilidad Penal Juvenil que respete la Constitución y los tratados internacionales debería contemplar, como mínimo:

• Edad mínima de 16 años para la imputabilidad plena, en línea con la recomendación del Comité de Derechos del Niño.
• Proceso penal específico con defensa técnica obligatoria y jueces especializados.
• Medidas socioeducativas como regla, con privación de libertad solo para delitos graves y por tiempo limitado.
• Dispositivos de restitución de derechos: educación, salud mental, formación laboral, acompañamiento familiar.
• Prohibición expresa del alojamiento de adolescentes en comisarías o unidades de adultos.

Nada de esto es inventado. Son los estándares que ya rigen en provincias como Buenos Aires con el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, y que buena parte del mundo aplica. Lo que falta es decisión política para sacarlo del congelador legislativo, cosa que no va a ocurrir mientras el oficialismo prefiera la foto con Bullrich hablando de edad de imputabilidad antes que un debate técnico serio.

El fondo de la cuestión

La suspensión de la ley de imputabilidad no es un tecnicismo parlamentario: es una decisión política que mantiene vigente una norma de la dictadura y bloquea el debate sobre un sistema garantista. Mientras tanto, se instala la idea de que el problema de la Argentina son los pibes de 13 años, y no un modelo económico que, como venimos documentando en Soberanía económica y pymes, destruye el entramado productivo y empuja a más chicos a la calle.

Discutir la edad de imputabilidad sin discutir la edad en que un pibe deja la escuela por hambre es una estafa intelectual. Y jurídicamente, pretender bajarla a 13 años es inconstitucional. El resto es ruido mediático para tapar el ajuste que empeora la desigualdad.

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